Artículo de opinión por Soledad Betancut Betancur, directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

El programa “Antioquia  Legal” invoca a la transparencia en las prácticas de la comunidad estudiantil (“Dilema Etico # 3”). Pero hoy proponemos al gobierno departamental, en cabeza de Sergio Fajardo Valderrama, que la perspectiva de esta estrategia se escale a ámbitos que tocan el modelo de acumulación económica y la responsabilidad del empresariado “paisa” tanto en el conflicto como en el despojo de tierras; pues es una escala que compete directamente la actuación de la Gobernación en torno a: ¿con quién se construyen alianzas para gestionar los megaproyectos.?

Dilema Puerto 1

En este ámbito tenemos algunos interrogantes: ¿Tiene preguntas la Gobernación para los empresarios señalados presuntamente de haber apoyado el despojo de tierras a través de la financiación de estructuras paramilitares? ¿Es posible reconocer y comprometerse con las víctimas y, simultáneamente, realizar alianzas público-privadas con empresarios que supuestamente financiaron estructuras paramilitares que concretaron el despojo a sangre y fuego? De esta pregunta se desprendería un dilema ético. ¿Cómo se está construyendo, en lo más estructural, el Proyecto “Antioquia legal”?

Por ello, proponemos el siguiente dilema:

Dilema Etico Estructural_Puerto Antioquia

La pregunta por el alcance que va a mostrar después de 4 años la implementación de este programa, surge a raíz del apoyo que realiza la Gobernación a la promoción del puerto de Turbo, hoy registrado como Puerto Antioquia. El proyecto se desarrollará en el corregimiento Nueva Colonia, el mismo corregimiento en el que 21 familias de la vereda la Teca esperan la restitución de sus tierras. De 160.166 hectáreas abandonadas en los municipios del eje bananero, 87.741 le corresponden al municipio de Turbo (Ver Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. “Primer informe al Congreso de la Republica”, 2014: 364)

Como se mostró en la imagen anterior, el promotor del puerto es el empresario bananero Guillermo Henríquez Gallo, apoyado por la Gobernación de Antioquia. Este hombre, según el ex comandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito”[i], aparece al menos con 10 fincas en la lista de empresarios bananeros que supuestamente financiaron las estructuras paramilitares en Urabá.

Listado de bananeros mencionados por Raúl Emilio Hasbún el 25 de enero de 2011:

Puerto Dilema 3


Estas concesiones parecen ser un jugoso negocio para el sector privado, pues una vez el promotor logra la licencia ambiental y cuenta en firme con la concesión, termina vendiéndola. En este caso, la venta se hizo a Óscar Isaza Benjumea, promotor y también dueño de puertos en Buenaventura. Lo que más llama la atención es que Turbo y Buenaventura son los dos municipios que registran más de cien mil víctimas según este mapa de la Unidad de Victimas:

Mapa Victimas Colombia_Unidad 2014(1)
Municipios de Colombia que registran más de 100 mil víctimas: Turbo y Buenaventura su población asciende a 159.268 habitantes (Turbo) y 399.619 (Buenaventura). Dato con base en proyecciones del DANE.

Una alerta adicional

Después de una transacción  gestionada por la firma  Araújo  Ibarra, y al parecer por invitación directa de Henríquez Gallo, Óscar Isaza Benjumea es hoy el dueño del 95% de la concesión portuaria. Al respecto, Isaza Benjumea afirma: “alguien le dijo a la familia Enríquez Galvis (SIC)que yo podía hacer puertos y nos ofrecieron la Sociedad Portuaria Bahía Colombia de Urabá, nosotros decidimos comprar esta sociedad que ya cuenta con licencia ambiental y concesión, registramos el nombre de Puerto Antioquia y empezaremos a construir en el segundo semestre de 2015. Iremos muy de la mano con las carreteras de la prosperidad”[ii].


Pero, ¿quién es Óscar Isaza Benjumea?

Es un Empresario nacido en Buenaventura, promotor y accionista de TCBUEN —terminal de contenedores de Buenaventura en la comuna 5 de este municipio— y otros muchos proyectos portuarios en Colombia y otros países. Según un estudio reciente (2015) realizado por La Taula Catalana per la Pau i els Drets humans a Colòmbia:

sobre el magnate portuario se ha cernido siempre un manto de sospecha por sus posibles relaciones con el paramilitarismo y por poder haber generado su fortuna gracias al narcotráfico que sale por el puerto. En junio de 2013 un mandato judicial obligó a la policía a pedirle disculpas públicas por la acusación que 16 años atrás le hizo la propia policía de ser miembro de un cartel de drogas. Rara vez ha sucedido algo parecido en Colombia donde prácticamente no existen sentencias de tipo administrativo que obliguen a una rectificación pública de actuaciones de las fuerzas armadas y policiales”[iii]. (Página 98)

Buenaventura ha sido el municipio con mayores niveles de desplazamiento forzado en los últimos años, según la Unidad de Victimas. En 2011, 20.414 personas fueron expulsados de Buenaventura; en 2012, fueron 16.227; y en 2013 fueron 20.344. Turbo además de los miles de desplazamientos históricos que ha sufrido, es uno de los municipios con más tierras despojadas en el departamento de Antioquia.

En este contexto llama la atención un informe publicado el 5 de abril de 2014 por el diario El Espectador, a propósito del  incendio ocurrido 1º de abril de 2014 en el barrio Santa Fe de la comuna 5 de Buenaventura. La pregunta es: ¿si fue algo más que una simple conflagración? “Dos rumores se escuchaban en el barrio: “fue un corto circuito” y “las bandas las quemaron para que nos vayamos del todo… Santa Fe es uno de los barrios de bajamar que han sido codiciados por la administración distrital para adelantar la ampliación portuaria de la Terminal de Contenedores de Buenaventura[iv] (TC Buen), ubicada al noroeste de la ciudad. La terminal, que según sus representantes factura cerca de $122.000 millones al año, ha buscado la expansión en los últimos cinco años”.

Así pues, el puerto de Turbo ha sido un codiciado proyecto de infraestructura para el empresariado Antioqueño. Muy posiblemente, como reportan los análisis, generara empleo en la región. Pero los campesinos a los que les ha sido arrebatada la tierra quieren ser productores autónomos más que figurar en las estadísticas de empleo del DANE. Urabá debe ser reparado colectivamente como región, como territorio. Es ya un riesgo que sobre quienes se tiene sospechas de haber financiado el despojo sean promotores y ejecutores de las obras. Será responsabilidad de los gobernantes proteger a la población, acelerar la reparación a las víctimas y garantizar la “no repetición”. Por eso, con el mismo ahínco que se promueve el puerto, se debe pedir celeridad en la restitución de tierras a los miles de campesinos despojados en Urabá.

Como planteamiento ético hay que decir que ninguna alianza publico privada debería hacerse con perpetradores y que nunca deberían hacerse sobre territorios despojados. Solo de esta manera avanzaremos hacia la no repetición del despojo y la muerte.


* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)

[i] Nubia Estela Chávez Niño,.  Fiscal 17  Justicia y Paz. Oficio No 0528 F17UNFPJYPM. Marzo 21 de 2012. Remisión Listado de Ganaderos y Bananeros. Postulado Raú Emilio, Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito. Bloque Bananero de las ACCU.”  Disponible en: http://issuu.com/las2orillas/docs/fiscal__a_documento_hasb__n?e=11180490/8183075#search. Bajado abril de 2015. Ver también El Tiempo, julio 6 de 2012. “226

[ii] bananeros y ganaderos de Urabá, en la mira por financiar a ‘paras’”. Disponible en:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12004961.

Igual ver: Empresarios señalados de financiar paras aportaron a la campaña de Uribe al Senado. (Iván Cepeda)   Junio 13 de 2014. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/empresarios-senalados-de-financiar-paras-aportaron-camp-articulo-498118

http://www.larepublica.co/con-inversi%C3%B3n-de-us350-millones-grupo-pio-iniciar%C3%A1-construcci%C3%B3n-de-un-puerto-en-antioquia_156931

[iii] Gisbert, Tomas y otros (2015).  Asedio A Las Comunidades. Los Impactos De Una Empresa Catalana, Grup TCB, En Buenaventura, Colombia. La Taula Catalana per la Pau i els Drets humans a Colòmbia. (ver página 98) Es un estudio realizado a propósito de preguntarse por la responsabilidad empresarial en la violación de derechos humanos de la empresa de Barcelona “El Grupo Terminal de Contenedores” que tiene una importante participación en la empresa portuaria Disponible en: http://www.taulacolombia.org/sites/default/files/informebuenaventura_int_act_0.pdf

[iv] El espectador. “Destierro en Bajamar”, abril 5 de 2014, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/destierro-bajamar-articulo-485127