Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC)
Comunicado a la opinión pública
09 de marzo de 2016
Medellín
El día lunes 7 de marzo de 2016, a las 6:00 p.m., en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, fue asesinado William Castillo Chima, Defensor de Derechos Humanos, miembro fundador de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó –Aheramigua-, integrante del movimiento político Marcha Patriótica y Cumbre Agraria. Este hecho se presentó luego de haber salido de una reunión en las instalaciones de la Alcaldía de dicho municipio.
El Instituto Popular de Capacitación –IPC- lamenta profundamente la pérdida de este líder social, y expresa su solidaridad con familiares, amigos y con toda la organización social y comunitaria afectada por el asesinato de William.
Es indispensable que las autoridades públicas tomen las medidas necesarias para garantizar la integralidad de los derechos de la población sometida al control de los actores armados ilegales y a la crisis humanitaria que están padeciendo, así como realizar todas las acciones tendientes a evitar un nuevo caso de impunidad contra un integrante del movimiento social. Hacemos un llamado a los gobiernos nacional, regional y local para que atiendan de manera prioritaria la grave crisis humanitaria que se presenta en el Bajo Cauca antioqueño, en particular en el corregimiento Puerto Claver del municipio de El Bagre, con especial atención de la población que se encuentra desplazada forzadamente de sus territorios, así como confinada; y así mismo que se adopten las medidas de protección adecuadas para asegurar la vida e integridad de los líderes y lideresas que desde la civilidad se movilizan en aras de la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Por ello, el IPC rechaza este asesinato, el cual se suma a una serie de actos de violencia contra la población civil, líderes y lideresas sociales y organizaciones comunitarias en general, quienes vienen siendo afectadas por el accionar de estructuras armadas paramilitares pos desmovilización, así como por la confrontación entre éstos y otros actores armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Fuerza Pública, quienes desde hace varios meses se encuentran trenzados en una disputa territorial por el control del corregimiento Puerto Claver del municipio de El Bagre, el cual les resulta de un alto valor estratégico en términos militares y económicos.
Pero más allá de esta coyuntura particular de disputa territorial, es necesario en primer lugar, realizar un balance sobre los resultados de los procesos de desarme, desmovilización y reinserción –DDR- de las estructuras paramilitares en el marco de la Ley 975 de 2005, pues desde hace varios años resulta evidente la pervivencia y reorganización de estas estructuras pos desmovilización en varios territorios del departamento de Antioquia. En el caso del Bajo Cauca, la presencia consolidada (después de varias confrontaciones) de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —también conocidas como Urabeños o Clan Úsuga— herederos de las estructuras paramilitares Bloque Central Bolívar y Bloque Mineros.
En segundo lugar, sobre la delicada crisis humanitaria que se presenta en el municipio de El Bagre, no solo por el asesinato del líder William, sino además por toda una serie de hechos violentos que desde mediados del 2015 diferentes autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado, derivados de la intensificación de los enfrentamientos entre actores armados por la disputa del territorio, afectando a la población civil con hechos tales como: desaparición forzada (en dos veredas dos hombres de 84 y 20 años), asesinatos, confinamientos o desplazamiento forzado (de 570 personas que conforman 193 familias de las veredas La Llana, Moqui, La Primavera, El Coral, El Oso y El Castillo, pertenecientes al corregimiento de Puerto Claver).
Las medidas que se han adoptado no han logrado devolverle el sosiego a la población, la presencia de la fuerza pública debe ser más efectiva a la hora de recuperar los territorios, llama la atención que la presencia del Ejército y la Policía Nacional sea coyuntural, en muchos casos centrada en la protección de infraestructuras públicas y privadas, antes que en las y los habitantes del territorio.
Asimismo las acciones de atención de las autoridades civiles deben centrarse en la restitución de la integralidad de los derechos fundamentales de la población que conduzcan no solo a la superación de la emergencia, sino a la garantía del bienestar y la seguridad general de la población civil y de los integrantes de las organizaciones sociales y comunitarias.
De cara a un muy probable escenario de posconflicto, la pervivencia de estas estructuras, representan una grave amenaza para la construcción de una paz estable y duradera. No solo resultan una amenaza para los integrantes de las guerrillas que entren en proceso de dejación de armas e incorporación a la vida civil y política del país, sino también para los integrantes de los diversos movimientos sociales, comunitarios y políticos alternativos, quienes han estado en el foco de las acciones violentas de estos actores armados. Sea este el momento para hacer un llamado a la institucionalidad estatal así como a los diferentes sectores políticos y económicos del país, a cesar todo tipo de lenguaje insidioso y persecuciones políticas contra los integrantes de estos colectivos, quienes en repetidas ocasiones han sido tildados de terroristas por el simple hecho de promover la defensa y garantía de los derechos humanos.
