Entre el 1 y el 4 de septiembre, sesionó en Medellín la Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia, analizando varios temas de su plan de trabajo anual y algunos asuntos de coyuntura nacional y departamental que merecen ser discutidos, con el fin de generar una hoja de ruta de incidencia y al tiempo informar a las demás mesas municipales de Antioquia sobre lo que ocurre.

Entre los temas trabajados están los procesos de los desmovilizados de Justicia y Paz, los escándalos de corrupción y la falta de presupuesto de la Unidad Nacional de Protección, la Resolución de Incentivos para las Mesas de Víctimas y los aportes y recomendaciones para el plan departamental de atención para mujeres víctimas del conflicto armado.

Resolución 00544 de la UARIV sobre los incentivos para la Participación a la Mesa Nacional de Víctimas

La Unidad Nacional para las Víctimas luego de más de un año de haber expedido el Protocolo de Participación, saca la Resolución 00544, la cual establece los incentivos para la participación efectiva únicamente para la Mesa Nacional de Víctimas.

Aunque los integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia destacan la expedición del documento permitiendo tener claridades sobre el tema, les preocupa porque solo acoge como beneficiados a participantes de la Mesa Nacional y no a las demás Mesas Departamentales y Municipales, dejando en vilo todavía los incentivos para la participación efectiva consagrados en el mismo Protocolo de Participación.

En este sentido, la Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia, analiza la resolución y propone una ruta a seguir con el fin de materializar su alcance para las mesas departamentales y municipales de víctimas:

– El documento aunque solo beneficia a la Mesa Nacional, es un pie jurídico para realizar una propuesta a nivel departamental y municipal.

– La Unidad Nacional de Víctimas demostró su responsabilidad con los incentivos para la participación a las víctimas, pero invita a entes territoriales hacer mayor claridad sobre el tema porque ellos también tienen responsabilidades.

– La Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia ya viene realizando acercamientos con los entes públicos departamentales con el fin de construir una hoja de ruta de incentivos no solo para ellos sino también para las demás mesas municipales de Antioquia.

– La Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia va enviar una carta a la Mesa Nacional y a la Unidad de Víctimas Nacional con el fin de solicitar claridades sobre el documento y asesoría para implementarlo en los departamentos y municipios.

Plan territorial para la prevención, promoción y no repetición para las mujeres víctimas de Antioquia

En el cumplimiento de la Ley de Víctimas, el Gobierno Nacional formula un Plan Nacional para la Atención a las Mujeres Víctimas del Conflicto, el cual tiene su capítulo a nivel departamental y fue socializado con la Comisión de Mujeres de la Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia.

Hay que recordar que Colombia tiene 6.739.978 víctimas, de las cuales 1.361.857[1] están en Antioquia, representando el mayor número de víctimas en el país y siendo el 50% mujeres.

En este sentido, la Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia considera fundamental la formulación del plan porque dimensiona la participación de la mujer en todos los ámbitos, desde lo político, social, económico y cultural. Además, se deben buscar estrategias para la implementación en sus territorios quedando incluidos tanto en los Planes de Atención Territorial como en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales de los mandatarios de turno.

Una de las estrategias que planea la Comisión de Mujeres de la Mesa para lograr su implementación, es el empoderamiento de las mujeres en los territorios con el fin de dinamizar el plan, discutirlo, realizar acciones y difundirlo en los distintos escenarios. Esto igualmente debe estar acompañado con una estrategia de lobby y movilización para incluir algunas acciones en el Plan Operativo Anual de Inversiones de los entes territoriales para su ejecución el próximo año, lo cuales son discutidos en la Asamblea Departamental y en los Concejos Municipales.

Los retos de la Ley de Justicia y Paz

En los últimos meses los medios de comunicación han ido informando sobre la posible salida de varios ex combatientes de los grupos paramilitares como Ramón Isaza, alias “El Viejo”; Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”; entre otros; por cumplir con los ocho años de cárcel propuestos por la ley de justicia y paz[2].     

Además, recientemente el ex representante a la Cámara, Guillermo Rivera, ponente en su momento de la Ley de Víctimas y ahora, parte del gobierno de Juan Manuel Santos, reconocía en una entrevista realizada por el diario El Espectador que "Justicia y Paz no respetó derechos de las víctimas" para su reparación y resarcimiento[3].

Frente a estas preocupaciones, la Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia tuvo interlocución con un Fiscal de Justicia y Paz con el fin de analizar el contexto en el departamento.

Algunos de los puntos que analizaron fueron los siguientes:

– Los desmovilizados que cumplieron sus 8 años de cárcel como lo definió la Ley de Justicia y Paz con el fin de pagar su condena, solo van acceder realmente a la libertad cuando cumplan con la reparación y la verdad. Por este motivo están analizando caso por caso afirmó el Fiscal.

– Algunas víctimas que declararon en su momento ante los fiscales de Justicia y Paz desconocen a la fecha en que va su proceso. Por este motivo entre la Mesa y la Fiscalía General de la Nación quedó el compromiso de articular información para aclarar las dudas a las víctimas.

– La Mesa considera muy preocupante que gran parte de los postulados de Justicia y Paz no están diciendo la verdad de los hechos.

– Se debe garantizar la reintegración a la sociedad de los que van terminar sus condenas para que no vuelvan a delinquir y generar terror en los territorios. Por estos motivos varios líderes de víctimas le han manifestado a la Mesa su miedo por el cumplimiento de penas y por el retorno de estos desmovilizados a los territorios donde antes tenían presencia.

– Frente a la lentitud de los procesos para judicializar a los implicados, en la cual antes reconocían los casos de manera particular y no colectiva, presentando la lentitud para tener sentencia, la Fiscalía General viene macro-criminalizando y macro-victimizando con el fin de citar a varios implicados por hechos ocurridos en un territorio y en un mismo periodo de tiempo.

– Se solicita capacitar a los personeros municipales para que aparte de acompañar en los casos de la Ley de Víctimas, también sigan recogiendo información frente a los ocurridos con la ley de Justicia y Paz.

– La Mesa le informaba a la Fiscalía General que las víctimas presentaba mucha desinformación frente a sus casos en Justicia y Paz.

– Le solicitan a la Fiscalía General de la Nación que los defensores públicos designados para llevar sus casos de las víctimas ante Justicia y Paz, tengan mayor comunicación con las víctimas ya que en la actualidad algunos llevan hasta 500 casos y no tiene dialogo ágil y oportuno con las víctimas para saber cómo avanzan sus procesos.

– En algunas subregiones donde se presentaron violaciones de derechos humanos por parte de grupos paramilitares, la Fiscalía General de la Nación solo recogió los testimonios del 20% de las víctimas afectadas, dejando al 80% sin declarar y documentar su caso. Por este motivo, el Fiscal invita a las víctimas acercarse a la Subunidad de Atención a Víctimas con el fin de recoger los testimonios pendientes.

Por todo lo anterior, la Mesa y la Fiscalía General de la Nación llegaron al acuerdo de mantener la comunicación con el fin de hacer llegar las inquietudes y dudas de las víctimas en las distintas subregiones, dar sugerencias frente al desarrollo de los casos que presentan retrasos y dificultades, y finalmente hacer seguimiento constante a los procesos de verdad que están pendientes por cumplir los desmovilizados.

Seguridad de los integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia

Los integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia tiene pleno conocimiento de las dificultades por las cuales está pasando la Unidad Nacional de Protección, entidad responsable de brindarles un esquema de seguridad y que en la actualidad pasa por un escándalo de corrupción, el cual ha causado que uno de sus directivos haya escapado del país y que la institución presente un déficit presupuestal para su funcionamiento por un monto de 70.000 millones de pesos para mantener la seguridad a más de 1.000 colombianos amenazados[4] .  

Aparte de lo anterior, que dificulta la intervención de esta entidad en el territorio, la Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia ya tiene medidas preventivas de seguridad ante la reciente amenaza de todos sus integrantes. Hay que agregar que siete de los participantes ya presentan esquemas de seguridad, de los cuales, dos tienen guarda espaldas.

Frente a estas preocupaciones la Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia, recomienda a sus integrantes mantener la comunicación entre ellos mismos y la institucionalidad, además de dar recomendaciones a los participantes de las mesas municipales que presentan similares condiciones para hacer llegar sus casos a la Mesa Departamental con el fin de agilizar el trámite ante las autoridades competentes y así evitar alguna sorpresa.

Sin embargo, estas acciones de intimidación no han impedido que la Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia desvíe su función de hacer seguimiento a la implementación de la ley de víctimas en el departamento e invitan a las demás mesas municipales a seguir haciendo su labor porque de fondo es una estrategia para detener su labor en los territorios.

La Mesa de Participación de Víctimas de Antioquia se vuelve a reunir el próximo mes de octubre con el fin de tratar otros temas como la participación de las víctimas en La Habana, Cuba, donde se adelanta el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, y el seguimiento a los compromisos institucionales adquiridos con los gobiernos nacional y departamental.