Cien ex combatientes paramilitares que están en proceso de reinserción serán certificados en Medellín por su contribución positiva a la verdad y a la memoria. La certificación será entregada por la Dirección de Acuerdos de la Verdad, una dependencia del Centro Nacional de Memoria Histórica cuyo propósito es recoger testimonios de los desmovilizados de las AUC que no estén comprometidos con graves delitos y que hayan cumplido con una reinserción sin reincidencia.

De 13.000 desmovilizados que ha contactado la Dirección de Acuerdos de la Verdad en todo el país, más de 8.000 están contribuyendo con sus testimonios. En Antioquia 1.274 personas desmovilizadas de estructuras como Cacique Nutibara, Élmer Cárdenas, Héroes de Tolová y Bloque Central Bolívar Nororiente antioqueño han contribuido con sus relatos. Con la información que entregan estos ex paramilitares se elaborará una serie de informes de esclarecimiento.

Los informes profundizarán en la verdad sobre: cómo surgieron los grupos, quiénes los impulsaron, cómo los conformaron, quiénes fueron los comandantes, qué cambios hubo en las estructuras de mando, en qué zonas incidieron, cómo fue la relación con las comunidades, cómo fue la búsqueda de legitimación, cuáles fueron los hechos de violencia que cometieron, y cuáles las consecuencias y los daños ocasionados. También contendrán revelaciones sobre sitios de entrenamiento, sitios de tortura y acciones de despliegue en los territorios.

Los tres primeros informes serían entregados el próximo año y corresponden a las regiones de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima. Ex comandantes de las AUC que hacen parte del proceso de Justicia y Paz también han venido colaborando de manera voluntaria con sus testimonios.

En entrevista con la Agencia de Prensa del IPC, el director de Acuerdos de la Verdad, Álvaro Villarrraga Sarmiento, habló sobre este proceso de recopilación de testimonios y su aporte a la develación de la verdad sobre la violencia paramilitar en Colombia.

Álvaro  Villarraga, ¿cuántos ex combatientes han contribuido con la verdad en el país?

Tenemos un ejercicio en el que ya hemos entrado en contacto con 13.000 desmovilizados en todo el país. En un ejercicio que no es sencillo. Hay una ruta de cuatro pasos para eso: primero, ellos reciben capacitación y sensibilización; segundo, participan en una serie de entrevistas y encuestas; tercero, hay un proceso de valoración de lo que ellos entregan; y cuarto hay una certificación en la que, si su contribución fue positiva, se valora positivamente, y si se rehusaron o dieron una contribución muy deficitaria o incoherente se valora negativamente y, por lo tanto, no obtienen los beneficios legales de libertad que puede otorgarles un juez.

A nivel nacional de estos 13.000 ya hay 8.000 reinsertados que vienen en este proceso. De esos más de 1.000 están en el proceso en Antioquia, donde tenemos cinco sedes en funcionamiento en los municipios de Medellín, Caucasia, Turbo, Apartadó y Puerto Berrío —esta último ya terminó la labor y se abrió Puerto Boyacá—.

A nivel nacional hemos alcanzado 2.000 certificaciones expedidas hasta la fecha. Hoy en Medellín se hará entrega pública del primer centenar de certificaciones pero ya están en curso otros centenares porque la expectativa en la capital antioqueña es que entre 2015 y 2016 entreguemos entre 2.000 y 3.000 certificaciones.

¿Para qué sirven estas contribuciones a la verdad?

Estas contribuciones a la verdad, en cumplimiento de lo que ordena la ley, nos lleva, con los hallazgos conseguidos, a la elaboración de unos informes de esclarecimiento de lo que sucedió con cada una de las estructuras paramilitares, de su actuación. En términos prácticos, los aportes de las revelaciones hechas se plasmarán en una serie de informes que se irán haciendo en función de las estructuras paramilitares en las regiones de actuación. Iniciamos con tres regiones: Antioquia, el Valle del Cauca y Tolima. Estamos ya en preparación con toda la información recabada y con la complementación que se está haciendo a partir de contribuciones voluntarias contempladas por parte de las víctimas y otros sectores de la sociedad en el curso de este año para que el año entrante ya podamos entregar estos tres primeros informes y paralelamente podamos ir avanzando en los informes sobre estructuras paramilitares en otras regiones del país.

Usted aclaró que en acuerdos de la verdad se recogen los testimonios de aquellos ex combatientes que no cometieron delitos graves, ¿qué pasa con las contribuciones de aquellos paramilitares que fueron comandantes o cometieron crímenes de lesa humanidad?

De hecho hay que entender que hay otro marco legal que es la Ley 975 de 2005 que fue reformada, que es la Ley de Justicia y Paz, y en términos de lo que revelaron los paramilitares en versiones libres, donde si bien no todos revelaron o no todos lo hicieron con todas las consecuencias, hay una valiosa información y un nivel de aportación a la verdad. Y en las sentencias judiciales que salen de justicia y paz, incluso algunas que denominan macro sentencias como la de Salvatore Mancuso, hay unas aportaciones a la verdad. Allí están los comandantes paramilitares, no nos corresponde a nosotros.

Sin embargo, en la elaboración de nuestros informes nosotros nos apoyaremos también en esas revelaciones cotejando la información con la que obtenemos con la población que nos corresponde y además, de manera complementaria, también estamos realizando entrevistas con jefes paramilitares, incluso de la Ley 975, lo que ha incluido nuestra visita a las cárceles en distintas regiones incluida la cárcel de Itagüí en Antioquia. Esos jefes paramilitares no están obligados legalmente a entregar sus testimonios a la Comisión de Acuerdos de la Verdad, sus contribuciones son voluntarias, pero en general lo vienen haciendo sin resistencia.

¿Cómo saber que los testimonios de estos excombatientes son verídicos, es decir corresponden a la verdad que muchos quieren encontrar?

Hay unas discusiones del orden filosófico y metodológico. Incluso suele decirse aquel estribillo de que no hay la verdad de la verdad, o la verdad absoluta, esto es un ejercicio continuo de construcción social y puede haber expresiones plurales y siempre habrá márgenes de certeza. Pero más que esa discusión metodológica y filosófica de la verdad, nuestra aproximación es por vía del derecho a la verdad en concreto, según lo que dicen los estándares internacionales y la misma Ley 1448 de 2011 —Ley de Víctimas y Restitución de Tierras—. Es decir, estamos hablando de una verdad concreta, viable de conseguir en términos de: ¿Qué graves hechos sucedieron? ¿Quiénes fueron los presuntos responsables? ¿Qué consecuencias hubo? ¿Quiénes fueron las víctimas afectadas? Y sobre esa base entregar una narrativa coherente que rescate aquello que se ocultó en relación a la victimización y a las víctimas producidas y en relación a que la sociedad se entere de esa circunstancia.

Ahora, concretamente como metodología cómo recurrimos para que nuestro ejercicio sea fiable hacia la verdad, sencillamente con un trabajo previo y riguroso que hicimos entre finales de 2012 e inicios de 2013 en lo que hemos llamado nuestra línea base que principalmente es un estudio inicial que nos llevó a elaborar unos trabajos monográficos sobre cada una de las estructuras paramilitares. Nosotros consultamos todas las fuentes existentes, inclusive conseguimos información de apoyo de la Fiscalía, recurrimos a informes de derechos humanos, a bibliografía académica y a indagaciones directas en las regiones y tuvimos una primera aproximación. Entonces tenemos una línea base que, desde luego, se va enriqueciendo y vamos de una manera fiable aproximándonos a unos niveles de conocimiento que tengan consistencia.

¿Puede adelantar un poco de esas verdades que han encontrado a través de los testimonios, de eso que se ha podido develar sobre lo que ocurrió en Antioquia y el país?

Por la metodología y la línea de trabajo no podría hacer ahora unas revelaciones expresas de esos hallazgos que están previstos para entregar en los informes, pero groso modo si puedo decir que los aportes recibidos hasta ahora hacen referencia a muchos de los elementos relativos a cómo surgieron los grupos, quiénes los impulsaron, cómo los conformaron, quiénes fueron los mandos, los cambios en las estructuras de mando, revelaciones sobre sitios de entrenamiento, sobre sitios de tortura, sobre el despliegue en los territorios, dónde fueron incidiendo, en qué forma, la relación como se hizo con las comunidades, hechos de violencia, también hechos de búsqueda de legitimación, y también en torno a las consecuencias y daños ocasionados.

¿En los testimonios hay información sobre autores intelectuales del paramilitarismo?

No es una información fácil de conseguir, es un trabajo metodológico, de brindar confianza y garantías de confidencialidad. Se va a revelar lo que trasciende sin reservas, se van a comentar los hechos revelados, obviamente sistematizados y cotejados, con un sentido de responsabilidad, pero no se va a revelar quién dijo que, como una garantía metodológica de memoria histórica. Pero vale decir sí hay unos niveles de hallazgos apreciables en cada uno de los casos que van aflorando y que esperamos nos permitan, a través de los informes, llegar a unas aportaciones que pesen y respondan a las obligaciones que sienta la ley en materia de memoria histórica.

¿Estos acuerdos de la verdad son un paso para lo que podría ser una comisión de la verdad en Colombia? ¿Esto puede hacer parte de lo que se viene para el país en un eventual posconflicto?

Yo digo que esta es una de las múltiples contribuciones porque aquí, cumpliendo los propósitos que expongo y publicados nuestros informes, tenemos el reto de entregar aportes a esclarecer el fenómeno paramilitar, más allá de las versiones libres y de la Ley 975, más allá de lo que ya se conoce a nivel académico y de los informes de derechos humanos.

Pero aun así lo nuestro es apenas parte de un esfuerzo más global que hace el propio Centro de Memoria Histórica a través de otras líneas de ejercicios de construcción de memoria, de la serie de informes que progresivamente siguen saliendo, complementando el esfuerzo mayúsculo que hicimos con la entrega del informe Basta Ya.

Pero a la vez, los trabajos del Centro de Memoria son apenas parte de una dinámica más amplia. Hay organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, testimonios que se han venido dando desde hace varias décadas y sin duda el gran reto de una comisión de la verdad será sistematizar y lograr una narrativa que incorpore todos estos aportes.

De cara a esa narrativa múltiple, a esa memoria colectiva que debe construir el país, ¿quiénes faltan por decir la verdad?

Con estos ejercicios —Acuerdos de la Verdad— estamos buscando que se hable la verdad desde los paramilitares, pero hay voces que faltan. Con ejercicios múltiples hay voces de las víctimas que han trascendido y en todo caso siempre, y en todos los informes, las víctimas tendrán un lugar privilegiado porque son ellas las afectadas, las excluidas, sus voces acalladas. Pero faltan muchas voces, faltan voces de actores políticos, de actores sociales, de actores gremiales, de actores gubernamentales, de actores institucionales y de distintos sectores de la sociedad.

Esperamos que este tipo de esfuerzos lo vaya logrando progresivamente y que una comisión de la verdad en su metodología también sepa ir convocando a todos esos sectores para que revelen sus propias versiones y contribuyan a este ejercicio de esclarecimiento de verdades.