En el corregimiento San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, ronda el miedo entre sus habitantes. El acoso de actores armados contra los campesinos no los deja vivir tranquilos. Y lo dramático es que cuando quieren dar a conocer sus padecimientos, ni el gobierno departamental ni nacional, así como tampoco las autoridades policiales y militares, asisten a las reuniones para escuchar sus quejas.

La más reciente inasistencia de las entidades estatales ocurrió el pasado 22 de abril, cuando varias organizaciones de derechos humanos, coordinadas por la Mesa Territorial de Garantías de Antioquia, convocaron una audiencia con el fin de denunciar lo que está ocurriendo en ese corregimiento. Ni la Gobernación de Antioquia, el Ministerio del Interior, la Policía y el Ejército enviaron representantes al encuentro.

Pero ante la gravedad de las denuncias presentadas en la zona, la Comisión de Derechos Humanos de la Gobernación reaccionó y decidió realizar este jueves un Comité Departamental de Prevención de Violaciones de DD.HH. en el centro urbano del corregimiento. Ese mismo día, la Comisión Segunda del Senado de la República se desplazará al municipio para evaluar la seguridad de las comunidades.

La Agencia de Prensa IPC visitó el corregimiento. Los relatos de varios pobladores revelan que el temor es generalizado, los habitantes se sienten coartados por los actores armados, tanto legales como ilegales, y la desconfianza en la Fuerza Pública, principalmente en el Ejército, es evidente.

Vivir en medio del conflicto

El caserío de San José está custodiado por una estación de Policía, ubicada en una colina cerca de la plaza principal, y por un batallón del Ejército instalado en una montaña contigua al colegio El Mariano.

La reiterada denuncia del Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó es que la cercanía de estas instalaciones al centro urbano del corregimiento expone a la población civil al fuego cruzado. La comunidad le ha exigido al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional la reubicación de la base militar, argumentando que existe una vulneración al Derecho Internacional Humanitario, pero no ha sido escuchada ni se han tomado decisiones al respecto.

Esa exposición al fuego cruzado ya ha dejado víctimas. El 9 de junio de 2015, Judit* se encontraba en una tienda sobre la vía principal del corregimiento, diagonal a la escuela, cuando fue impactada por un disparo de fusil durante un enfrentamiento entre guerrilleros de las Farc y tropas del Ejército. La mujer, menuda, delgada y de aspecto humilde, estaba de pie junto a una ventana cuando escuchó los primeros disparos y de repente sintió un golpe en el pecho que le entumeció el brazo. Corrió hacia la cocina gritando que estaba herida y la cocinera, al verla, notó que estaba sangrando.

“Ese día estaba lloviendo —recuerda—. Yo había bajado a una reunión del programa Buen Comienzo y traje a mi bebé. La tenía cargada y acababa de ponerla en una cama cuando me hirieron —dice sollozando, pensando en que su hijo pudo haber muerto—. Como no había ambulancia, después de que pasó el enfrentamiento un vecino sacó el carro y me llevó al hospital. El médico dijo que yo era muy de buenas, que la bala no me cogió ningún hueso y que al menos no salió porque me hubiera destrozado”.

Para Judith la vida ya no es igual que antes. Ella que era una mujer trabajadora, ahora no es capaz de cargar cosas pesadas ni de usar un machete. Esa situación la angustia porque tiene cuatro hijos y muchas necesidades que solventar. Por eso prefiere no hablar del asunto, aunque confiesa que se desahoga llorando cuando está sola.

Quienes habitan en San José aprendieron a convivir con el conflicto y optaron por contener el miedo y el dolor para seguir resistiendo. Algunos se han ido y otros se desplazaron, pero luego retornaron. Es el caso de la familia de Bartolomé Cataño. Su esposa e hijos abandonaron la zona luego del asesinato del entonces concejal por la Unión Patriótica (UP) y fundador del corregimiento, ocurrido el 16 de agosto de 1996. Años más tarde regresaron pensando que el conflicto había menguado y la vida sería mejor que antes, pero se equivocaron.

Las cosas se pusieron mal desde el principio, relata un miembro de esa familia, quien pidió reservar su identidad. Cuando venían desde el Eje Cafetero, a donde se habían desplazado, dos hijos de Bartolomé fueron detenidos en un retén del Ejército y hasta hoy están desaparecidos. Sin embargo, la familia se instaló en una casa en el pueblo y trato de levantar nuevamente los cultivos de cacao que tenían en la finca, a pocos metros de la estación de Policía. Pero el jornalero que enviaron a limpiar el cacaotal encontró que una patrulla del Ejército estaba asentada en la parte alta del predio y se negaba a salir del lugar.

Según el familiar del líder político, “un día, el señor se fue a trabajar y al momentico se escuchó una balacera. Cuando sonaron los primeros disparos, yo me angustié mucho, me daban ganas de llorar, no sabía qué hacer, pensaba en ese señor, ¿dónde lo maten con qué voy a responder? Me preguntaba. Como a los quince minutos el trabajador llegó pálido y no era capaz de hablar. Desde eso, dejamos la finca abandonada, ¿quién va a mandar uno a trabajar si de pronto va y lo matan? Y el Ejército no se ha querido ir que porque desde ese punto protegen la estación de Policía”.

Así ha sido la vida en San José de Apartadó, un corregimiento cuyo pasado tiene una historia de violencia, que incluye el asesinato de líderes durante el exterminio de la UP, movimiento político de izquierda fundado en 1985 en medio de un proceso de negociación del gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) con las Farc.

Una historia de masacres

En el mural, Nicolás Muñoz y Bartolomé Cataño, líderes asesinados.

En San José de Apartadó hay rastros de la guerra por doquier, pero también hay símbolos de memoria y resistencia levantados por los habitantes. En la plaza hay una casa en ruinas, casi devorada por la maleza, que simboliza el desplazamiento de la Comunidad de Paz, cuyos miembros salieron del lugar en abril 2005 hacia predios privados, luego de que el gobierno nacional decidió construir una estación de Policía cerca de las viviendas de la población civil y ordenara la presencia de Fuerza Pública en los espacios comunitarios, lo que para esa colectividad representaba una violación a su principio fundamental de neutralidad.

En ese mismo sector, frente a la cancha donde los jóvenes juegan microfútbol en las noches, una pintura recuerda los rostros de los líderes comunitarios Bartolomé Cataño Vallejo y Nicolás Muñoz, asesinado el 23 de abril de 1993.

El mural está en una pared de la Cooperativa Balsamar, otro símbolo del exterminio. En el libro Fusil o toga, toga y fusil, el padre Javier Giraldo, quien ha acompañado a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, relata que en ese lugar, el 7 de septiembre de 1996, presuntos miembros del Batallón Contraguerrilla Nº 35, acompañados de una supuesta desertora de las Farc, asesinaron a Juan Francisco González Almanza, de 32 años, miembro de la Asociación de Parceleros de Urabá –ASOPAUR– y negociador del éxodo campesino que se había tomado el Coliseo de Apartadó del 18 de junio al 5 de julio de ese año; Gustavo De Jesús Loaiza Hincapié, de 51 años, concejal suplente del asesinado fundador de San José, Bartolomé Cataño; Samuel Arias Ramírez, de 56 años, gerente de la Cooperativa Balsamar, uno de los proyectos de intensa participación comunitaria; y María Eugenia Silva Úsuga, de 19 años y con 4 meses de embarazo, responsable del Comité Ecológico de la Junta de Acción Comunal.

Frente al edificio de Balsamar y a la entrada del centro comunal, reposa una pequeña placa de cemento que casi pasa desapercibida, pero que la comunidad se encarga de enseñarles a los visitantes para recordar que la Fuerza Pública ha cometido violaciones a los derechos humanos y al Derecho internacional Humanitario. La placa fue puesta en noviembre de 2013, cuando el entonces comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, pidió perdón público por el asesinato de Mildrey Dayana David Tuberquia, ocurrido el 18 de marzo de 2003 durante un presunto combate con la guerrilla. El acto de desagravio fue ordenado por el Juzgado Administrativo de Turbo que estableció que nunca hubo tal combate.

El hecho más recordado en la memoria colectiva de San José ocurrió el 21 de febrero del 2005, cuando paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, con apoyo de la Brigada 17 del Ejército, torturaron, asesinaron y descuartizaron a Alejandro Pérez, un campesino de la zona, y a siete miembros de la comunidad de paz, cuatro adultos y tres menores de edad.

Ese día, en la vereda Mulatos fueron asesinados a machetazos Luis Eduardo Guerra, su esposa Beyanira Aleiza, y su hijo Deyner Andrés Guerra de 11 años de edad. Y en la vereda La Resbalosa, las víctimas fueron Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia y Santiago, de 5 y 2 años respectivamente. Esta masacre, ocurrida durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, fue aceptada por el Estado colombiano en un proceso de conciliación con la defensa de las víctimas.

 

Campesinos temen por sus líderes

Audiencia de Garantías realizada en San José de Apartadó el 22 de abril 2016
Audiencia de Garantías realizada en San José de Apartadó el 22 de abril 2016

“La situación del corregimiento, hablando de derechos humanos, es una situación muy dura”, asegura Marcos*, un habitante del lugar para quien “hablar de San José de Apartadó es hablar de un genocidio, de un plan de exterminio contra sus pobladores”.

Si bien la guerrilla de las Farc ha sido un actor relevante en la zona por la detonación de artefactos explosivos y los ataques constantes a las bases de la Policía y el Ejército, el cese unilateral de fuego decretado el 20 de julio de 2015 por esa organización insurgente en desarrollo de las negociaciones con el gobierno nacional, minimizó las hostilidades.

No obstante, la población civil continúa sitiada por otros actores armados, legales e ilegales; por la ofensiva de grupos considerados “paramilitares”, que al parecer está aprovechando el repliegue de las Farc; y por la continua estigmatización de quienes viven en este corregimiento y la persecución de sus líderes sociales.

Desde 1996, dice Marcos, “han querido callar a nuestros líderes con bala, con armas, pero por las denuncias que se han hecho y por el apoyo de muchas instituciones han dejado de hacerlo así. Ahora lo han seguido haciendo con montajes oficiales. Encierran nuestros líderes injustamente solo por defender los derechos de los campesinos, por quejarse frente a la problemática de violación de derechos humanos por parte del Gobierno nacional y del Batallón Voltígeros de la Brigada 17”.

Desde el año 2015 a la fecha, seis líderes comunitarios de San José han sido capturados por las autoridades acusados de rebelión, narcotráfico y terrorismo. Todos eran reconocidos en la zona por liderar las denuncias sobre la vulneración de derechos humanos por parte del Ejército y los grupos armados ilegales.

Una de las detenidas es Laura Cataño, hija de Bartolomé Cataño e integrante de la Junta Comunal del corregimiento. La mujer, de 50 años de edad, fue capturada en la noche del 22 de diciembre de 2015, cuando llegó a la estación El Reposo para preguntar por la suerte de Arley Muñoz Cartagena, presidente de la Junta Comunal apresado ese mismo día. Ambos fueron acusados de rebelión.

Estas capturas han atemorizado a otros líderes del corregimiento, al punto que muchos no se atreven a salir a la cabecera municipal por miedo a ser detenidos, pues, según denuncia la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó (Acasa), las autoridades han dicho que tienen otras 20 órdenes de captura que, como las anteriores, se fundamentan en información entregada por presuntos desmovilizados de las Farc.

Durante la audiencia de garantías del pasado 22 de abril, varios líderes denunciaron que los soldados les toman fotografías a los habitantes del corregimiento y a quienes llegan de las veredas, intimidan a las personas, realizan empadronamientos y montan guardia frente a las instituciones educativas, exponiendo a los estudiantes al fuego cruzado.

Pero el mayor temor proviene de la presencia de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ en las veredas La Esperanza, La Hoz, Rosalí, Zabaleta, Las Flores, Playas Largas y Nuevo Antioquia, donde intimidan a los campesinos señalándolos de guerrilleros.

Óscar Zapata, presidente de Acasa, expresó que esa organización ha “denunciado la presencia de los paramilitares en San José de Apartado desde hace mucho tiempo, pero las autoridades al principio lo negaron, lo que para nosotros es un prevaricato por omisión de las instituciones del Estado”.

Las dudas de esa presencia quedaron despejadas hace 15 días, cuando supuestos miembros de las AGC pintaron varios letreros en el centro urbano del corregimiento anunciando su presencia.

Luego de conocer éstas y otras denuncias, el Defensor del Pueblo en Urabá, William González, manifestó, al término de la audiencia de garantías, que la Defensoría continuará haciendo seguimiento a la situación de seguridad de los habitantes y transmitirá al Defensor Nacional las quejas recogidas. Además, exhortó “a las autoridades a que cesen las amenazas, las intimidaciones y la estigmatización de la población trabajadora y humilde de las veredas de San José”.

Por su parte, la secretaria de Inclusión Social de Apartadó, Sara Moreno, expresó su preocupación porque la población se siente amenazada y las personas no se sienten tranquilas para ejercer sus liderazgos y sus actividades del día a día. La funcionaria espera al Comité Departamental de Derechos Humanos, que se realizará este 5 de mayo, asistan todas las instituciones convocadas, entre ellas el Ejército, para que “realmente se le dé la cara a San José y se den respuesta a las inquietudes que se están presentando”.

* Nombres cambiados por solicitud de las fuentes

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