Ganaderos impiden a sangre y fuego la restitución de tierras en Turbo, Urabá Antioqueño

Editorial por María Soledad Betancur

Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

“¿A quién le sirve que NO apoyen a los reclamantes de tierras?”

Durante el mes de febrero de 2015 se agudizan la presión, incluida la presión armada y paramilitar, para impedir que reclamantes de Urabá, departamento de Antioquia, retornen a los predios de los que fueron despojados. Como se afirmó el 6 de febrero en un artículo de la Agencia de Prensa del IPC: “Sin acompañamiento institucional y en medio de señalamientos del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, actual Senador de la República, 400 familias de Urabá realizan hoy una asamblea de reclamantes en el corregimiento Macondo del municipio de Turbo. Ni la Defensoría del Pueblo, ni la Unidad de Restitución, ni la MAPP-OEA, atendieron la solicitud de acompañar la reunión para garantizar la seguridad de las víctimas”. Instituciones niegan acompañamiento a asamblea de reclamantes en Urabá

Y a propósito de lo que viene ocurriendo en este municipio, pregunta Gerardo Vega, director de Forjando Futuros: “¿A quién le sirve que NO apoyen a los reclamantes de tierras?” Esa es una pregunta que tiene respuestas, pero no acciones institucionales contundentes que frenen el despojo y hagan posible la restitución.

Pero llama la atención que aunque en las declaraciones de Benito Osorio se involucra también al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, como “intermediario de los paramilitares y del Gobierno de Uribe Vélez”[1], lo máximo que le pasa a este dirigente gremial —que representa intereses de quienes concentran unas 40 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, más de una tercera parte del territorio nacional—, es que los medios de comunicación le den eco para imponer una ideología que defiende los derechos de propiedad concentrados en manos de pocos propietarios, proceso que ha contado con una alta contribución de actores armados que han propiciado ese modelo expropiador.

Y al eco de los medios se suman los trinos del senador Álvaro Uribe Vélez que, siendo coherente con este modelo expropiador, sale a defender a empresarios de la región involucrados en procesos de despojo de tierras, como es el caso de Adriano Palacios, actualmente detenido y acusado de desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

Volviendo al tema del fondo ganadero, hay que citar a León Valencia, quien en una de sus columnas afirma que:

“Las denuncias pululan. Fedegán y Lafaurie manejan el mayor fondo de recolección de parafiscales y afrontan severos cuestionamientos en esta labor; son mencionados en diversas investigaciones judiciales como aliados de los paramilitares; el Fondo Ganadero de Córdoba, al decir del presidente Santos, se apropió de 46.000 hectáreas despojadas a los campesinos en Urabá; son acusados de adelantar una férrea campaña contra la restitución de tierras y el proyecto de desarrollo agrario que promueve la actual administración. Pero ni el gobierno nacional ni las autoridades judiciales se atreven a investigar y a tomar medidas en contra de esta agremiación y de sus directivos.”[2]

El modelo opera sistemáticamente, después de la barbarie y el despojo forzado vienen los megaproyectos productivos, pasa en la región de Urabá y en Montes de María, donde después de la barbarie de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI,  llegaron los empresarios con su megaproyectos, muchos de ellos antioqueños, como es el caso de la familia Gaviria, a la cual pertenece el actual alcalde de Medellín Aníbal Gaviria; o del grupo Argos, parte del emporio del grupo empresarial Antioqueño, que para sus empresas de reforestación o proyectos minero-energéticos requiere grandes extensiones de tierra[3]. Quienes han querido refundar la Patria no quieren dar un paso atrás, por ello es responsabilidad del Estado cualquier acción que vulnere los derechos de los reclamantes de tierra en Urabá a la vida, a la libertad y al territorio.

Para finalizar, a propósito del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, avanzar hacia la NO repetición implica desmontar las macro-estructuras que han propiciado el desangre de comunidades enteras y la expropiación de sus bienes explicada en intereses de las elites económicas empresariales, para las que el poder sobre la tierra les da capacidad de expandir su poder económico y político.