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Así será el paro nacional en Antioquia

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Sindicalistas, transportadores, maestros y estudiantes participarán del paro nacional que se realizará en Colombia este jueves 17 de marzo. De acuerdo con la convocatoria del Comando Nacional Unitario, la jornada es para rechazar las políticas económicas y sociales del Gobierno Nacional.

En Medellín, desde el inicio de la semana, se ha conjurado el ambiente para lo que será el Paro Nacional de este jueves. El lunes 14, en la Plaza de Botero, el Movimiento Ríos Vivos adelantó un plantón por el derecho al agua. Y el martes 15, víctimas y movimientos sociales conmemoraron el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, con una congregación en la plazoleta de La Alpujarra. La del jueves augura ser una jornada de movilización amplia que reúna a distintos sectores.

Según la Agencia de Información Laboral – ENS, en la capital antioqueña, la marcha saldrá a las 10 de la mañana desde la Plaza de los Deseos, al norte de la ciudad, tomará la carrera Carabobo y luego la Avenida Oriental, donde se sumará la marcha de los maestros agremiados en Adida, para terminar en la plazoleta de La Alpujarra.

El pasado 14 de marzo, tras presentar un pliego de peticiones compuesto por 15 puntos, voceros del Comando Nacional Unitario (CNU), aclararon que la protesta es contra el gobierno de Juan Manuel Santos y no contra el proceso de paz, el cual han respaldado desde el principio.

Entre las exigencias hechas al Gobierno están: atender la emergencia de La Guajira con un programa estructural, cumplir los acuerdos firmados con distintos sectores sociales del país, aumentar los salarios, defender el patrimonio público de empresas como Ecopetrol, reducir los precios de los combustibles, aumentar los presupuestos de educación y salud, y eliminar las exenciones tributarias a multinacionales, entre otras.

La CNU está conformada por centrales obreras como la CUT, la CGT, la CTC; organizaciones sindicales como Fecode, la USO y Asonal Judicial Dignidad Camionera; Dignidad Agropecuaria; Cumbre Agraria; confederaciones de pensionados; el movimiento estudiantil y el movimiento ciudadano E-24, entre otros.

Este jueves, la Defensoría del Pueblo informó que verificará la situación de Derechos Humanos en los 57 municipios de Colombia donde se realizará el paro nacional y reveló que en los últimos años ha habido un aumento de la movilización social en Colombia.

Las cifras de la Defensoría indican que durante todo el año 2015 se registró un promedio  de 150 protestas sociales cada mes. Para enero de 2016 ese organismo reportó un incremento, al registrar 125 hechos de protesta durante el primes mes del año, 18 casos más que en igual periodo de 2015.

Movimientos del Oriente antioqueño se unen al paro nacional

En el Oriente antioqueño la concentración será en el municipio de Rionegro. Allí, organizaciones sociales, culturales y populares de la región, convocan a los ciudadanos a congregarse en la sede de la Universidad de Antioquia para luego movilizarse hasta la Unidad Deportiva de Rionegro. El recorrido iniciará a las 9:00 a.m.

José Libardo Valencia, líder del movimiento Agrodescendientes, explicó que la movilización rechaza varios asuntos: 1. La iniciativa del Oriente antioqueño como área metropolitana 2. La ampliación de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba 3. La venta de Isagen 4. El aumento de los avalúos catastrales 5. Y la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) y los Proyectos Estratégicos de Interés Nacional (PINES).

Sobre el problema del aeropuerto, un informe de Agrodescendientes reveló que “en el Oriente de Antioquia, las Veredas del Municipio de Rionegro: Abreito, Barro blanco, El Carmín, Chachafruto (La Bodega) Abreo y parte de las veredas, Aeropuerto, Mampuesto, corren el riesgo de desaparecer; debido a la Resolución 964 del año 2015 de la Unidad Administrativa Aeronáutica Civil declarando 784 hectáreas en utilidad pública, tierras que servirán para la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, Antioquía, Colombia.”[1]

De acuerdo con este estudio, el impacto del proyecto causará que 7.400 familias sean expulsadas de sus territorios ancestrales.


Estos son los 15 puntos del pliego de peticiones del paro nacional:

  1. Desarrollar un programa estructural con medidas de emergencia para el pueblo guajiro y otros más donde la hambruna y la muerte de la niñez son una vergüenza para Colombia.
  1. Cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las diferentes organizaciones de los trabajadores, pensionados, campesinos, afros, estudiantes, indígenas, transportadores y empresarios agrarios.
  1. Alza general de  subsidio de transporte y salarios, con equidad para las mujeres y reducción de las tarifas de servicios públicos y transporte. Reducción del costo de la canasta familiar y establecimiento de mínimos vitales.
  1. Defensa del patrimonio público, especialmente de Ecopetrol (construcción del PMRB, no a la venta de las filiales ni al cierre de campos petroleros) y las empresas públicas territoriales como ETB, EAAB, EEB, Emcali y la participación del Estado en ISA e Isagén.
  1. Evaluación y revisión de los TLC. Defensa de producción nacional, tanto agropecuaria como industrial, mediante mecanismos arancelarios, tributarios, financieros, (condonación parcial de deudas y rebaja de intereses para los afectados por el verano). Rechazo a la importación de alimentos con arancel cero y el desmonte de las licoreras.
  1. No a la privatización de la salud y la educación a cargo del Estado e incremento presupuestal para estos sectores. Dignificación de la salud de docentes y pago de deudas laborales. Reforma universitaria democrática y concertada, y la condonación de deudas de estudiantes con el Icetex y fortalecimiento presupuestal del Sena.
  1. Promoción del empleo en condiciones de trabajo digno y decente, política de formalización laboral y ampliación de las plantas de personal en el sector público y privado, con quienes cumplan funciones permanentes y misionales, así como protección del derecho al trabajo y acceso al espacio público para los informales.
  1. Promover un ordenamiento territorial con base en  protección del medioambiente y el agua como derecho fundamental. La moratoria minera y la consulta previa para proyectos minero-energéticos.
  1. Reducción de los precios de los combustibles y congelamiento de peajes. Impedir la cesión de corredores viales.
  1. La reforma tributaria no puede ser de carácter regresivo, por consiguiente, se eliminan las exenciones tributarias a las multinacionales y no se aumente el IVA, ni se amplíe su base gravable, ni se impongan cargas tributarias a trabajadores y pensionados, y se elimine el 4×1.000.
  1. Defensa de la tierra para la producción agropecuaria del campesinado y el reconocimiento de sus derechos. Fortalecimiento de economía propia. Sustitución  gradual para pequeños productores de cultivos ilícitos.
  1. Garantía plena de los derechos humanos, libertades sindicales y no criminalización ni judicialización de la protesta social y reparación colectiva. Desmonte del Esmad.
  1. Fortalecimiento del régimen de prima media (Colpensiones) y no realizar modificaciones regresivas al régimen pensional. Pleno reconocimiento de los derechos prestacionales de militares y policías en retiro.
  1. Disminución de las tasas de interés acabando la especulación financiera y protegiendo al sector de la economía solidaria (cooperativas y cajas de compensación).
  1. Política pública concertada de lucha contra la corrupción y la impunidad. Fortalecimiento de los órganos de control y la justicia.

[1] Sánchez Yuli Fernanda, Daza Esteban y Salcedo Isa, 2016, 07 de enero, “Un despojo capitalista que desplaza a más de 7.400 personas de sus territorios ancestrales”, en Observatorio de Cambio Rural, disponible en Internet: http://ocaru.org.ec/index.php/comunicamos/articulos/item/6383-un-despojo-capitalista-que-desplaza-a-mas-de-7-400-personas-de-sus-territorios-ancestrales

Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
Periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Candidato a Magister en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad, Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UdeA. Coordinador de la Agencia de Prensa IPC entre 2012 y 2018. Actualmente periodista en Hacemos Memoria. Trabajando por esa Colombia excluida y vulnerada, por aquellos que no son escuchados y por la anhelada paz. Aficionado a la literatura, al rock, a las huertas y a las buenas películas.