Martín Nates cree que hay mucho ruido y poca claridad sobre lo que está pasando en La Habana, donde negociadores del gobierno Santos y de la guerrilla de las Farc actualmente se sientan para hacer propuestas que dibujen el mapa de una posible paz pactada en Colombia.

“Desafortunadamente a través de los grandes medios, y quizá por intereses políticos partidistas, se ha desfigurado lo que está pasando en La Habana”, dice Nates.

Él es coordinador de Iniciativas de Paz de la corporación Justapaz, una organización que tiene sede principal en la ciudad de Bogotá, pero que ha venido acercándose a diferentes regiones del país para ayudar en la realización de los Encuentros Regionales para la Paz.

“Estos encuentros sirven como ejercicio pedagógico para comprender, más en detalle, los alcances y los desafíos que tienen los diálogos de La Habana. Es valioso que directamente el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, su equipo de trabajo  y la Red  Prodepaz, hablen con la ciudadanía y expongan, punto por punto, los acuerdos y lo que significan, para el bien del país, los diálogos de paz con las FARC”, explica Nates.

Ya se han realizado 13 encuentros por todo el país, en Arauca-Arauca, Quibdó-Chocó, Puerto Asís-Putumayo, Sucre-Sincelejo, Florencia-Caquetá, Granada-Meta, Popayán-Cauca, Barrancabermeja-Magdalena Medio, Chaparral-Tolima, Tumaco-Nariño, Tibú-Catatumbo, Apartadó-Antioquia y Tame-Arauca.

Son regiones en las que el conflicto armado se ha ensañado y donde se afrontan los mayores desafíos para la construcción de acuerdos en políticas de paz.

Ahora le toca al Bajo Cauca de Antioquia, una región en el límite con los departamentos Córdoba y Bolívar, que desde la década de 1970 ha tenido la presencia de grupos armados guerrilleros, como el EPL, el ELN, las FARC, y grupos paramilitares como el Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Con la desmovilización paramilitar promovida por el entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mediante la Ley 975 de “Justicia y Paz”, en el Bajo Cauca surgieron formaciones de nuevas bandas criminales, como Los Rastrojos, Los Paisas y Los Urabeños, que actualmente comparten y se disputan dominios con facciones de las FARC y ELN.

Por eso, el Bajo Cauca es uno de esos territorios donde urge diseñar políticas hacia el logro de la paz, donde “el Estado debe reafirmar su presencia –dice Nates-, pero donde la ciudadanía también debe empoderarse y plantearse retos de incidencia política, y fortalecer las alianzas entre las organizaciones de base”.

Algunas de las organizaciones convocadas y participantes del encuentro son las iglesias evangélicas y la iglesia católica, el gobierno municipal, la Personería, la Universidad de Antioquia, ASOJUNTAS, representantes de Redepaz en el municipio, representantes de los comerciantes y del sector privado, organizaciones campesinas, la Ruta Pacífica de las Mujeres y el Instituto Popular de Capacitación, entre otros.  

“Nosotros estamos invitados como un facilitador más –esgrime Martha Peña, profesional del IPC, coordinadora del proyecto Agendas Territoriales de Paz en Urabá y Bajo Cauca—. Sabemos que aquí la gente quiere entender qué oportunidades pueden crear los diálogos de La Habana para un territorio como el Bajo Cauca, que ha sido estigmatizado. Oportunidades de futuro, de inclusión y de equidad”.

Para Nates, esas oportunidades pueden crearse a partir de los encuentros. “Este ha sido el primer gran logro de estos encuentros: que se sienten los que usualmente no se sientan a dialogar –expresa Martín Nates-, como funcionarios públicos, representantes de gremios y de organizaciones de base, población afro e indígena. El segundo logro es crear una sistematización y una ruta de trabajo con los pobladores, y el tercero es poder contrastar los acuerdos de La Habana con las necesidades reales del territorio, pues no hay un solo conflicto armado, hay muchos conflictos y violencias, y necesitamos hacer las paces en los territorios”. 

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