La importancia del arreglo es evidente. El propio Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximojefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”, viajaron hasta Cuba para hacer personalmente el anuncio del que era tal vez el tema más difícil de la agenda de negociaciones: la justicia transicional. De paso, fijaron un plazo de 6 meses para concretar la firma del acuerdo final y de 60 días, a partir de la firma de ese acuerdo, para la dejación de armas por parte de las FARC.
Para Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el acuerdo representa un gran avance porque “la justicia transicional buscar tender un puente de la lógica de la guerra a la lógica de la paz y, en esa medida, el tema de la justicia tiene que estar orientado a asegurar a ese tránsito, pero sobre la base de las garantías y los derechos de las víctimas, y ajustado al marco internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.”
Lo que anuncia el acuerdo es la construcción de una Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El sistema estará compuesto por una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz, ambos integrados por magistrados colombianos con una presencia minoritaria de extranjeros.
Bajo este marco jurídico, el Estado otorgará amnistía a los delitos políticos y conexos, pero como bien lo dijo el presidente Santos, en alocución presidencial, “hay delitos que ni nuestra Constitución, ni el derecho internacional –ni sobre todo nuestra propia conciencia–, nos permiten amnistiar o indultar.”
Delitos como los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción, agregó el mandatario.
En este asunto es donde cobra mayor fuerza el tema de la verdad, porque quienes reconozcan la verdad y la responsabilidad en los crímenes cometidos, tendrán penas de entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales; pero quiénes no lo hagan, podrán sufrirán condenas hasta de 20 años de prisión en condiciones ordinarias. La fórmula es simple: entre más se contribuya con la verdad menor es la pena.
La cárcel no es la única forma de castigo
Cuando se refiere a una restricción efectiva de la libertad para quienes contribuyan con la verdad y asuman su responsabilidad, el acuerdo de justicia transicional concretado en La Habana hace alusión a que la condena no necesariamente se purgará en una cárcel; asunto que genera polarización principalmente entre los detractores del proceso.
Sobre esta polémica, Nelson Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad de la organización De Justicia, explica que “hoy día utilizamos la cárcel como reproche: para sentar un mensaje, generar un castigo o causar un dolor. Pero deberíamos pensar si la cárcel debería cumplir o no esa función en nuestra transición y no creo que necesariamente la cárcel sea la única forma como podamos ver la justicia.”
Lo que sí es necesario en este proceso de justicia transicional, plantea Nelson Camilo, es que haya mecanismos que permitan: individualización, una forma pública de admitir las responsabilidades y un reproche social.
La responsabilización individual de quienes han participado en el conflicto, aclara, “implica que quienes quieran beneficios, o quienes quieran que la sociedad sea generosa con ellos, tienen que asumir responsabilidad.”
Y el establecimiento de una forma pública para admitir responsabilidades, es un asunto que nuevamente implica verdad, pues “se refiere a un proceso en el que la sociedad pueda ver a esa persona que busca el perdón social para que se presente y confiese. algunos casos ha habido comisiones de la verdad, en otros ha habido procesos judiciales”, argumentó Nelson Camilo.
Comisión de la verdad para todos
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acordado en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las FARC, confirma la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y anuncia “acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.”
En su intervención pública desde La Habana, alias “Timochenko” habló de una gran jornada de contrición y ratificó que “es imprescindible que el resto de actores del conflicto, tanto los que han combatido, como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin escatimar un ápice de verdad.”
Diego Herrera, destaca que “si bien ya se había hablado de una comisión de la verdad, lo que se anunció en La Habana termina dándole dientes a eso.” Y lo más importante es que tanto el tema de justicia como de verdad, cobijan a todas las partes involucradas en el conflicto: la insurgencia, el Estado, los paramilitares y otros actores de la sociedad.
Eso, afirma el presidente del IPC, elimina una distorsión muy fuerte que se estaba generando desde los opositores del proceso, quienes señalan que se está firmando una paz con impunidad. Con este sistema de justicia, “esa postura se desdibuja y se da un mensaje a la sociedad de que efectivamente no va a haber impunidad y de que habrá unos mecanismos de tasación de las pernas según el cumplimiento en cuanto a los mecanismos de verdad y reparación a las víctimas.”
El mismo Presidente, Santos, fue enfático en decir que este sistema no era exclusivo para las FARC y que los miembros del Estado, especialemente los de la Fuerza Pública, que hayan cometido delitos durante su participación en el conflicto, podrán someterse a esta justicia transicional. «Como siempre les dije a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, no hay ninguna posibilidad de que haya un tratamiento especial de justicia para las FARC si no hay –al mismo tiempo– un tratamiento que puede ser diferenciado, pero simultáneo, equitativo y simétrico, para nuestros militares y policías.»
Puede decirse que, de firmarse el acuerdo final entre el Gobierno y la insurgencia, Colombia entera asistiría más que a un proceso de justicia transicional a un proceso de develación de la verdad, sobre lo que ha ocurrido en este país para que el conflicto armado se haya prolongado por más de medio siglo.
