Los candidatos a la Alcaldía de Medellín: Eugenio Prieto Soto, del partido Liberal; Alonso Salazar Jaramillo, de Alianza Verde y Alianza Social Independiente (ASI); Federico Gutiérrez, por firmas; y Héctor Manuel Hoyos, del Polo Democrático Alternativo; firmaron un compromiso público para impulsar una política pública de paz territorial.
El escenario fue el foro “Equidad, víctimas y paz territorial en los planes de gobierno municipal”, realizado por la Mesa Voces de Paz el jueves 7 de agosto de 2015 en el Museo Casa de la Memoria de Medellín.
Aunque fueron invitados, los aspirantes Gabriel Jaime Rico, por firmas; y Juan Carlos Vélez, del Centro Democrático; no asistieron al evento.
Los otros cuatro candidatos se comprometieron con las siete propuestas que les planteó la Mesa Voces de Paz, las cuales se resumen a continuación:
1. Garantizar el desarrollo de una política pública de paz territorial y el funcionamiento del Consejo Territorial de Paz
2. Implementar acciones para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición
3. Fortalecer la política de retorno e implementar políticas y programas tendientes a la restitución
4. Desarrollar estrategias de reintegración a ex combatientes
5. Mantener e impulsar las estrategias de posconflicto en Medellín: ¡Basta Ya!, La Escombrera y garantías de no repetición
6. Avanzar en la aplicación de la política de convivencia y seguridad para Medellín
7. Profundizar las políticas y programas tendientes a la superación de la inequidad
El mismo día del evento, Gabriel Jaime Rico se excusó de no poder asistir al foro. Por su parte, Juan Carlos Vélez, informó un día antes que no asistiría pero que podía enviar a un representante suyo. La Mesa Voces de Paz no aceptó esta propuesta.
La paz es una construcción
La dinámica del foro consistió en realizar las mismas siete preguntas a todos los aspirantes, quienes respondieron con base en sus propuestas de campaña. De las intervenciones de los candidatos se pudo concluir que la paz es una construcción territorial, que se requiere diálogo social y una construcción de institucionalidad para lograrla, y que Medellín ya tiene una trayectoria recorrida, pero también tiene problemas y particularidades que es necesario atender para alcanzarla.
El trabajo de reinserción con los desmovilizados, la atención y reparación integral a las víctimas, la aplicación de los acuerdos de La Habana en la ciudad, y la disminución de la inequidad, fueron asuntos que cobraron relevancia.
En la actual administración aumentó la inequidad
Al hablar de desigualdad, Federico Gutiérrez criticó la labor de la actual administración, del alcalde Aníbal Gaviria Correa, del partido Liberal. “En estos cuatro años el presupuesto fue de 17.4 billones de pesos, una cifra histórica, y cuando uno ve el informe de Medellín Cómo Vamos, dice que aumentó la desigualdad. Eso yo no lo entiendo, creo que falta foco en las inversiones y hay que recuperar proyectos sociales que son importantes (…) Medellín tiene plata, el problema es de enfoque, y pienso que cada vez se hace más el show de cómo nos ganamos premios, pero hay que gobernar más para los de adentro que para los de afuera.”
Al respecto, Alonso Salazar expresó que la Alcaldía actual frenó varias iniciativas que traía la ciudad y que apuntaban a mejorar la calidad de vida de las personas. “En esta administración se frenaron muchos programas sociales, no se terminaron pero sí se desaceleraron, y ese ritmo no se puede perder.”
Para el candidato Héctor Manuel Hoyos, romper la desigualdad implica que la inversión se haga en las personas más que en grandes obras de infraestructura que se construyen para “embellecer la ciudad y procurar premios (…) La inversión tiene que ser en las personas, la inversión tiene que ser en educación, en empleo, en calmar el hambre.”
Víctimas requieren mayor atención
En el campo de las víctimas los cuatro candidatos expresaron su voluntad de mejorar los programas de atención y reparación integral, de continuar con iniciativas como la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera de la comuna 13 y de avanzar en procesos de memoria y verdad, como el ¡Basta Ya!
Además de lo anterior, el candidato Alonso Salazar, hizo una propuesta puntual de crear un fondo de atención a víctimas, de por lo menos 500 mil millones de pesos, destinado a apoyar los retornos voluntarios de personas que se desplazaron del campo a la ciudad, como se hizo en su momento con las familias que retornaron al municipio de San Carlos, en el Oriente Antioqueño.
Por su parte, Eugenio Prieto señaló que el foco está en pensar cómo atender, acompañar y apoyar a las cerca de 600 mil víctimas que ha registrado la Unidad Nacional de Víctimas en Medellín. “Hay que reparar y hay que garantizar la no repetición, por eso hablamos de la paz territorial, y eso implica condiciones. Entonces hay un tema de reparación, otro de no repetición y algo fundamental que es como garantizar condiciones de desarrollo en los territorios, no solo para las víctimas sino para todas las personas que allí habitan.”
Este es el documento de compromiso que firmaron los cuatro candidatos que asistieron al foro “Equidad, víctimas y paz territorial en los planes de gobierno municipal”
Acuerdos de La Habana y desmovilización: reto y oportunidad
Sobre la reinserción de combatientes, el candidato Federico Gutiérrez expresó que lo peor que podría ocurrirle a la ciudad es que se repitan los errores del proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara que operó en Medellín, dado que en éste hubo altos niveles de reincidencia.
“Lo que habría que hacer es una gran política de reinserción. (…) Yo no me imagino a los jefes de las FARC viviendo en Medellín o en una de nuestras ciudades. Yo creo que eso no va a ocurrir, creo que van a llegar muchos de estos jóvenes o muchachos que, como fue el caso del Cacique Nutibara, no tenían otra opción en la vida y tenían solo la posibilidad de empuñar un arma. Tiene que haber procesos sociales reales, mostrar otra opción de vida, para que no caigan en las redes de otras estructuras ilegales”, expresó Federico Gutiérrez.
Discrepando en una parte de esta postura, Alonso Salazar explicó que “dependiendo de los acuerdos que el Gobierno Nacional establezca con las FARC, a mí se me haría muy normal que en cualquier momento cualquiera de ellos venga a vivir en Medellín como viven también jefes paramilitares en esta ciudad, eso no puede ser la excepción, o, si no, en qué consistirá la reconciliación. (…) Si estamos pensando que la guerrilla va para un gueto estamos muertos, a ellos hay que darles la posibilidad de tener un liderazgo en la vida política, con las condiciones que establezca la negociación. Vendrán secuelas de la reinserción, pero todos los procesos de desmovilización guerrillera han tenido secuelas.”
Héctor Manuel Hoyos también criticó el proceso de desmovilización paramilitar pero aclaró que en Colombia han existido otros procesos, como el del M-19, que han aportado al desarrollo del país, e indicó que algunos de sus ex combatientes han aportado con sus ideas e incluso han hecho parte del alto Gobierno.
“Yo creo que debemos llamar las cosas por sus nombres, aquí fracasó el tema de la desmovilización de los paramilitares por intereses creados por quien lideró eso, y esta gente se fue del país, pero aquí sí se han dado procesos victoriosos de desmovilización, como ocurrió con el M-19, el Quintín Lame y el PRT”, afirmó Héctor Manuel.
Salazar Jaramillo advirtió que en Antioquia habría 1.500 guerrilleros y, una vez que dejen las armas, buena parte de esos combatientes podrían llegar a la ciudad donde deberán ser atendidos.
Eugenio Prieto, coincidió en que se deben generar condiciones para que no haya repetición pero también insistió en la necesidad de construir una cultura de paz y agregó que el pos conflicto es una gran oportunidad para superar la inequidad en Medellín, para lo cual considera necesaria la presencia integral de las instituciones en los territorios.
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Uno a uno los candidatos firmaron el compromiso de la Mesa Voces de Paz
Medellín debe enfrentar las mafias
El asunto de la desmovilización, ligado a la seguridad, entró el debate en el campo de las mafias que continúan controlando la ciudad y se perfilan como los principales generadores de violencia y vulneración de derechos humanos.
Al hablar de estas estructuras ilegales y del desafío que representan en los territorios, el candidato Eugenio Prieto planteó que sería necesaria “una política de sometimiento en el Estado colombiano. Eso se tiene que conversar y tiene que ser parte del diálogo porque ya lo intentamos hacer y recuerdo que en ese momento, en el año 2002 y 2003, el gobierno —del entonces presidente Álvaro Uribe— se cerró a que hiciéramos una política de sometimiento. [Esta política se necesita] porque quedan todas esas bandas que están alimentando a las guerrillas y los paramilitares. Pero a quienes no participen de ese sometimiento hay que aplicarles toda la autoridad del Estado.”
Alonso Salazar asegura que resolver el problema de los grupos delincuenciales implica una decisión política. “Si los grupos criminales son los principales generadores de desplazamiento forzado en Medellín, la cifra es de 50 mil desplazamientos intraurbanos en la ciudad, y muchos de esos grupos tienen cobertura política por partidos, candidatos y alcaldías vecinas —los Suárez Mira tienen abrigo para la banda “Los Triana”, que al mismo tiempo se extiende en Medellín y Bello—, ¿hacia dónde vamos? Si no tomamos las decisiones políticas reales, de separar la política y lo institucional de esos poderes criminales, yo creo que la institucionalidad flaquea.”
Para enfrentar este problema, Federico Gutiérrez plantea que la institucionalidad requiere fortalecerse y trabajar junto a la sociedad civil. “Es absolutamente necesario que en los territorios la gente se sienta tranquila para poder hablar sobre la verdad, hoy como se va a poder hablar sobre verdad sabiendo que gran parte de la ciudad la controlan los grupos armados ilegales. Yo insisto en que una de las formas para garantizar la verdad es teniendo el control territorial y ciudades seguras.”
