Comunicado a la opinión pública
Las graves acusaciones hechas contra los Magistrados evidencian la profundidad en la crisis de legitimidad de la justicia y ponen como reto a la sociedad avanzar en la construcción de una institucionalidad afín al Estado Social y Democrático de Derecho, en el que no solo se garantice el equilibrio de poderes sino también una función judicial que efectivamente sea un bien público al servicio del colectivo y no de intereses privados.
Hay que llegar al fondo, pero no como una cruzada del bien ni como una jauría detrás de su presa herida. Esta es la oportunidad para hacer un diálogo de sociedad sobre la justicia que necesita la paz a la que se aboca el país; para develar la profundidad de los tentáculos de esta captura criminal del sistema judicial.
Las irregularidades denunciadas permiten constatar que la justicia ha sido capturada, y a veces parcializada en razón de sus ideologías e intereses, por élites políticas y económicas; que la penetración del paramilitarismo ha sido profunda y que los sectores sociales perseguidos por el Estado y sus aparatos criminales no han contado con la garantía de imparcialidad frente a los tribunales. La persecución penal ha sido discriminatoria: investigaciones académicas y decisiones judiciales develan una conducta omisiva en el procesamiento de funcionarios y empresarios vinculados con el paramilitarismo y las violaciones a los derechos humanos; lo cual se explica a medida que se develan las relaciones no santas de algunos magistrados y jueces.
A tal punto de extravío pueden llegar algunos funcionarios de justicia, que terminan convirtiendo a las víctimas en victimarios: Los despojados de tierras son tratados como una amenaza para la propiedad; los defensores de derechos humanos, como artífices de la insurgencia; los indígenas y afros, como enemigos del “desarrollo”; y el periodismo independiente como una difamación punible. Sectores de la justicia han sido instrumentalizados en favor de la criminalización del movimiento social y de la impunidad de los criminales que actúan desde el Estado o con su connivencia.
Pero también hemos asistido a campañas de deslegitimación contra las Cortes cuando éstas han sido el soporte para el reconocimiento eficaz de los derechos fundamentales, la sanción penal a élites regionales ligadas al paramilitarismo, la persecución de la parapolítica, la reivindicación de las víctimas, y los llamados perentorios frente a situaciones como las de los desplazados, la salud y el sistema penitenciario; momentos en los que la sociedad ha tenido que rodear y defender esta institucionalidad judicial frente a los intentos por reducirla y opacar su juicio, encabezados éstos precisamente por quienes hoy, desde la extrema derecha, se llaman perseguidos y claman por su desconocimiento.
Por eso, en este momento estamos llamados a proponer mecanismos que permitan sobreponernos a un asunto coyuntural y fortalecer la independencia e imparcialidad de la rama judicial; que eviten que sus altos dignatarios sean elegidos como resultado de componendas políticas o negocios turbios que los comprometen con la protección de los intereses de quienes los postularon y eligieron. Tenemos la tarea de ayudar a consolidar una justicia que defienda los postulados de la democracia y de la dignidad humana.
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS
CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA
CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD
CORPORACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO SOCIAL (CORPADES)
INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN (IPC)
