Artículo de opinión por:
José Girón Sierra, analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
En una entrevista recientemente, Humberto de la Calle Lombana, jefe de la delegación del Gobierno colombiano en la mesa de negociaciones con la guerrilla de las FARC, señaló: “El proceso está en su peor momento desde que empezamos” y “es posible que un día de estos las FARC no nos encuentren en la mesa de La Habana”. Esta afirmación, que bien parece una amenaza, también podría entenderse como un S.O.S al proceso, ya que igualmente el negociador planteó la posibilidad de un cese bilateral al fuego.
Los contenidos expresados en esta entrevista muestran, de manera inequívoca, la gravedad del momento; por consiguiente el llamado de auxilio y, porque no, la amenaza para que las partes en la mesa de negociaciones y la sociedad colombiana se coloquen de cara al momento histórico que vive el país y decidan: si están por continuar el desangre y la escalada de victimizaciones o, por el contrario, si dan cabida a la posibilidad de parar esta confrontación y crear unas condiciones sociales y políticas que permitan repensar el país que nos ha tocado, asumiendo la compleja tarea de ocuparnos de las transformaciones que hagan posible que esto no se repita.
El por qué se llegó a este punto, está en los orígenes del diseño de este proceso. Sus ideólogos sin duda tuvieron en cuenta las experiencias previas de un conflicto que ha pasado por no pocos procesos de negociación sin lograr dar por terminada la guerra, y concibieron, a partir de estas experiencias, unas etapas novedosas como el diseño de una agenda y una etapa de refrendación, lo cual sugería que se estaba en algo serio y que, sobre todo las partes: Estado e insurgencia, por fin llegaban al convencimiento de que la opción militar presentaba serias manifestaciones de agotamiento y que era preciso echar mano de la política.
Pero desde el comienzo, por imposición del Gobierno, se cometió el gravísimo error de pensar que la estrategia de negociar en medio del conflicto le proporcionaba ventajas en la mesa, habida cuenta de la inexacta valoración de que la guerra la ganaban y que la insurgencia se encontraba en los últimos estertores. Para nada consideraron dos hechos de absoluta relevancia: ocho años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien concibió a partir del fracaso del Caguán la más osada estrategia militar pero, sobre todo, la más depurada estrategia de manejo de la opinión pública: inspirada en el odio, el autoritarismo y la sed de venganza, que logró calar profundamente en la sociedad reduciendo a la más mínima expresión el valor de la negociación política y arrinconando al movimiento social que la propugnaba.
En segundo lugar, la configuración de una oposición ya no tan “agazapada” y oculta, en este caso liderada por el mismo Uribe, que fungiendo como ideólogo del miedo y de la guerra, se lanzó a sabotear el proceso alimentando día a día lo que en su opinión eran su logro de gobierno: La seguridad democrática. La guerra, pues, se había transformado y la sociedad también, en el sentido de la valoración que tenía del conflicto y de esto al parecer no se tenía conciencia.
Después de casi tres años de negociaciones, los hechos de la guerra, en medio del panorama descrito, no han dejado ver sus logros y la sociedad, en su gran mayoría, se mantiene desconfiada e incrédula frente a la posibilidad de que este proceso llegue a feliz término. No sólo el proceso carece de un liderazgo creíble, con la fuerza moral y política suficiente para hacer soñar en un nuevo proyecto de sociedad; sino que la insurgencia, pero sobre todo el gobierno, hacen muy poco por ocuparse seriamente de la ilegitimidad que ronda este proceso. Por momentos pareciera como que la salida militar aun estuviera considerada como una fuerte opción. Parar el desescalamiento de la guerra fue grave, tuvo un alto costo y sus implicaciones no parecen ser consideradas seriamente por las partes.
Finalmente, asombra el triunfalismo del Gobierno cuando afirma, en un lenguaje de ganadores y perdedores, que él es el gran triunfador estratégico y que al comprometerse con este proceso sólo busca resolver la “resaca táctica de las FARC”. No es posible tanto cinismo a la luz de un conflicto en cuyo origen, desenvolvimiento y prolongación, la élite gobernante acusa significativas responsabilidades, como lo demuestran los hechos y el conocimiento producido, por eso estamos como estamos. Con esta guerra compleja y degradada que no se detiene, nadie puede hablar ética y moralmente de ganadores, ante el cuadro macabro de muerte, desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales, despojo, desapariciones y violencia contra los niños, niñas y adolescentes y contra la mujer.
Ojalá sea cierta la afirmación de que “el Gobierno podría aceptar un cese bilateral del fuego, si es serio, definitivo y verificable”, pues allí hay un cambio sustancial en la política oficial; ojalá sea la sensatez la que domine en las decisiones que se tomen; y ojalá se asuma con seriedad, desde la mesa de negociaciones, la tarea de legitimar el proceso para no seguir en la paradoja de ser los mejores aliados de los opositores facilitándoles su trabajo.
José Giron Sierra
Observatorio de DDHH –IPC
Julio 5 de 2015
* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)
