Comunicado a la opinión pública

Asociación de víctimas y reclamantes Tierra y Paz

Los reclamantes de predios en Urabá estamos cansados de sufrir las injusticias del desplazamiento forzado mientras esperamos una restitución de tierras que nunca llega. Por eso, exigimos la conformación de una Mesa de Concertación con el Gobierno Nacional con el único propósito de negociar el futuro de la restitución de tierras.

Para ello, cerca de 500 campesinos agrupados en la Asociación Tierra y Paz, decidimos congregarnos en la hacienda Monteverde, vereda Villa Rosa, corregimiento Nuevo Oriente del municipio de Turbo, Urabá Antioqueño, donde varias de nuestras familias reclaman la restitución de 28 predios que fueron despojados de manera violenta en los años 1995, 1996 y 1997, y que actualmente se encuentran en manos del empresario Fabio Moreno.

Allí permaneceremos de manera pacífica hasta que el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, instale la mesa de concertación y atienda nuestro legítimo reclamo como víctimas.

En este proceso proponemos que la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación –IPC sirvan como garantes de la negociación, cuyas peticiones son las siguientes:

  • Derogar el decreto de micro-focalización dado que entorpece los procesos de devolución de predios
  • Aplicar estrategias de restitución colectiva y administrativa de tierras
  • Brindar garantías para que los campesinos que retornaron sin acompañamiento institucional esperen la restitución en sus tierras
  • Entregar ayuda de asistencia humanitaria a los campesinos retornados
  • Garantizar esquemas de protección colectiva a todos los asentamientos de retornados sin acompañamiento del Estado
  • Implementar procesos de atención, estabilización y reparación colectiva
  • Investigar y castigar a los responsables de las amenazas y señalamientos a los reclamantes y a los defensores (as) de los despojados
  • Garantizar nuestro legítimo derecho a la organización, la movilización y la opinión
  • Constituir una veeduría internacional para el proceso de restitución en Urabá

Hace 20 años la violencia nos victimizó de múltiples formas y nos arrebató nuestras tierras. Muchas de nuestras fincas fueron a parar a manos de empresarios después de que nos fueran quitadas por grupos paramilitares.

En el 2005, con la Ley de Justicia y Paz, tuvimos la esperanza de recuperar nuestros predios, pero esa norma no fue la solución. En el 2011, con la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual acogimos y respaldamos, de nuevo tuvimos la ilusión de recuperar nuestras fincas, pero han pasado ya cuatro años y lo único que nos queda es la frustración, el señalamiento y, en algunos casos, hasta la persecución judicial de nuestros líderes y de quienes han intentado defender nuestros derechos como víctimas.

Luego de observar como el presidente de la Corte Constitucional y una alta funcionaria de la Procuraduría General de la Nación han hecho parte del despojo de tierras, entendemos por qué no se nos garantizan nuestros  derechos.

Llevamos dos décadas sufriendo y 10 años esperando una solución por parte del Estado. No estamos dispuestos (as) a seguir solo esperando mientras nuestras familias se descomponen en las ciudades a causa del desplazamiento, la violencia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades. Reclamamos nuestra tierra para cultivar, para vivir con dignidad, para criar a nuestras familias, para construir la paz en nuestros territorios.

¡Que la semana de la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado no sea solo un discurso sino una realidad!