Más medidas para combatir a los Gaitanistas en Urabá

En Apartadó el Ministro de Defensa anunció la llegada de más fuerza pública y la aprobación de la directiva número 15 para atacar con todo a esa banda criminal que el 31 de marzo paralizó el Urabá antioqueño y otras zonas del país.

Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

La creación de un Gaula para la región, el refuerzo del grupo de carabineros, la coordinación de 300 redes de apoyo con el sector privado y  la puesta en marcha de la directiva número 15 para usar toda la fuerza del Estado contra bandas criminales, fueron las medidas que anunció el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para mejorar la seguridad en el Urabá antioqueño.

Así se dio a conocer en Apartadó durante una sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República, realizada el 5 de mayo, que evaluó la situación de seguridad en esa región, donde el pasado 31 de marzo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) iniciaron un paro armado que se extendió a otras zonas de Antioquia y a otros departamentos del país, y donde líderes del corregimiento San José denuncian que ese grupo viene intimidando a los campesinos en 7 veredas.

Sobre la directiva número 15 del Ministerio de Defensa, el Ministro explicó que busca atacar a las tres principales bandas criminales del país: el Clan Usuga —o Gaitanistas—, Los Puntillos y Los Pelusos.

Esta medida, anotó Villegas, “sustituye y deroga a la directiva número 14 que ponía límites al uso de la fuerza con las armas del Estado contra las bandas criminales”. Esto permitirá, entre otras cosas, que esas estructuras puedan ser bombardeadas.

El presidente de la Comisión Segunda del Senado, el senador Carlos Fernando Galán, respaldó la iniciativa del Gobierno de combatir con toda la fuerza a las bandas y expresó que esas agrupaciones se podrán someter ante la justicia pero sin negociación política.

Al respecto, Galán aclaró que no se va a permitir “que estructuras que son básicamente delincuenciales mafiosas, que le apuestan simplemente al lucro a través del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, busquen tener un cariz político”.

Para el senador, la historia de violencia en Urabá ha permitido que se afiance el miedo en la región “cuando hay una amenaza de una estructura criminal como el Clan Úsuga, que existe, es fuerte, tienen recursos, tiene armas, tiene control en algunas zonas”.

Por su parte el Alcalde de Apartadó, Eliecer Arteaga, celebró los compromisos del Ministerio de Defensa, principalmente la ampliación del pie de fuerza con 30 uniformados más para los municipios del Eje Bananero, conformado por Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

El mandatario local se refirió al caso particular de San José de Apartadó donde, recordó, “hace varios días un grupo de las autodefensas entró y pintó grafitis en vallas y paredes. Al día siguiente hicimos un consejo de seguridad, se tomaron medidas y eso ha evitado que se repita esta situación”.

Sin embargo advirtió que el panorama en ese corregimiento “es muy difícil porque la gente no se siente segura con las fuerzas del Estado entonces les piden que se retiren un poquito y luego cuando llegan las amenazas piden que las fuerzas actúen. No todas las comunidades, pero hay una comunidad que hace presencia y que no cree en la policía ni en el ejército, pero cuando pasa algo entonces dicen que la policía no responde, que el ejército no responde, y aquí tenemos que estar muy unificados en qué es lo que queremos”.

 

Instituciones adoptarán medidas puntuales en San José de Apartadó

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El mismo 5 de mayo, mientras en Apartadó se realizaba la sesión del Senado sobre seguridad, en el corregimiento San José el gobierno departamental desarrollaba un Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición.

Allí nuevamente se escucharon graves denuncias sobre la situación que está viviendo la comunidad con los actores armados. Una de las más preocupantes consistió en que algunos miembros del Ejército les estarían pidiendo a niños y jóvenes que les compren drogas como marihuana o perico, e incluso estarían seduciendo a jovencitas menores de edad.

Las denuncias se suman a las quejas sobre amenazas de paramilitares, presiones y estigmatización del ejército a la población civil, violaciones al Derecho Internacional Humanitario y persecución a líderes sociales, presentadas el pasado el 22 de abril durante una Audiencia de Garantías realizada por la Mesa Territorial de Garantías de Antioquia, que agrupa organizaciones de derechos humanos.

Pero en el subcomité con las instituciones también salieron otras problemáticas de la comunidad relacionadas con asuntos como la educación, la salud, la economía local y la legalización de predios.

Para Felipe Santiago Tagrid, vicepresidente de la Asociación Agropecuaria Aguavive, lo que ocurre en San José obedece a “un abandono total del Estado, llámese municipio, Gobernación o Gobierno Nacional. Eso está reflejado en que no hay infraestructura educativa; las escuelas no tienen conectividad a Internet; no tenemos vías de penetración rural, los productos salen es a lomo de mula; y no hay viviendas dignas para el campesinado”.

Según él, es desconcertante que solo una de las 32 escuelas que hay en el corregimiento tenga sus predios legalizados, mientras que las demás llevan 12 años tratando de legalizarlos ante el Incoder.

A Esneda del Socorro López Vélez, coordinadora regional de familiares y víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, le preocupa profundamente el asunto de los predios porque en San José un elevado porcentaje de la población no ha podido legalizar sus terrenos, entre ellos muchos campesinos que abandonaron sus fincas desplazados por la violencia y que ahora, cuando vienen a reclamarlas, encuentran que han sido ocupados por otras personas que alegan posesión. El lío es que en muchos casos ninguna de las partes tiene documentos legales para sustentar la propiedad.

Por eso Esneda propone que se haga “un congelamiento de territorios para que los campesinos no puedan vender ni comprar tierras hasta que no se haga la legalización de predios de la mejor forma posible, para que no haya derramamiento de sangre, porque lo va a haber, porque si yo llevo 20 años en una tierra y me la van a quitar, y yo hago parte de esos grupos ilegales, pues nada me cuesta coger y matar al dueño legal, y eso es lo que queremos prevenir”.

Luego de escuchar a la comunidad, los representantes de las instituciones que estuvieron presentes, entre ellas la Gobernación de Antioquia, la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Apartadó, el Ejército, la Policía, la Fiscalía, el ICBF, el SENA y el Ministerio del Interior, concertaron varios compromisos para atender estas problemáticas.

Entre las acciones acordadas, el Ejército se comprometió a realizar relevos de personal y al retiro discrecional de soldados involucrados en asuntos de prostitución o posible consumo de psicoactivos. E igualmente, propuso facilitar maquinaria de la institución para la adecuación de vías.

Adicional a esto, quedó pendiente una acción pública del Ejército hacia la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la cual se reafirme a esa colectividad como una comunidad que defiende y promueve los derechos humanos.

Por su parte, la Policía hará cubrimiento del área urbana del corregimiento y adelantará acciones para la prevención de la violencia, la prostitución y el consumo de drogas; mientras que la Fiscalía le dará impulso a las investigaciones que viene adelantando en San José de Apartadó.

Así mismo, el ICBF focalizará y ampliará los cupos de atención a niños y niñas, y reforzará acciones para la prevención de violencias sexuales y el consumo de sustancias psicoactivas; y la Unidad de Víctimas adelantará planes de prevención y atención a la población victimizada, facilitando el acceso las ofertas humanitarias, educativas y agropecuarias de esa entidad.

Lo que esperan los habitantes de San José, es que si se cumplan los acuerdos del Estado y sus instituciones y que no se repita lo que ha ocurrido en otras ocasiones cuando luego de un tiempo los compromisos se quedan en el olvido.