Artículo de opinión por José Girón Sierra, analista de paz, seguridad y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
El 16 de septiembre varias entidades, entre ellas la Universidad EAFIT, la Fundación Ideas para la Paz y Medellín Cómo Vamos, convocaron un evento al cual estuvieron invitados los candidatos a la Alcaldía de Medellín. El motivo era debatir los resultados de varios estudios, sobre el tema de seguridad, realizados por estas instituciones. En dichos trabajos, aparte del análisis de la información obtenida, se formularon unas sugerencias de política pública, las cuales se esperaba fueran interpeladas por los candidatos al tenor de sus programas de gobierno.
La seguridad en general, y la urbana en particular, se ha convertido en un problema de preocupación global y mucho más en América Latina, donde no obstante las importantes mejoras en los indicadores de pobreza e inequidad, se viene presentando un incremento notable en los indicadores de violencia, según lo expresan instituciones multilaterales como el PNUD.
En Colombia el problema adquiere dimensiones especiales, pues no sólo hacemos parte de este continente sino que nos aqueja un conflicto armado de larga duración que extiende sus hilos en las conflictividades urbanas; en cuya dinámica se ha insertado desde hace rato el narcotráfico como un actor relevante. De otro lado se precisa señalar que Colombia siendo uno de los países más inequitativos en el conjunto del continente, sólo superado por Paraguay y Haití, es el país que menos ha afectado este indicador, que en algunos ítems como el agrario viene aumentando. Según un trabajo reciente de Hugo López, Colombia mantiene las tasas más altas de informalidad y de desempleo en el continente; para el primer semestre de este año, por ejemplo, se habían perdido 59.400 plazas de trabajo formal.
Es por ello comprensible que, en el proceso electoral que se lleva a cabo en el país, ocupe un lugar relevante la seguridad y lo sea también para el gobierno que, de cara al proceso de paz con las FARC en La Habana (Cuba), es bien consciente de que por lo menos el 70% de la violencia que padece el país no viene propiamente de la guerra que la insurgencia le ha declarado al Estado colombiano. Medellín ya tiene casi treinta años ocupándose del tema, pues ha sufrido el impacto, como ninguna otra ciudad del continente, de dos proceso de globalización: la globalización económica con un cambio abrupto en su modelo de acumulación, y el narcotráfico que muy rápidamente se hizo a redes globales y reeditó la práctica paramilitar que transformó de manera profunda la dinámica de la guerra. No es pues una novedad que los aspirantes a gobernar la ciudad tengan el tema de la seguridad como una prioridad, mucho más cuando la violencia desencadenada se ha transformado y depurado.
De lo que se conoce en materia de seguridad, de los aspirantes a la Alcaldía de Medellín, hay de todo: los proyectos van desde reeditar la seguridad democrática como el arma más eficaz para derrotar “al enemigo más significativo que tiene el pueblo colombiano: las FARC”, hasta quienes, con algunos matices, vienen proponiendo enfoques y estrategias que apuntan a replantear lo hecho hasta ahora pero sin desconocer lo construido.
La realidad así lo indica: hay que trascender el simplismo de que para Medellín sólo basta más policía y más tecnología. El conocimiento que han producido organizaciones sociales y la misma institucionalidad, respecto de nuestra realidad, permite imaginar que una política de seguridad debe ser consistente con su complejidad y que, por lo menos, debe considerar tres campos de intervención: la gobernabilidad, la cultura y el desarrollo.
Deseo ocuparme del tema del desarrollo pensado en términos de seguridad, pues ninguno de los programas presentados hace una referencia concreta al respecto y toda vez que, por razones que ignoro, en el evento aludido Medellín Cómo Vamos se ocupó sólo de las variables: hurtos y homicidios, omitiendo el hecho de que en la encuesta realizada sobre seguridad aparezca en los primeros lugares la demanda de empleo.
De los trabajos que en América Latina se han llevado a cabo desde el enfoque de los circuitos económicos y sus expresiones en la época en que las ideales neoliberales se han hecho dominantes, es concluyente la relación estrecha entre los circuitos económicos formal, informal e ilegal. En el proceso de integración a la economía global de los países periféricos, éste ocurre en grado importante dentro de los circuitos informal e ilegal, en el cual esa importante la masa ocupada en actividades propias de la informalidad, la cual juega un papel destacado. En un escenario de inequidades y exclusiones el tránsito de la informalidad a la ilegalidad es en extremadamente delgado, siendo la economía ilegal, que extiende sus tentáculos en la economía legal, la que se llega con mayor facilidad. Bien pudiera afirmarse en términos económicos que la base social de la ilegalidad se configura a partir de lo vulnerabilidades de que es objeto el sector informal, las cuales son aprovechadas por la ilegalidad haciendo posible la realidad de las rentas legales e ilegales.
Medellín, para no irnos muy lejos, tiene una tasa de informalidad que llega al 46.7% de la población económicamente activa, según datos del Banco de la República. Y aunque no es el porcentaje más alto, para nada debe enorgullecernos. Sólo como venteros ambulantes la ciudad tiene cerca de 36.000 trabajadores informales según la Personería, y aún no sabemos el total de personas vinculadas a las 25 modalidades hasta ahora identificadas de rentas ilegales y las 29 actividades identificadas de control social. Tampoco conocemos el número de los que de manera directa o indirecta están vinculados de las organizaciones ilegales al sector informal, pero dedicados a actividades legales. Como podrá colegirse el problema no es menor en nada parecido a la manera como aborda la informalidad la Personería para quien este problema es sólo de venteros ambulantes. Una vez más, bien vale tener en consideración el monto de estas rentas ilegales tasadas, según el periódico El Colombiano en 2013, en 700 millones de dólares al año, cifra demasiado atractiva como para abandonar fácilmente el negocio.
Contrario a lo que se afirma de que la pobreza no es causa de violencia, si es posible afirmar que existe una relación directa entre informalidad y pobreza y una relación directa de ésta con áreas generadoras de crimen y violencia. No es casual que la comuna de la Candelaria presente los mayores índices de violencia homicida y muy posiblemente las tasas más altas de extorsión.
Pensar entonces en la época actual en el diseño de una política pública de seguridad requiere mucha imaginación y creatividad. ¿Cómo disputarle no sólo por el ejercicio de la coerción el control territorial al empresarismo mafioso? y ¿cómo disputarle, mediante una política de empleo decente, esa base social —o que puede llegar a serlo— de la que se nutre ese empresarismo mafioso? Es un buen interrogante para que sea respondido por quien pretendiendo gobernar esta ciudad u otra en Colombia, aspira a no seguir haciendo un poco más de lo mismo.
* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)
