Luego de sufrir durante años los embates del conflicto armado y de padecer tres desplazamientos forzados en un lapso de dos décadas, 24 familias de la etnia Emberá, integradas por 133 personas, recibieron la restitución de 3.157 hectáreas pertenecientes al territorio ancestral de Yákera, ubicado en el municipio de Unguía, departamento de Chocó.
El fallo favoreció a los Dogibi, “una comunidad que desde hace 22 años viene siendo desplazada y confinada de manera continua por diversos actores armados en el territorio, pasando por FARC y paramilitares; que además ha sufrido una serie de afectaciones en el territorio como la minería y las aspersiones con glifosato; y que han visto diezmados los derechos a la tierra no solo por actores armados sino por otro tipo de intervenciones”, explicó Paola Cadavid Acevedo.
Los tres desplazamientos forzados ocasionaron que las 24 familias que integraban esta comunidad buscaran refugio en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, o en el vecino país de Panamá. A la fecha, indicó la Unidad de Restitución, 10 familias han retornado al territorio de Yákera, pero aún hay 14 que permanecen en comunidades Emberá de Panamá.
Por este motivo, el fallo de restitución le ordenó a la Cancillería de Colombia implementar un plan de retorno en favor de estas víctimas. La sentencia le ordenó también al Ministerio de Defensa suspender las aspersiones con glifosato y al Centro Nacional de Memoria Histórica, documentar todas las afectaciones que sufrieron estas comunidades indígenas.
Y tal vez uno de los aspectos más relevantes de esta medida judicial, fue la orden de que “las explotaciones mineras, que se daban al interior de este territorio indígena, tienen que pasar por la consulta previa, ya que las fases de exploración y explotación de estos títulos mineros no contaron con la participación de las comunidades”, expresó Paola Cadavid.
En la actualidad la Unidad de Restitución de Tierras de Antioquia adelanta otros tres procesos de reclamación en favor de grupos étnicos en el Chocó, correspondientes a las comunidades de Tanela, Cutí y Arquía, sobre los cuales se espera que se profieran fallos a mediados de este año.
Para el territorio de Antioquia, cursa en esa unidad un proceso étnico correspondiente a la zona de Chontadural Cañero en el municipio de Mutatá, Urabá antioqueño.
Montebello, el primer municipio antioqueño100% atendido
Montebello, en el suroeste antioqueño, se convirtió en el primer municipio de Antioquia en atender el 100% de las solicitudes de reclamación de predios presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, URT.
Por esa razón el pasado 09 de abril la Unidad de Restitución se trasladó hasta esa localidad para conmemorar el Día Nacional por la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Allí, la entidad reveló que en esa población se recibieron 397 solicitudes de restitución de las cuales 345 fueron incluidas en el Registro de Tierras Despojadas, 43 no fueron aceptadas y 9 están en proceso de estudio.
“Para nosotros es muy satisfactorio decir que hemos barrido un municipio completo y que no lo barrimos con una o dos solicitudes sino con cerca de 400”, manifestó Paola Cadavid Acevedo, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia.
La funcionaria explicó que la posibilidad de atender todas las solicitudes de un municipio depende de la extensión y de la densidad de los casos que haya. De manera que cuando un municipio es muy grande y posee un elevado número de solicitudes de reclamación, las intervenciones se dan por zonas, mientras que en casos como el de Montebello es posible intervenir todo el municipio de una vez.
A la fecha, en Montebello los jueces han emitido 23 sentencias que beneficiaron 103 personas y permitieron la restitución de 88 hectáreas de tierra, en una población caracterizada por el minifundio. Para los beneficiarios de las primeras 16 sentencias ya se han asignado 412,3 millones de pesos destinados al desarrollo de proyectos productivos.
El municipio, recordó Paola Cadavid, sufrió grandes afectaciones a causa del conflicto armado. Desde los años ochenta en esa población hicieron presencia las guerrillas de las FARC y el ELN. En los noventa entraron a la zona los paramilitares y la población civil sufrió los enfrentamientos entre estos grupos y los señalamientos de ambos bandos, lo que originó desplazamientos forzados y abandonos de predios.
Se espera que antes de finalizar el 2016, otros municipios de Antioquia como San Roque (nordeste), Granada y San Carlos (oriente), tengan el 100% de solicitudes de reclamación atendidas, reveló la Unidad.
