Con la decisión del Gobierno Nacional y de las FARC de dar a conocer los acuerdos del proceso de la Mesa de Diálogos de Paz en La Habana, Cuba, en relación a los tres puntos abordados hasta ahora: tierras, participación y drogas ilícitas; se buscó, como lo afirmó Humberto de la Calle Lombana, líder del equipo negociador del Gobierno, parar la estrategia de desinformación y desconfianzas que estaba generando la oposición al afirmar que se estaba entregando el país a la guerrilla[1].

Reconociendo la importancia de los acuerdos adelantados en La Habana y tras conocer este anuncio, la Red de Derechos Humanos de la Comuna 2 y el Instituto Popular de Capacitación -IPC, realizaron un conversatorio el pasado 23 de septiembre con habitantes y víctimas del territorio con el fin se dimensionar la importancia política del procesos y la gran transformación que significaría para el país.

Los invitados del conversatorio era Mario Agudelo, desmovilizados del EPL; Jorge Mejía, Consejero para la Paz y la Reconciliación en Medellín; y José Girón, del Observatorio de Derechos Humanos del IPC; quienes compartieron sus experiencias y hablaron sobre los retos y preocupaciones que tiene el proceso.

José Girón, expresó por qué se debía creer en el proceso:

• Tiene en cuenta la experiencia de los anteriores intentos de paz para no volver a repetir los mismos errores.
• Existe una agenda de discusión clara con los cinco puntos: tierras, participación, drogas ilícitas, dejación de las armas y víctimas. Esto no ocurrió en el anterior proceso de paz en el Caguán.
• Hay una apuesta política del Presidente de la República para lograr el proceso articulando acciones como la Semana Nacional por la Paz.
• Las víctimas tienen una voz especial en el proceso, ya que a aparte de garantizarles la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, tiene un protagonismo que no se presentó en anteriores procesos de paz.
• Y porque hay un reconocimiento de los dos actores de aceptar que no debemos matarnos por pensar distinto. Ya que la historia del país está marcada por la muerte de grandes líderes quienes fueron asesinados por tener una opinión distinta sobre las políticas que se desarrollan en Colombia.

Jorge Mejía, sobre la misma línea de respaldar el proceso destacaba que si se logra un acuerdo, grandes transformaciones se presentarían no solo en el país sino también en la ciudad, porque se reduce el presupuesto para la guerra y porque aumentaría el pie de fuerza en Medellín pues no se necesitarían tantos policías en las zonas rurales, además se incrementaría la confianza y el optimismo para alcanzar la paz.

Para dimensionar el costo de la guerra, vale exponer el presupuesto nacional para el 2015. Este es de 216,2 billones de pesos, de los cuales 28,2 billones son para defensa. De ahí, el 45% se va para personal que representan: fuerzas militares, la policía y civiles de la justicia penal militar. Siendo en total 506.000 personas contratadas para temas de defensa, lo que significa, que existen dos hombres en armas y solo un docente, si comparamos con el número de profesores que tiene el país[2].

En relación con las preocupaciones frente al proceso de paz, Mario Agudelo, consideró que hay que tener en cuenta los acuerdos alcanzados en procesos de desmovilización anteriores, principalmente los realizados en la Comuna 2 de Medellín, ya que no se puede volver a repetir el error de que el Estado no cumpla con parte de los compromisos como garantizar los derechos sociales, económicos y culturales; así como de garantizar la participación de las personas reintegradas a la civilidad en la formulación de políticas en el territorio y la seguridad, protegiendo su vida para que no los vayan a asesinar.

Finalmente, José Girón cerró planteando algunos de los riesgos que podría tener el proceso, destacando que es cerca del 50% de los colombianos que votaron en las elecciones presidenciales anteriores no creen en el proceso de paz; precedente grave si los acuerdos se van a refrendar en un referendo nacional.

En este sentido, una de las conclusiones que emergió del encuentro la expuso Diego Barrios, miembro de la Red de Derechos Humanos de la Comuna 2, quien consideró que estos espacios se deben seguir realizando no solo para informar, sino para discutir qué está pasando en La Habana, pensar ¿cómo participar desde la comuna? y especialmente, ¿cómo las víctimas aparte de seguir buscando la verdad, justicia y reparación, también dimensionen el lugar político que tienen para aportar a la paz de este país?