Artículo de opinión por: Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC)

El olvido selectivo y el silencio forzado han sido una constante en la sociedad colombiana para no recordar lo que nos ha pasado. La omisión de parte de la realidad es el mecanismo por el cual se ha pretendido ocultar la verdad de lo ocurrido. Esta lógica se ha constituido en fuente de impunidad, pero también, y no pocas veces, en la base para ocultar los factores de poder que han estado detrás de la tragedia de la guerra en Colombia.

En este terreno, el sufrimiento, los agravios y los daños ocasionados a las víctimas, han pasado a un lugar secundario, y las responsabilidades y la verdad sobre ellos son un relato que se disputa.

El anuncio del Gobierno colombiano y las FARC hace unas semanas, sobre la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, una vez finalizado el acuerdo sobre los puntos de la negociación de paz en La Habana (Cuba), y las reacciones negativas y positivas expresadas al respecto por distintos sectores de la sociedad, muestran de manera clara y contundente que la verdad es y seguirá siendo un tema en disputa. No ha sido poca la polarización que en el país ha despertado el anuncio de la comisión de la verdad, constituyéndose un ambiente político que limitaría sus mandatos y posibilidades de desarrollo, sin ni siquiera constituirse. El anuncio puede ser positivo, pero hay que construir la esperanza de su concreción y de sus resultados.

Por tal razón, contribuir al debate público y movilizar la opinión de la sociedad frente a la necesidad de crear una comisión de la verdad para el país, es un esfuerzo central frente al cual distintos sectores de la sociedad civil tenemos un reto ético, moral y político, en un momento en el cual se asiste a una escalada violenta de la guerra, y en el cual se profundiza el desencanto social frente a la posibilidad de la finalización del conflicto y la construcción de la paz.

Este reto tiene un significado especial, cuando de construir la verdad en el orden local y regional se trata, pues los obstáculos se hacen más visibles y cercanos a ella en tanto poco se habla de los responsables de manera concreta y poco se les nombra todavía; porque existe una cultura política centrada más en el favor y la clientela que en el ejercicio y reclamo de los derechos. De manera que, el énfasis territorial planteado en la construcción de la Comisión, abre la posibilidad de afrontar este debate y el alcance de lo que la sociedad debe conocer en el orden local y regional frente a asuntos que han permanecido en el olvido en distintas zonas del país: las motivaciones del despojo de tierras y las disputas por el territorio; las asociaciones delictivas entre élites políticas regionales, sectores empresariales, narcotráfico y criminalidad organizada; la naturaleza política de la estigmatización, persecución y eliminación del movimiento social; la configuración de proyectos políticos emergentes y construcción de poder regional. Todos estos serán temas que, entre otros, aportaran de manera concreta a los territorios a superar el déficit de verdad y a movilizarlos frente a ella.

Pero también existe la necesidad de que la verdad aflore y eso es imposible a través de verdades únicas; se requiere una verdad contextuada, situada y polifónica. No es solo la verdad de los guerreros, no es solo la verdad para negociar beneficios, no es solo la verdad que confronta la verdad del enemigo y protege la de los amigos, no es solo la verdad de cada uno para eximirse de responsabilidades políticas, e incluso éticas. Debemos recordar que las comisiones de la verdad dependen en lo fundamental de los testimonios, los relatos y las narrativas de las víctimas como fuente primaria de información, pero también es su deber acercar el carácter subjetivo, privado e individual del relato de las víctimas, al carácter público y social de la verdad construida por la comisión.

El derecho a la verdad es una condición indispensable para que las víctimas y la sociedad se sientan reconocidas y activas en los marcos de la negociación del conflicto y la construcción de la paz territorial. En tal sentido, no existe solo la versión del Estado y de los grupos insurgentes, sino que la sociedad también participa en aportarle a la verdad y, en particular, a la verdad de todas las víctimas sin importar quien haya sido su victimario.

En este punto valdría la pena retomar un estudio sobre Lecciones Comparativas desde Haití, Sudáfrica y Guatemala de Audrey R. Chapman y Patrick Ball, en el cual la discusión se articula alrededor de preguntas fundamentales al propósito que nos ata: ¿Cuál es la “verdad” de las comisiones de la verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la “verdad” que dichas comisiones están mandadas a buscar? Son preguntas de partida que irán marcando el contorno, con sus posibilidades y limitaciones, a las cuales se vería enfrentada la comisión propuesta en el caso de Colombia.

Como un paso en el proceso de reparación integral, de reconstrucción y de reconciliación social y política, por lo menos catorce países en el mundo han establecido comisiones de la verdad o experiencias similares. En el caso de Colombia, esta posibilidad que se abre está asociada a la culminación exitosa de los acuerdos según lo planteado por los negociadores en La Habana. No debemos olvidar que estas comisiones son un componente de la justicia transicional que buscaría lidiar con el pasado de violaciones de los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, buscando evitar que haya repetición en el futuro para construir sociedades más democráticas sobre la base de la verdad de lo que ha ocurrido. Por ello es fundamental ir buscando respuestas a: ¿por qué pasó lo que pasó en el marco del conflicto político?, más allá de narrar acontecimientos violentos contados episódicamente y centrados solo en los hechos aislados. Es una perspectiva de trabajo necesaria.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición propuesta por las FARC y el Gobierno colombiano se dará, como ya se mencionó, en un posible escenario de finalización exitosa de la negociación y nacerá en un ambiente político adverso, debido a que no goza de un amplio consenso social y político en Colombia, dadas la versiones conflictivas y antagónicas que existen en el país sobre la verdad.

Esta realidad traza el reto fundamental de blindar la Comisión de la Verdad con una activa participación y movilización de la sociedad civil colombiana, el acompañamiento de la comunidad internacional y la voluntad política de los actores en confrontación de no eliminar la verdad del otro para legitimar la propia.


* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)

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