Los balances, presentados en Medellín el 10 de diciembre de 2015, fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, dejan claro que los actores armados, legales e ilegales, continúan vulnerando los derechos de la población civil, pero también ponen en evidencia el papel que vienen jugando algunas empresas y políticas de gobierno en estas vulneraciones.
El informe, titulado Entre el sueño de la paz y la continuidad de la guerra, pretende hacer un balance de la situación en Antioquia, ocupándose no sólo de los derechos civiles y político sino también de temas como el derecho a la ciudad o los problemas minero energéticos y el territorio.
Ejército es el principal agresor de los defensores de DD.HH
El informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos Humanos en Antioquia, presentado por la Fundación Sumapaz, indica que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2015, ocurrieron en el departamento 178 agresiones a defensores y líderes sociales; siendo la amenaza individual (43 casos) la principal agresión, seguida del desplazamiento, el hostigamiento y la judicialización.
“En los cinco años de gobierno del presidente Santos en la región se han presentado 1.553 agresiones a los defensores de derechos humanos y de esa situación tenemos que registrar este año el homicidio de 12 de ellos”, indicó José Girón.
Para el vocero de la CCEEU la estadística es preocupante “porque demuestra que la actividad de defensores y defensoras sigue siendo peligrosa, incomoda a diferentes sectores de la sociedad e inclusive incomoda al establecimiento, buena parte de las agresiones de carácter verbal o estigmatización que sufren los defensores proceden del Estado.”
Entre los presuntos responsables el informe identifica al Ejército como principal generador de las agresiones contra defensores en el año 2015, seguido de los grupos paramilitares y de la Policía. Pero en este asunto se debe mencionar que en 70 casos no se logró establecer un responsable.
Lo que más preocupa sobre la situación de los defensores, es que la mayoría de agresiones ocurridas hasta ahora están en una absoluta impunidad, advirtió José Girón, al destacar la importancia que tendría en este ámbito la Mesa Territorial de Garantías en Antioquia, instalada ese 10 de diciembre de 2015 en Medellín.
En el ámbito territorial, se destaca la situación del Nordeste antioqueño, donde en lo corrido de 2015 han ocurrido 13 agresiones contra líderes campesinos de la corporación Cahucopana; así como el contexto del corregimiento San José de Apartadó en el Urabá antioqueño, donde la organización Acasa reportó 16 agresiones. Ambos territorios tienen capítulos especiales en el informe de la CCEEU.
Zonas mineras tienen los mayores problemas de violencia
En 2014, los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño y los dos municipios mineros del Nordeste: Segovia y Remedios, reportaron el 41% de las víctimas de desplazamiento en Antioquia. La problemática no sólo está ligada al conflicto, también está relacionada con la entrega masiva de títulos mineros a grandes empresas nacionales y multinacionales como parte de la política minera del Gobierno Nacional.
De esa forma lo planteó el informe: Derechos humanos, territorio y empresas, tensiones y retos del posconflicto en Antioquia, presentado por el Observatorio de Derechos Humanos, Desarrollo e Institucionalidad del IPC, apoyado por Misereor.
Soledad Betancur, directora del observatorio del IPC, explicó que “la especialización de la actividad minera de ese territorio ha estado disputada no solo por actores ilegales sino también por actores legales. Y estoy hablando en Bajo Cauca de Mineros S.A., y en el Nordeste de Gran Colombia Gold, dos grandes empresas a las que el Estado inclusive les regaló títulos de la época de la corona.” En el caso de Mineros S.A., la empresa tiene el 40% de los títulos en Bajo Cauca, equivalentes a 120 mil hectáreas.
En medio de esa disputa, advirtió Soledad, “están los mineros ancestrales y los mineros informales que, desafortunadamente, han sido asociados y tratados como criminales por la política, y expulsados de esos territorios, mientras a las grandes empresas se les entregan los títulos mineros.”
La investigadora recordó el caso de Segovia, donde más del 90% de las personas viven de la minería y donde a más del 86% de los mineros informales se les han negado los títulos mineros. Allí, la Procuraduría ordenó el cierre de 15 minas, lo que dejaría sin empleo a unos 4 mil mineros. Situación a la cual se suma el asesinato de 5 trabajadores mineros en los últimos dos meses.
Precisamente, el informe advierte que las subregiones mencionadas presentan las tasas más altas de homicidios en Antioquia: 71,93 muertes violentas por cada cien mil habitantes en Bajo Cauca y 63,25 en el Nordeste, para el año 2014.
Por eso, Soledad concluye que “es inexplicable que donde están las empresas formales, donde está la fuerza pública —con batallones energéticos que protegen a esas grandes empresas—, se estén dando el número de violaciones de derechos humanos que se están dando, y que los trabajadores ancestrales de esos territorios estén siendo expulsados, revictimizados y negándoles su derecho al territorio.”
Madres, habitantes de calle y trabajadoras sexuales: principales víctimas de feminicidios
Entre enero y noviembre de 2015 ocurrieron en Medellín 39 feminicidios, reportó el Análisis de la violencia feminicida neoliberal en Medellín, presentado por la Red Feminista Antimilitarista, que llamó la atención por el aumento en los asesinatos de mujeres mayores de 45 años.
Estos homicidios, indicó el estudio, están relacionados directamente con la expansión del control de las mafias en territorios rurales periféricos y corregimientos de la ciudad de Medellín como Santa Elena.
Isabel Agudelo, investigadora de la red feminista, “los feminicidios se han presentado en los territorios donde hoy está con más fuerza el proyecto neoliberal, como la Comuna 10 (centro de Medellín) donde las principales víctimas son trabajadoras sexuales que además están en este momento gobernadas por proxenetas y mafias.”
La investigadora también advierte que la Fuerza Pública tendría responsabilidad en algunas de las agresiones contra las mujeres: “Hay denuncias de asesinatos de transgeneristas, en el contexto de cobros de vacuna de todos los sectores incluyendo la Fuerza Pública, y de habitantes de calle que, como sabemos, hoy a la ciudad no le interesa tener gente que le parezca negativa y prefiere desaparecerla o asesinarla.”
Al respecto, el informe revela que el 50% de las víctimas de feminicidios corresponde a trabajadoras sexuales, habitantes de calle e incluso a madres de familia, estas últimas afectadas principalmente por fenómenos como la extorsión y los pagadiarios, principalmente en las comunas 5, 6, 13, 10 y 8.
El otro 50% de las víctimas son mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En este punto, el informe encontró que la mayoría de estos crímenes ocurren cuando las mujeres intentan separarse de sus compañeros sentimentales o cuando se disputan la custodia de sus hijos e hijas.
Pero además, la investigación estableció que la mayoría de los hombres feminicidas trabajan o trabajaron con grupos militarizados, bien sea al servicio de las mafias, paramilitares o la Fuerza Pública.
