“Las víctimas de desaparición han vivido en el desamparo en este país.” De esa forma lo reconoció el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, durante el conversatorio: ¿Qué se está acordando en La Habana?, realizado en el Museo Casa de la Memoria de Medellín.

El funcionario anunció que este panorama comenzará a revertirse con la creación de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia, la cual se desprende de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC en el punto de víctimas.

Sergio Jaramillo expresó que “el fin del conflicto no es solo poner fin a una amenaza militar, es poder dar respuestas a las personas sobre qué fue lo que pasó y, en primer lugar, darles repuesta a las familias de los desaparecidos”; asunto que catalogó como una obligación moral y a su vez legal desde el Derecho Internacional Humanitario.

Los anuncios fueron ratificados este miércoles 28 de octubre en la reunión de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la cual hacen presencia el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora; el director de Medicina Legal, Carlos Valdéz; el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera; el Fiscal (e), Jorge Perdomo; y Janeth Bautista, en representación de las víctimas.

Luego del encuentro, el Alto Comisionado de Paz informó que “las FARC se comprometieron a entregar los restos de las personas que murieron en su poder». Y agregó que no es necesario esperar a un acuerdo final para comenzar a buscar a los desaparecidos.

La comisión de búsqueda tendrá cuatro meses plan para intensificar acciones de búsqueda e identificación. Al respecto, el director de Medicina Legal informó que, junto a la Fiscalía, ya se estableció una Unidad de Criterios y Estándares para buscar los cuerpos de personas no identificadas.

Unidad de especial búsqueda será extrajudicial

La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tendrá por supuesto un carácter humanitario, pero también extrajudicial, sin que esto niegue o impida el trabajo de la justicia, aclaró el Alto Comisionado de Paz.

Al darle una naturaleza extrajudicial, lo que se espera es agilizar la búsqueda de desaparecidos y facilitar que las personas brinden información con mayor tranquilidad.

“La única misión —de la Unidad— es encontrar a los desaparecidos, en su defecto a los restos de esos desaparecidos o, en su defecto, la mejor información posible”, sentenció Sergio Jaramillo.

Una de las características principales de este proceso, será la participación de las víctimas y de las organizaciones de víctimas, quienes podrán participar del proceso de búsqueda, identificación y entrega digna de restos.

La unidad tendrá además un enfoque territorial y hará trabajo de campo para recopilar información de las personas y comunidades y para adelantar búsquedas en terreno.

“Esta unidad debe ser de alto nivel, tiene que tener la capacidad y el peso político para empujar a todas las instituciones y al sistema hacia esos resultados, que deben tener todos los recursos humanos, materiales, necesarios”, concluyó el Alto Comisionado de Paz.

Finalmente, hay que decir que serán tres, las tareas centrales que tendrá esta institución: establecer el universo de personas desaparecidas, centralizar la información, del Estado, de quienes participaron en las desapariciones, de las familias y comunidades; y, obviamente, encontrar a los desaparecidos.

Las cifras no cuadran

Al 01 de octubre de 2015, el Registro Único de Víctimas en Colombia tenía registradas 159.615 víctimas de desaparición forzada en Colombia, de éstas más de 45.500 son víctimas directas y más de 114.000 indirectas. En Antioquia el RUV reporta 38.430 víctimas de este hecho victimizante.

Pero en Colombia existen varios registros de víctimas de desaparición, cuyas cifras no concuerdan. De acuerdo con las fuentes consultadas por el ¡Basta Ya!, las organizaciones de Derechos Humanos ASFADDES, CINEP, Comisión Intereclesial Justicia y Paz, Colombia Nunca Más y cooperación Estados Unidos-Unión Europea, han documentado 5.016 casos de desaparición en el país.

“Si se consideran los casos registrados por las organizaciones de Derechos Humanos y de familiares de desaparecidos,[1] las víctimas de desaparición forzada superarían las cifras del RUV para el periodo 1970-1990. En ese lapso, los primeros dos grupos reportan 2.436 desaparecidos, mientras que el RUV registra 693 casos entre 1985 y 1990. Esta diferencia obedece, en gran medida, a la delimitación temporal de las coordenadas establecidas por la Ley 1448 del 2011 frente a hechos de violencia ocurridos a partir del 1º de enero de 1985. Esto sugiere que existen por lo menos 2.000 desaparecidos cuyos casos deben ser verificados y evaluados para definir su inclusión en el RUV durante el periodo 1970-1990.” (CNMH. 2013. P. 58)

Además de los datos de las organizaciones de Derechos Humanos y familiares de las víctimas, el país cuenta con “el Registro Nacional de Desaparecidos que hasta noviembre de 2011 reportó 50.891 casos, de los cuales se presume que 16.907 corresponden a desapariciones forzadas, mientras que el RUV registra —hasta ese momento— 25.007 personas desaparecidas forzosamente como producto del conflicto armado.” (CNMH. 2013. P. 58)

Lo anterior permite establecer que no hay un dato consolidado sobre el número de víctimas de desaparición en Colombia, en parte debido al subregistro que ha existido en torno a este hecho victimizante y a la misma continuidad del conflicto que obstruye la búsqueda y la denuncia. De ahí que la primera tarea de la unidad especial sea establecer el universo de víctimas de desaparición.

Colombia sobrepasa el drama de América Latina

El informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica dice que la magnitud de la desaparición en Colombia “solo puede comprenderse cuando se constata que tal delito rebasa lo ocurrido en las dictaduras militares del cono sur de América Latina: 485 desapariciones forzadas en Paraguay entre 1958 y 1988; 979 en Chile entre 1973 y 1990; y cerca de 9.000 en Argentina durante la dictadura militar entre 1976 y 1983.” (CNMH. 2013. P. 58)

Esto quiere decir que Colombia con 45.000  víctimas directas de desaparición forzada supera con creces lo ocurrido en Paraguay, Chile y Argentina.

“Hace unos días la BBC titulaba que Colombia era la democracia con el mayor número de desaparecidos en América Latina”, comentó el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. “Eso no nos puede sorprender, cuando hemos tenido el conflicto más largo y más cruento del continente. Las cifras de desaparición se intensifican a la par que se intensifica el conflicto. En los años 1998, 1999, 2000 y 2001 tuvimos un número descomunal de desapariciones.”

El funcionario agregó que este crimen de lesa humanidad ha sido cometido por todos los actores del conflicto por lo que existen casos de víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado; casos ocasionados por las guerrillas, como situaciones de niños reclutados sin conocimiento de las familias; y casos de grupos paramilitares.

De los 5.016 casos documentados por las organizaciones de Derechos Humanos, “se logró establecer al presunto autor en solo 689 casos. De este total, 290 fueron desaparecidos por miembros de la Fuerza Pública, lo que corresponde al 42,1%; 246, lo fueron por grupos paramilitares, lo que equivale al 41,8%; 137 desapariciones, es decir el 19,9%, fueron atribuidas a otros grupos armados; y finalmente 16 o el 2,3% del total fue atribuido a las guerrillas.” (CNMH. 2013. P. 37)

La mayoría de estas víctimas llevan décadas en el extravío, pues, “a pesar de los esfuerzos heroicos de los fiscales, no se puede decir que la institucionalidad haya buscado a los desaparecidos de una manera decidida”, expresó Sergio Jaramillo. Pero, por fin pareciera haber llegado el momento para poner fin a este drama.

[1] ASFADES, Familiares Colombia, Fundación Nidia Erika Bautista, CINEP, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Proyecto Colombia Nunca Más.

  • GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.