De izquierda a derecha: Óscar Zapata, Acasa; Rene Jaramillo, abogado defensor; Fernando Quijano, Mesa de Garantías Antioquia.

Asesinatos, amenazas, desplazamientos y persecución judicial, son las agresiones más comunes a los habitantes del corregimiento San José de Apartadó en el Urabá Antioqueño. Líderes campesinos aseguran que hay connivencia entre el Ejército y las Autodefensas Gaitanistas.

La denuncia fue hecha por voceros de la Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasa), organización que en 2015 documentó 180 violaciones a los derechos humanos en ese corregimiento y que da cuenta de 4 civiles muertos, en los últimos tres años, por combates entre grupos armados.

Entre las agresiones se resalta el desplazamiento de 47 familias de la vereda La Esperanza, denunciado por Acasa en diciembre de 2015, luego de que los Gaitanistas amenazaran con asesinar a varios líderes.

En San José de Apartadó hacen presencia la guerrilla de las FARC, la Fuerza Pública y las Autodefensas Gaitanistas. Los tres grupos han cometido violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en  la zona, indicó Óscar Zapata, vocero de la asociación.

“Hemos denunciado públicamente esa situación y lo que nos preocupa es que, a partir de esas denuncias que hemos instaurado ante las instituciones del Estado, se han venido una serie de persecuciones políticas contra líderes defensores de derechos humanos como el señor Arley Cartagena y la líder comunal Laura Cataño, entre otros”, denunció Zapata.

La situación ha sido puesta en conocimiento de la Procuraduría, la Fiscalía y otras instituciones, pero sólo la Defensoría Regional ha atendido el llamado de los campesinos para verificar su situación.

Tras denunciar, líderes están siendo perseguidos

A la fecha, son seis los líderes campesinos detenidos por las autoridades acusados de rebelión, narcotráfico y terrorismo, explicó José René Jaramillo, abogado defensor de Acasa. Los fundamentos de estas capturas, aclaró el juristas, se basan en declaraciones de desmovilizados que viven en el interior de la Brigada XVII del Ejército.

“En el proceso pudimos ver que hay pendientes otras 20 órdenes de captura contra campesinos, en su mayoría líderes comunitarios pertenecientes a la asociación campesina de San José de Apartadó”, reveló el abogado.

José René Jaramillo aclaró que estas detenciones comenzaron después de que la comunidad denunciara que la Fuerza Pública estaba violando el Derecho Internacional Humanitario y el Código de Infancia y Adolescencia, al realizar en el corregimiento acciones cívico-militares con niños, niñas y adolescente; y al tener dos bases a escasos metros del caserío donde habita la población civil.

Estas denuncias obligaron a la reubicación de una base militar que ya había sido objeto de un hostigamiento de la guerrilla de las FARC, el 9 de junio de 2015, en el cual resultó herida una mujer en medio del fuego cruzado con la fuerza pública. Enfrentamientos dejan una campesina herida en San José de Apartadó

Luego de que la base fuera reubicada, en diciembre de 2015 se desarrolló la operación Serranía en la que fueron capturados Arley Cartagena y Laura Cataño, quienes lideraron las denuncias contra la Fuerza Pública. Posteriormente, en enero de 2016, es detenido el líder Juan Bautista Celada Goez junto a otros dos campesinos de Acasa. Y en febrero del mismo año, se captura a otro miembro de la asociación, presidente de una Junta de Acción Comunal.

“Todo esto es el intento de acallar la voz de esos campesinos que están exigiendo derechos que son constitucionales, legales, y es una especie de retaliación de la Brigada XVII por las denuncias que se hicieron y por la reubicación de la base militar”, concluyó el abogado Jaramillo.

Además de lo anterior, “el coronel, Germán Rojas, Díaz, en las emisoras locales e incluso en Teleantioquia, menciona que las labores que nosotros hacemos como defensores de derechos humanos obedecen, según él, a las políticas del V Frente de las FARC”, denunció Óscar Zapata.

Estos señalamientos, agregó el líder, ponen en peligro a los integrantes de la asociación y dan origen a más persecuciones políticas.

Paramilitares siguen en la zona: dudas sobre operación Agamenón

San José es un corregimiento del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, con una extensión aproximada de 365 kilómetros cuadrados, conformado por 32 veredas en las que habitan alrededor de 7 mil personas.

En ese territorio, dice Óscar Zapata, hay yacimientos de carbón, petróleo y Coltán que, por las condiciones de conflicto armado, no han podido ser explotados por las multinacionales. Para el líder campesino, la oleada de agresiones y la incursión de los paramilitares podrían estar relacionados con esa riqueza mineral.

Desde 2011 la Asociación Campesina de San José de Apartadó advirtió sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas en ese corregimiento del Urabá antioqueño y denunció la presunta connivencia de ese grupo posparamilitar con algunos miembros de la Brigada XVII del Ejército, de la que fuera comandante en los noventa el exgeneral Rito Alejo del Río, condenado por vínculos con el paramilitarismo.

Para Óscar Zapata “todavía existe el fantasma de Rito Alejo del Río dentro de la Brigada XVII y otras instituciones del Estado.” Lo dice porque la captura de César Daniel Anaya Martínez, alias “Tierra”, en 2014, reveló que Los Gaitanistas pagaron cerca de 13 mil millones de pesos en sobornos a autoridades de Urabá, entre concejales, miembros de la fuerza pública y funcionarios.

Serían más de 600 personas las que harían parte de la nómina paralela de los Gaitanistas, también conocidos como Los Urabeños o Clan Úsuga. Así lo pudieron establecer las autoridades al indagar los documentos contables que le fueron hallados a alias “Tierra” al momento de su captura.

Para el líder de Acasa la connivencia entre paramilitarismo y fuerza pública continúa siendo evidente; pese a que en Urabá se desarrolla la Operación Agamenón, que inició en enero de 2015 con el objetivo de capturar al máximo jefe de las Autodefensas Gaitanistas, Juan de Dios Úsuga David, alias Otoniel.

Según Óscar, aunque en esta operación participan más de 1.200 miembros de la Fuerza Pública, los paramilitares continúan intimidando a la población y moviéndose por San José de Apartadó, principalmente en límites con el municipio de Turbo y con el corregimiento Nuevo Antioquia.

Al respecto, Fernando Quijano, miembro de la Mesa de Garantías en Antioquia, expresó que la operación Agamenón “ha venido causando el repliegue estratégico de Los Gaitanistas que se han extendido hacia San José de Apartadó a un lugar donde ni siquiera las operaciones militares llegan. Pareciera ser que, en esa zona, un sector de la fuerza pública viene ejerciendo el papel de protección y permitiendoles la expansión hacia territorios donde también ha hecho presencia la guerrilla de las FARC.”

En medio de estas agresiones y de la falta de protección por parte de las autoridades, el principal temor en San José de Apartadó, advierte Óscar Zapata, es que surja un nuevo conflicto que genere más victimizaciones entre la población civil.

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