Un notable vacío en propuestas para la reparación a las víctimas, la restitución, el acceso a la tierra, el retorno, el posconflicto y el esclarecimiento de la verdad, fue lo que encontró un estudio del Instituto Popular de Capacitación (IPC) al analizar los programas de gobierno de 48 candidatos a las alcaldías de 8 municipios de Urabá. En contraste, todos los programas se la juegan ampliamente por el desarrollo. Ver estudio 

En una región como Urabá, altamente victimizada, es lamentable que los candidatos carezcan de propuestas enfocadas a reparar el daño causado y a generar condiciones para el posconflicto y la construcción de paz.

A esta conclusión llegó Diego Sierra, investigador del IPC quien coordinó el estudio, el cual será presentado este jueves 24 de septiembre en Apartadó durante el “Encuentro regional: Desafíos y oportunidades para la construcción de paz en Urabá”, convocado desde el proyecto Agendas Territoriales hacia la Paz, desarrollado por el IPC con apoyo del Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana (FOS).

Con más 427.000 víctimas, que equivalen al 68% de su población: 626.597 habitantes[i], Urabá es la región de Antioquia que registra el mayor número de víctimas del conflicto armado según datos del Registro Único de Víctimas.

Víctimas Antioquia_RUV(1)

En este contexto, el desplazamiento forzado es el hecho victimizante que más ha afectado a la región con más de 365.000 desplazados, muchos de ellos también víctimas del despojo de predios, que en Urabá supera las 150.000 hectáreas de tierras abandonas o despojadas según datos de la Fundación Forjando Futuros.

Casos como el de Turbo reflejan la magnitud del desplazamiento forzado en Urabá. En esta población, la Unidad de Víctimas ha registrado 116.954 víctimas de desplazamiento forzado, en un municipio cuya población es de 159.268 habitantes según las proyecciones del DANE para 2015.
Casos como el de Turbo reflejan la magnitud del desplazamiento forzado en Urabá. En esta población, la Unidad de Víctimas ha registrado 116.954 víctimas de desplazamiento forzado, en un municipio cuya población es de 159.268 habitantes según las proyecciones del DANE para 2015.

Pero “pese a que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue sancionada desde 2011, los programas de gobierno estudiados se enfocan mayoritariamente en brindar en acciones de prevención y atención, pero carecen de estrategias para el restablecimiento de derechos, la reparación integral y, sobre todo, para el esclarecimiento de la verdad”, advirtió Diego Sierra.

En cambio los programas si estén altamente cargados de propuestas en el campo del desarrollo, lo que, según el investigador, “no quiere decir necesariamente que ese desarrollo sea sostenible: por lo que pudimos ver esas propuestas están más basadas en la construcción de infraestructura y en el urbanismo.”

Para citar un ejemplo, en el municipio de Apartadó el estudio comparó los 9 programas de gobierno inscritos en esa población. En el tema de tierras, se encontró que ninguno tenía propuestas para problemáticas como el despojo y el retorno, y que solo uno tenía estrategias en el campo de la restitución. Mientras que en el campo del desarrollo la mayoría de programas tenía propuestas para las principales variables.

En verde los programas que tienen propuestas en las variables, en blaco los programas que tocan ligeramente alguna de las variables y en blanco las variables sin propuestas. Estudio IPC_Elecciones Urabá_2015_Agendas Territoriales hacia la Paz

De otro lado, Diego Sierra encontró debilidades en propuestas orientadas a reducir la pobreza y la inequiedad, dos temas críticos en Urabá, donde el 53,18% de la población tenía sus necesidades básicas insatisfechas, según datos del DANE del año 2011.

Se concluye entonces que avanza a pasos agigantados la promesa del desarrollo, pero no ocurrido lo mismo con la reparación al daño causado, con la superación de la pobreza, con la redistribución de la riqueza y con la restitución de la tierra a quienes les fue arrebatada; y en tanto eso no se haga, será difícil construir una paz territorial en Urabá.

Comisión de la verdad pasa de agache

Al investigador le preocupa que los candidatos y sus partidos políticos no estén sintonizados de manera suficiente con el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, pues mientras en La Habana se habla de crear una comisión para el esclarecimiento de la verdad, “en el estudio se encuentra que los programas analizados pasan de agache la comisión de la verdad.”

Algo similar ocurre en temas como la construcción de institucionalidad transicional, la cual será necesaria en caso de firmarse un acuerdo de paz entre el gobierno y la insurgencia, que dé inicio a un proceso de justicia transicional.

Datos del estudio

El estudio realizado por el IPC analizó 48 programas de gobierno de los candidatos a las alcaldías de 8 municipios de Urabá: Arboletes, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Turbo.

En el caso de los municipios Vigía del Fuerte, Mutatá y Necoclí, no fue posible obtener los programas de gobierno porque las Registradurías locales argumentaron que no tenían recursos para enviarlo ni física ni virtualmente.

En términos de partidos políticos, 42 de los programas estudiados corresponden a 12 partidos: Liberal, La U, Centro Democrático, Cambio Radical, Unión Patriótica, ASI, AICO, Opción Ciudadana, Conservador, Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo. 5 de los programas corresponden a coaliciones y 1 al Movimiento cívico por un mejor Apartado.

Ver estudio completo


[i] Gobernación de Antioquia, 2015, Informe de contexto departamental y acciones de la Gobernación de Antioquia en materia de derechos humanos, Medellín, p.41 y 42.