Las agresiones en medio del conflicto armado al movimiento campesino, sindical, de derechos humanos; a periodistas; a pueblos afros e indígenas; y a otros grupos sociales, han representado un daño a la democracia colombiana. A esa conclusión llegaron representantes de organizaciones, movimientos o gremios que hacen parte de los procesos de reparación colectiva adelantados por la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, Uariv.
La discusión se dio en medio del Gran encuentro nacional de movimientos sociales en reparación colectiva, que se desarrolla entre el 8 y 9 de abril en la Casa Campesina de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el sur de Bogotá, como parte de las actividades programadas por la UARIV para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas.
“Así como los movimientos sociales son una voz representativa de lo que ha ocurrido en el país en el marco del conflicto armado, son también la posibilidad de contribuir a escenarios futuros desde un enfoque político de reparación”, expresó Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación, IPC, organización defensora de derechos humanos con sede en Medellín.
El IPC fue víctima de un atentado con bomba a su sede, de amenazas a sus investigadores y del secuestro de 4 integrantes de su organización; ataques cometidos entre 1999 y 2001 por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Para Diego Herrera este encuentro nacional representa “la oportunidad de hacer un balance político del estado de la reparación y de discutir cuál puede ser el aporte de los sujetos de reparación colectiva en un escenario de finalización del conflicto y construcción de paz en los territorios, dada la pluralidad de sujetos y lo que representan en la agenda del país”.
Y es que en el evento participan “catorce agrupaciones que han protagonizado el cambio social en Colombia: defensores de derechos humanos, como Redepaz y el Instituto Popular de Capacitación; asociaciones de mujeres, como AFROMUPAZ y ANMUCIC; familiares de desaparecidos, como ASFADDES; el movimiento sindical; periodistas; concejales y diputados; organismos de acción comunal; representantes del pueblo Misak; y líderes campesinos como UR y la ANUC”, indicó la Uariv.
En la jornada de hoy, estas organizaciones se reunirán con el presidente, Juan Manuel Santos, varios de sus ministros y delegados de la cooperación internacional, a los cuales esperan plantearles sus propuestas que, según Diego Herrera, apuntan “a que el Estado reconozca la naturaleza política y la acción que desarrollan los sujetos colectivos y a que estos movimientos sean reconocidos como interlocutores válidos frente al Estado y puedan tener un espacio de autonomía propia”, de ahí el interés por construir una red o plataforma nacional de sujetos de reparación colectiva.
Precisamente, para Luis Alejandro Jiménez Castellanos, líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, este encuentro ya “está dejando semilla muy fuerte de cohesión de movimientos sociales víctimas del conflicto armado”.
La ANUC, reveló el líder campesino, que en su momento de creación tuvo más de 850 mil afiliados en 853 municipios de Colombia, sufrió un inmenso daño por consecuencia del conflicto, hoy “tiene una masa social reducida al orden de las 250 mil personas, eso muestra la magnitud del daño causado en lo social. Por eso esperamos que esta oportunidad de reparación contribuya a que volvamos a ese nivel que tuvimos en el comienzo”.
Adentrándose en el tema de la paz, Luis Alejandro plantea que “si bien hay unos diálogos con las FARC y están pronto a iniciarse con el ELN, la verdadera paz la construimos reparando a las víctimas y reconstruyendo el tejido social y las economías, es decir, haciendo un desarrollo integral”.
En ese ámbito, Liliana Pechené Muelas, coordinadora del plan de salvaguarda y el plan de reparación colectiva del pueblo Misak, piensa que “ni las comunidades ni el mismo Estado han dimensionado aún las afectaciones y las pérdidas culturales que por muchos años se han venido desarrollando en muchos territorios del país. Y el derecho y la política tampoco han dimensionado aún los graves daños a los sectores colectivos”.
Por eso explica que en su proceso de reparación, el pueblo Misak ha hecho una reconstrucción histórica de los daños que ha sufrido ese grupo étnico desde 1535 hasta 2015. Hoy, cuando han transcurrido 500 años de esas afectaciones, los Misak, integrados por 26.000 personas y con presencia en siete departamentos de Colombia, tratan de repensar nuevamente esa diversidad y esa identidad cultural que muchos pueblos están perdiendo. Y lo hacen desde sus autoridades, en este caso la confederación Un Nachak que la colectividad y la espiritualidad centrados alrededor del fogón.
Los retos en estos procesos de reparación colectiva son territoriales, manifiesta Liliana Pechené, y requieren que “el Estado haga un ajuste estructural e institucional en los territorios, porque lo que está sucediendo en La Habana no significa el fin del conflicto sino el inicio de una cantidad de movimientos, de un ejercicio social que involucra cambios estructurales.”
Y en ese escenario, concluye la representante Misak, “los sectores sociales le apuestan a hechos contundentes, no a la retórica o al discurso, sino a poder construir desde los mismos territorios algo que en realidad sea dignificante”.
