Con este título, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP) presentó su informe anual sobre vulneraciones a la libertad de prensa en el país para el año 2014, expresando una evidente señal de rechazo a los casos de interceptaciones ilegales de las que ha sido víctima la prensa colombiana durante más de medio siglo; y que nuevamente salieron a la luz pública el año pasado.

Desde la fundación del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), a partir de 1953 por decreto del dictador Gustavo Rojas Pinilla, hasta su sustitución por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el 18 de julio de 1960 durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, el ejercicio periodístico en Colombia quedó expuesto a las interceptaciones ilegales por parte de distintos gobiernos, según reseña el documento de la FLIP.

Fue a finales de los setentas y principios de los ochentas, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, cuando inició la persecución a periodistas, artistas, activistas y líderes políticos, tras la puesta en marcha del Estatuto de Seguridad que les otorgó amplias facultades a los militares para detener, investigar y juzgar civiles que, por sus ideologías políticas, fueran considerados peligrosos para el establecimiento.

Durante el 2014 la FLIP registró 131 agresiones directas contra la prensa en Colombia, con un total de 164 víctimas.

Aun en la actualidad las labores de espionaje e inteligencia continúan afectado el libre ejercicio de la prensa en Colombia. El 2014, recuerda el informe de la FLIP, “inició con la revelación por parte de la Revista Semana de que bajo la fachada de un café Internet operaba una sala de operaciones de inteligencia del Ejército, conocida como “Andrómeda”. Desde este lugar se adelantaban seguimientos a los representantes del Gobierno en el Proceso de Paz. Pero además de esto, se supo que dentro de esta operación se encontraban interceptados correos electrónicos de periodistas, entre otras personas. Posteriormente, se conoció que la Central de Inteligencia Militar contaba con una lista de correos electrónicos personales y oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, periodistas nacionales y extranjeros.”

Tal vez el mayor escándalo de este tipo en el país ocurrió entre los años 2003 y 2009 en el interior del DAS, cuando ese organismo de seguridad interceptó de manera ilegal a periodistas, líderes políticos y miembros de la oposición, durante el gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, actualmente senador de la República; un caso que aún no se resuelve y que no logrado tocar a los máximos responsablesEn esos años, “la FLIP documentó 16 casos de periodistas víctimas de seguimientos, montajes, interceptaciones y amenazas, pero se cree que la cifra es mucho mayor”, advirtió el informe, que también reprochó la impunidad en los casos de agresiones contra la prensa.

Para finalizar con un acto de memoria, que de paso ejemplifica el  riesgo que representan las labores de inteligencia contra la prensa, hay que recordar este día el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. Por este crimen la justicia colombiana condenó al fallecido comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, como autor intelectual. 

Quince años después de la muerte de Jaime Garzón, recuerda el informe de la FLIP, la justicia ha establecido que hubo oficiales militares involucrados en tareas de inteligencia contra el periodista, y que los resultados de esas investigaciones clandestinas habrían sido entregados a grupos paramilitares.

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