Cerca de 60 hombres armados con palos y machetes llegaron en la mañana de este martes 23 de febrero hasta la vereda Guapá León del municipio de Chigorodó, para desalojar por la fuerza a un grupo de 104 indígenas, entre ellos 73 niños y niñas, que retornaron a la zona sin acompañamiento institucional.

La denuncia fue hecha por Robin Domicó, líder de los nativos, quien relató que “los vaqueros de Jaime Uribe se metieron a desalojar a la comunidad indígena que estaba en Guapá León. Hay aproximadamente 60 personas desalojando a los indiecitos y quemándoles los ranchos; los han agredido con garrote”, denunció Róbin Domició, líder de los nativos.

Además de esto, los hombres estarían quitándoles los celulares a los indígenas para impedir que graben lo que está sucediendo. Hasta ahora a 8 personas les habrían arrebatado sus teléfonos.

El predio que reclaman los indígenas, actualmente estaría en poder del empresario Jaime Uribe, cuyos capataces y administradores serían quienes están llevando a cabo el desalojo, agregó Robin Domicó.

“Estaba el comentario de que en cualquier momentico iban a llegar y mire que ya llegaron hoy. Necesitamos que se hagan presentes las autoridades para que detengan ese desalojo”, solicitó el indígena.

Esta no es la primera ocasión en que un ejército privado desaloja de manera violenta a reclamantes de tierras en Urabá; el 10 de febrero de 2015, un grupo de al menos 80 hombres a caballo, algunos de ellos encapuchados, atacó a 14 familias reclamantes que habían retornado sin acompañamiento institucional al corregimiento Nuevo Oriente del municipio de Turbo. Algunas de esas personas, que reclaman predios en la hacienda Monteverde del empresario Fabio Moreno, fueron golpeadas y sus viviendas destruidas.

Ese día se reportó la desaparición de la líder de reclamantes Beatriz Elena Mestra, quien fue hallada a la mañana siguiente, en un potrero cerca de una quebrada, luego de un operativo de búsqueda de las autoridades.

Autoridades iniciaron desalojos pero fueron suspendidos

Desde el pasado lunes 15 de febrero, los indígenas de Guapá León habían denunciado la posibilidad de un desalojo, en esa ocasión en cabeza de las autoridades del municipio de Turbo y el ESMAD de la Policía.

Ese día se hizo el desalojo de dos predios: Nueva Esperanza y Esperancita, en el corregimiento Blanquicet del municipio de Turbo, en el sector de la vía Panamericana, confirmó el Secretario de Gobierno de Turbo, Emélides Muñoz.

“Fue un desalojo tranquilo, se tardó porque se realizó en zona rural pero se lograron los dos propósitos: uno, el desalojo y entregarles las tierras a los propietarios, y el otro reubicar a las personas en albergues o donde familiares”, explicó el Secretario de Gobierno.

Los desalojos, añadió el funcionario público, se iniciaron a partir de querellas interpuestas por los empresarios que actualmente poseen esas fincas.

En total, las autoridades de Turbo tienen programados 32 desalojos de reclamantes que han retornado a predios en los corregimientos Macondo, Blanquicet, Lomas Aisladas y Nuevo Oriente, reveló el inspector de Currulao, corregimiento de Turbo, Iván Vélez Durango.

El inspector manifestó que “esos desalojos son producto de invasiones ocurridas en el sector de La Panamericana del municipio de Turbo. Esas invasiones son producidas debido a que no han salido los fallos de restitución y entonces hay personas que están ingresando a los predios.”

Robin Domicó expresó que  los indígenas retornaron porque sus familias están sufriendo necesidades y aún no les han restituido la tierra. “Yo no les dije que retornaran pero tampoco les puedo impedir que lo hagan, entonces tengo que acompañarlos para que no les pase nada”, anotó el líder nativo.

Franio Domicó, uno de los indígenas que retornó, asegura que el predio que reclaman les fue arrebatado durante la violencia paramilitar y agrega que allí fue asesinada en 1996 Deyanira Domicó, la madre de los indígena. A raíz de la violencia y la muerte de otros familiares, la comunidad tuvo que salir desplazada del lugar y ahora ha decidido retornar para esperar allí el fallo de restitución.

Para Martha Peña, coordinadora del proyecto Agendas Territoriales de Paz desarrollado por el IPC en Urabá y Bajo Cauca, esta situación se viene agravando desde el año 2015 cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció un plan con las zonas priorizadas para la restitución de tierras en Colombia, en el cual no se incluyó a Urabá.

“Eso extraña porque el norte del país, tanto en el Cesar como Montes de María y Urabá, es la zona más neurálgica para la restitución de tierras y de hecho se venían presentando muchos retornos, porque hay que recordar que se está cumpliendo la mitad del periodo de la ley y las cifras de restitución ni siquiera alcanzan el 10% de hectáreas restituidas, entonces hay una desconfianza muy grande de los campesinos de que el Gobierno si vaya a cumplir con lo que prometió en la ley. Y cuando descaradamente se sacó a la región de la prioridad, eso puede haber alentado a los despojadores a que inicien procesos de mucha agresión con los campesinos que han venido retornando.”

Peña Duque agrega que en la región “ha habido alcaldías como las de Turbo y Mutatá que han avalado las solicitudes de desalojo que en muchos casos vienen de los empresarios acusados de despojo.”

Desde la semana pasada los otros desalojos que tenían previstos las autoridades del municipio de Turbo fueron suspendidos por decisión de la Policía que requería efectivos para asuntos de orden público, pero tal parece que los empresarios decidieron usar la fuerza por cuenta propia lo que, por la historia de paramilitarismo y grupos de autodefensa, tiene una connotación muy fuerte en Urabá.