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Tras atentado contra uno de sus representantes, Mesa de Víctimas de Antioquia pide garantías

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Fotos: Defensoría del Pueblo

Integrantes de las mesas de participación de víctimas de Medellín y Antioquia, se encuentran atemorizados por el atentado contra el delegado a la mesa departamental, Jonathan Echeverri, quien fue atacado por sicarios en la tarde del miércoles 01 de octubre.

A la fecha se han denunciado amenazas contra 9 representantes de la mesa de Antioquia y 3 de la mesa de Medellín. Por eso los líderes manifiestan que no hay condiciones plenas de protección para que las víctimas puedan participar de manera efectiva. Por amenazas a sus líderes, Mesa Departamental de Víctimas exige garantías

Ana Idaly Delgado, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Medellín, manifestó que el atentado contra el representante de la mesa departamental “es gravísimo porque no se están dando todas las garantías para incidir en la política pública y hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.”

La agresión contra Jonathan Echeverri, quien desde hace meses espera un refuerzo de su esquema de seguridad, ocurrió hacia las seis de la tarde a la altura del corregimiento San Félix del municipio de Bello.

A esa hora, el líder de víctimas regresaba del municipio de San Pedro, Norte de Antioquia, donde participó en el programa radial La Voz de las Víctimas, emitido por La Voz de San Pedro.

La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado y, a través de un comunicado, “anunció que hará seguimiento a las decisiones y medidas que adopte la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el sentido de reforzar el esquema de seguridad de esta persona.”

El Ministerio Público reveló que en todo el país actualmente hay 109 representantes de mesas de víctimas amenazados, de los cuales 68 tienen medidas de protección, 5 están en trámites para recibir las medidas, y 36 esperan que la Unidad Nacional de Protección vuelva a revisar su situación.

En el caso de la mesa de Medellín, Ana Idaly explicó que de tiempo atrás dos de sus integrantes, Fernando Enamorado y Teresita Gaviria, tienen esquemas de protección, y reveló que recientemente a la representante de la mesa a nivel nacional, Yolanda Perea, la unidad de protección le asignó un escolta a raíz de varias amenazas.

Las intimidaciones contra Yolanda comenzaron luego de ser delegada para viajar a la mesa de diálogos entre las FARC y el Gobierno colombiano, en La Habana (Cuba), en representación de las víctimas. A través de mensajes sus agresores le han manifestado que no quieren proceso de paz.

La conclusión que saca Ana Idaly sobre las agresiones contra estos representantes, es que los líderes empiezan a ser amenazados cuando comienzan a visibilizar su labor y a participar en espacios importantes para incidir sobre los derechos de las víctimas.

 

Se está pasando de la amenaza al hecho

Para Mónica Rojas, promotora del IPC en el tema de víctimas, el atentado contra Jonathan “demuestra cómo los grupos armados van haciendo efectivas las amenazas de muerte que han proferido contra varios de los integrantes de la mesa departamental de víctimas de Antioquia.”

La preocupación de la analista del IPC, es que con este tipo de agresiones “se quiere sembrar una política de terror, de estigmatización y de exterminio contra los líderes y las lideresas de víctimas. Habrá que preguntarnos sobre los interés ocultos que están en juego, por ejemplo, a quiénes les favorecen que las mesas no funcionan y no incidan en la política pública para la atención y reparación de las víctimas.”

Yendo más allá, Mónica Rojas también se pregunta si ¿es que hay un intento por colapsar los mecanismos de protección del Estado? Sobre los cuales existe poca claridad respecto a su implementación por parte del Gobierno.

Finalmente, la promotora del IPC agrega que “ningún Gobierno será capaz de proteger a los ciudadanos y ciudadanas, si no se avanza en la investigación y sanción de los que están cometiendo los delitos y si no se desmonta la política criminal contra los defensores de derechos humanos.”

 


El atentado contra Jonathan Echeverri

El delegado al Comité de Justicia Transicional en Antioquia, conducía su vehículo Chevrolet Sprint, cuando se percató de la presencia de dos hombres en una motocicleta. “Me salvé de milagro –relata Jonathan- porque frené del susto cuando vi la moto tan cerca. Fue ahí cuando dispararon y fue gracias a la frenada que no me impactaron.”

Fueron nueve tiros los que pegaron contra el vidrio delantero y el capó del vehículo, pero ninguno de ellos logró impactar al líder de víctimas que fue auxiliado por su escolta, quien se enfrentó a los agresores y luego sacó a Jonathan del auto para resguardarlo en un sector boscoso a unos 500 metros de donde sucedió el atentado.

A Jonathan “lo que más lo entristece es que desde hace más de dos meses la Fiscalía y la Procuraduría le pidieron a la Unidad Nacional de Protección que reforzara su seguridad, pero eso no se ha cumplido.”

Esta petición de las autoridades se habría hecho luego de que se conociera la amenaza de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la que se declaró objetivo militar a los  23 integrantes de la mesa departamental de víctimas.

A la fecha las medidas de protección con las que cuenta esta víctima consisten en un chaleco antibalas, un teléfono celular y un escolta, pero según Jonathan el chaleco le queda pequeño, le sube por encima del ombligo; y el celular se lo robaron hace dos meses y aún no le envían uno nuevo.

Este tipo de situaciones preocupan a las víctimas, más aún en el momento actual cuando la Unidad Nacional de Protección informa que no tiene suficiente presupuesto para mantener los esquemas de seguridad. Según el ministro del Interior Juan Fernado Cristo, el déficit sería de 70 mil millones de pesos. Por eso le pidió al Ministerio de Hacienda asignar mayores recursos para el sistema.

Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
Periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Candidato a Magister en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad, Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UdeA. Coordinador de la Agencia de Prensa IPC entre 2012 y 2018. Actualmente periodista en Hacemos Memoria. Trabajando por esa Colombia excluida y vulnerada, por aquellos que no son escuchados y por la anhelada paz. Aficionado a la literatura, al rock, a las huertas y a las buenas películas.