Amenaza a Pascual Gaviria y Prensa Rural: persiste la violencia política y el riesgo electoral

Las amenazas de muerte a Pascual Gaviria, periodista del programa La Luciérnaga de Caracol Radio y columnista del periódico El Espectador; y a la Agencia de Prensa Rural, medio alternativo del sector rural colombiano, ponen en evidencia el alto riesgo electoral por agresiones a la prensa y el uso reiterado de la violencia política en Colombia.

El tema es bastante sensible para la libertad de expresión y de prensa, pero también debe serlo para el ejercicio de la democracia, la participación ciudadana en los debates públicos y la garantía del derecho a la oposición.

Y en medio de un proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el asunto adquiere mayor relevancia si se considera que el segundo punto de la agenda de negociaciones en La Habana trata sobre la participación política; lo que pone a este derecho no garantizado como una de las causas que ha dado origen y continuidad a medio siglo de conflicto.

“El tema de la paz genera en Colombia polarización, gritos e insultos.” Afirma el mismo Pascual Gaviria en una columna escrita en su blog Rabodeají, donde reveló detalles de la amenaza en su contra.

Acto seguido, reconoce que ha sido defensor del proceso de paz y concluye que “las elecciones regionales siempre tensan el ambiente político hasta el borde de la agresión física.”

En su caso personal, la agresión llega luego de que Pascual Gaviria denunciara presiones electorales de la Universidad de Medellín —de corriente Liberal— a estudiantes, docentes y trabajadores; y además cuestionara públicamente al candidato Liberal a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, por sus “conocidas pifias” como Alcalde de Medellín y por “sus mentiras y su oportunismo como candidato oscuro y perenne.”

En esta ocasión se trata de la amenaza a un periodista reconocido públicamente por su participación en medios masivos de comunicación. Pero, como él, al menos 73 periodistas en Colombia han sufrido algún tipo de agresión durante el actual proceso electoral, reveló la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP) que rechazó la amenaza contra Pascual Gaviria.

El 25 de septiembre, un mes antes de las elecciones, la FLIP reportó que 46 municipios estaban en riesgo electoral y señaló que Antioquia era el departamento con más agresiones. Según Jonathan Bock, miembro del área de monitoreo y protección de esa fundación, de las 73 agresiones a periodistas ocurridas en Colombia durante el actual proceso electoral, 7 han sucedido en  ese departamento.

Comparado con las elecciones presidenciales de 2014, cuando la FLIP registró 6 agresiones en el país, el ambiente actual es de mayor riesgo. Para Jonathan Bock esto se debe a “los intereses en las campañas locales que generan mayor tensión y zozobra.” Además a que estos comicios involucran más cubrimiento por parte de los periodistas de las regiones.

Además, el grupo paramilitar Águilas Negras incluye a varios líderes de la Cumbre Agraria en la lista
Además, el grupo paramilitar Águilas Negras incluye a varios líderes de la Cumbre Agraria en la lista

Y es el ámbito regional, y específicamente en el debate sobre la paz y el desarrollo rural del país, donde se enmarcan las amenazas de muerte contra la Agencia Prensa Rural y contra varios líderes sociales del movimiento Cumbre Agraria, la Guardia Indígena y la Central General de Trabajadores.

La amenaza es firmada por el grupo pos paramilitar de las Águilas Negras que, según publicó Prensa Rural, “se pronuncia contra el proceso de paz, contra la voluntad de las mayorías de acabar con el conflicto armado y hace un llamado a recomponer las filas del paramilitarismo.” El panfleto llegó por medio de correo electrónico desde la cuenta libertarioscolombia@gmail.com el pasado martes 6 de octubre a las 8:33 p.m.

“Este pasquín llega preciso en momentos en que el Centro Democrático ha lanzado una campaña furiosa de desprestigio contra el proceso de paz y cuando su líder Álvaro Uribe Vélez ha sido llamado por la Fiscalía a responder por la masacre de El Aro, en Ituango, ocurrida cuando era él gobernador de Antioquia y en la cual paramilitares, presuntamente transportados por un helicóptero de la Gobernación, asesinaron en 1997 a 15 campesinos, con complicidad del ejército”, indica en su denuncia el medio alternativo.

Estas situaciones dejan la pregunta sobre ¿qué tan estrecha continúa siendo la relación entre la ilegalidad y algunos sectores políticos que, en el escenario actual, se disputan el poder local e incluso se oponen a la construcción de paz?

Lo que conlleva a preguntar si ¿Será posible terminar con el uso de la violencia como práctica para obtener fines políticos y truncar la participación de otros? Este no es un desafío menor, si se tiene en cuenta que en Colombia dicha estrategia ha sido reencauchada a través de la historia, desde la guerra entre liberales y conservadores hasta el paramilitarismo y las guerrillas.

En medio de este ambiente, con unas elecciones marcadas por el proceso de paz con las guerrillas, vienen a la memoria acciones como la masacre de la Unión Patriótica, el homicidio de Luis Carlos Galán, el asesinato de Jaime Garzón, los crímenes contra el movimiento de derechos humanos, por mencionar algunos casos.

Memorias que deberían incomodar y mover a la sociedad en la exigencia de separar la ilegalidad de la política, en particular en las actuales elecciones; asunto que resulta primordial para la libertad de prensa, para la democracia y para la paz. De lo contrario podríamos estar avocados a repetir la historia.