Artículo de opinión por José Girón Sierra
Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Los enemigos públicos del proceso de negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC, ya sea desde el mismo campo del Estado, como el Procurador, o del escenario político y de opinión, como el Centro Democrático, están convencidos de que mantener en alto el miedo y el odio hacia esa guerrilla es su mejor estrategia. Entonces se han visto compelidos a agigantar esta organización insurgente así tengan que entrar en una abierta contradicción con otras valoraciones propias en las que se les quiere colocar en una situación de irreversible derrota militar y política.
Ambos juicios de valor no corresponden a la realidad dado que la insurgencia no tiene el poder para poner en peligro al capitalismo en Colombia, ni es una organización diezmada a la que sólo le queda desmovilizarse y entregar las armas. Sorprende entonces que haya quienes le den credibilidad a la posibilidad de instaurarse en Colombia el modelo del socialismo venezolano denominado “castro-chavismo”, una vez culmine exitosamente el proceso de negociación en La Habana (Cuba); igualmente que haya quienes insistan en que Santos y las FARC son quienes mueven las fichas en el Consejo de Estado para que destituyan al Procurador; o que aseguren que las zonas de reserva campesina solicitadas por las FARC, las cuales están planteadas en una ley de la República, sean el ejemplo concreto de que se acabará con la propiedad privada y por lo tanto con la confianza inversionista. No hay duda de que hay quienes, desde todos los estratos sociales, “se la creen” y constituyen ese campo social opositor al proceso, pero también es cierto que no son pocos los que, apelando a su inteligencia y sensatez, llegan a la conclusión de que en todo esto hay un gran absurdo.
Atendiendo a los hechos, una interpretación más ajustada a la realidad sugiere que tanto la ultraderecha como la extrema izquierda, suscriben una mutua dependencia que les es indispensable para su existencia. Los beneficiarios de la guerra, de la democracia restringida y de los autoritarismos, saben muy bien que el enemigo interno, hoy las FARC, les es indispensable mientras no puedan derrotarlo militarmente o someterlo a una desmovilización. ¿Qué sería del centro Democrático, de RCN y del Procurador sin las FARC? De allí que la posibilidad de que ese enemigo desaparezca, por mecanismos distintos a la guerra como las negociación política, abriendo la posibilidad a una sociedad más democrática e incluyente, los desestabiliza y les mueve el piso. Esos son sus miedos: democracia y equidad son palabras que no les caben y por eso quien pretenda defenderlas es preciso demonizarlo. Les asusta que la recolección de las basuras en Bogotá sea un servicio público, lo cual interpretan como una amenaza a la libre competencia; y que los campesinos del Catatumbo y de otras regiones del país se conviertan en propietarios de las tierras que les fueron despojadas, en vez de los empresarios que las adquirieron fraudulentamente o de las no pocas multinacionales que andan tras ellas. Pero sobre todo, sus temores radican en que alguien, desde la izquierda, enarbole el Estado de derecho, no como formalidad sino que lo instaure como realidad. Buena parte de las razones para oponerse a las negociaciones radica en esto, puesto que se trata de una amenaza en nada imposible y concreta. Exagerar las posibilidades de hacer daño de dicho enemigo interno es algo perfectamente explicable desde esta lógica. Ayer fueron los liberales, después los comunistas y hoy son los terroristas: siempre habrá la manera de renovar dicho enemigo si las circunstancias y las coyunturas así lo exigen.
En cuanto a las FARC, el gran peso de lo ideológico en sus decisiones y su estrecha visión de la política, que a veces raya con la torpeza, les ha impedido una lectura acertada de la realidad del país. Hechos como los secuestros de civiles con fines extorsivos y sus nexos con el narcotráfico, entre otros, fueron capitalizados por la ultraderecha haciéndolos blanco de la más estructurada campaña de desprestigio y, con ello, de la más estruendosa derrota política, en nada comparable con los duros golpes militares de los cuales se ufana Santos.
Sobre lo expresado, bien vale la pena retomar lo que en algún momento fue reconocido por Raúl Reyes: si no fuera por las mezquindades de todo orden, de un régimen como el colombiano, no habría razón alguna que justificara la existencia de las FARC como organización beligerante. El meollo del asunto entonces es la coexistencia, por un lado, de una élite económica y política aferrada a sus mezquindades y, por el otro, de una insurgencia justificando su accionar por esas mismas mezquindades.
Desatar este nudo que nos ha llevado a una guerra de larga duración y profundamente victimizante, es lo que en algún grado se pretende en La Habana ahora, cuando la esperanza renace y dicho proceso recibe buenos vientos. Ojalá sus opositores no se salgan una vez más con la suya y triunfe su estrategia de miedo y de odio ¿Cómo impedirlo? Ahí está el asunto.
José Girón Sierra
Observatorio de DDHH-IPC
Julio 21 de 2015
* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)
