Por: Diego Herrera Duque[1]
Partiendo del carácter irreversible que tienen los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC, se va configurando un nuevo escenario político para la sociedad colombiana que requiere altas dosis de creatividad, iniciativa y propuesta desde la sociedad civil para aportar al posconflicto, a la paz y a la reconciliación social y política en Colombia. Pero en dicho escenario siguen presentes las incertidumbres, las problematizaciones, los debates y las oposiciones al proceso de negociación política. En este sentido, hay varios asuntos que juegan a manera de dilemas y desafíos a la sociedad colombiana, no solo para un buen desenlace de la negociación, sino para la futura construcción de la paz en el marco de un nuevo acuerdo político.
Primero, es claro que no hay consenso político en la institucionalidad, ni tampoco en sectores de la sociedad colombiana, de que la salida al conflicto armado debe ser política y no militar. Esto pese al avance en varios puntos de la agenda acordada en la negociación de paz en La Habana; a la aprobación en el Congreso del Acto Legislativo para la Paz; y al blindaje jurídico y político al acuerdo final con garantías para su implementación, asegurando su incorporación al ordenamiento jurídico colombiano y conforme al derecho internacional humanitario, bajo la figura de Acuerdo Especial, y estableciendo su sometimiento a la refrendación ciudadana, según lo acordado entre el gobierno nacional y las FARC. Sin embargo, aún hay grupos sociales, políticos y sectores de la institucionalidad –por ejemplo el Partido Centro Democrático, la Procuraduría y sectores de las Fuerzas Militares – que no se sienten reconocidos o reflejados en estos avances y, por tanto, no se sienten parte de los acuerdos logrados, a lo que se suman visiones antagónicas que tienen como trasfondo el miedo a perder lo que ganan perpetuándose en la lógica de la guerra que justifica su presencia y futuro político.
Otra arista de la discusión también plantea un reto a la negociación entre Gobierno y FARC, y es la inclusión que reclaman sectores sociales, campesinos, étnicos y de organizaciones sociales de base territorial, en la agenda de discusión en La Habana, reconociendo que no son opositores de los diálogos de paz como los anteriores, sino que aspiran a un dialogo social y político que los incluya en los acuerdos y sus implicaciones.
Quizás esto explique en parte por qué se ha incrementado la polarización en el país, por qué varios sectores políticos torpedean el proceso en su finalización y en la posterior implementación de los acuerdos, y por qué otros sectores sociales miran con reserva lo acordado que implica sus territorios. Esto abre la necesidad de distinguir a los “opositores radicales” a la negociación política, de aquellos que la comparten y solo reclaman “mayor inclusión de sus agendas”. Como se ha venido planteando, una negociación sin esos sectores opositores, de un lado, y críticos, del otro, sería incompleta y nos colocaría en un horizonte de paz imperfecta.
En este orden de ideas, un nuevo pacto político implica el acuerdo y el respeto sobre las nuevas reglas de juego para la apertura democrática de la sociedad, que implica mayor inclusión política a sectores que históricamente han estado excluidos del sistema político y que han recurrido a las armas para lograr sus objetivos de transformación de la sociedad. Pero también, a los sectores sociales y políticos que han construido una oposición sistemática y sostenida manteniendo la salida armada como opción, y a aquellos actores sociales que han mantenido una agenda de cambio social por la vía no armada en las regiones.
Efectivamente el acuerdo de paz que se construye en La Habana tiene un alto riesgo, en la medida en que muchos sectores de la sociedad se sientan por fuera de él y en que el recurso de la violencia vuelva a ser una alternativa para hacerse sentir. La calidad del futuro proceso de transformación democrática no depende solo de que la mayoría esté de acuerdo, sino también de que se brinden garantías a la oposición y a sectores críticos para el debate civilista y de cara a la sociedad, en medio de reglas de juego democráticas cimentadas sobre el compromiso, la obligación y el respeto de cada uno de los involucrados en el nuevo pacto político establecido.
En la construcción de las nuevas reglas de juego, es fundamental el proceso de refrendación, que, independiente del mecanismo que se acuerde, tiene como trasfondo la legitimidad de la que goza el acuerdo al ser llevado a que la gente y los distintos grupos en la sociedad lo refrenden, lo incorporen y lo pongan en su horizonte de construir proyecto de sociedad, bajo unas reglas de juego en las cuales todos se sientan vinculados y con la obligación de respetar al otro distinto, sin necesidad de recurrir a la violencia para dirimir la diferencia y la incompatibilidad de objetivos en la sociedad. Este propósito deberá ir acompasado del conjunto de reformas a la institucionalidad que garantice la implementación de los acuerdos logrados en La Habana.
Un segundo aspecto, es el horizonte de construir democracia para la paz en los territorios. En tal sentido, se observa que la llamada “paz territorial”, sigue siendo un coco vacío que se ha quedado más en un enunciado o en un impulso mediático y propagandístico del Gobierno, que aún no logra comprenderse por las organizaciones territoriales ni apropiarse en las realidades locales. A ello se le suma que empieza a aparecer la “industria de la paz territorial”[2] con su corte de expertos, nuevos conocedores, colonizadores y mercaderes que llevan las formulas a las regiones del país. Poco se sabe de la visión que la paz territorial expresa sobre la construcción de Estado en las regiones, el papel de la sociedad civil en esta, como se articula con las medidas a implementar fruto del postacuerdo y en qué se diferencia o antagoniza con la iniciativa de Territorios de Paz – Terrepaz – que las FARC han propuesto en la mesa de negociación.
Una perspectiva de paz en los territorios debe incorporar el dialogo entre el territorio y los sujetos y agendas que lo constituyen, y aterrizarse en las regiones del país en clave dialógica respetando la pluralidad de visiones allí existentes. La paz territorial, más que un modelo construido del centro hacia la periferia, de la capital a la región y a la localidad, debe construir enfoque y estrategia inversa, de abajo hacia arriba, partiendo del reconocimiento de las experiencias y trayectorias existentes por los actores sociales y políticos de los territorios y sus agendas, para ir edificando una política democrática de construcción de paz a nivel nacional.
En esta perspectiva, se requiere el dialogo de lo singular a lo plural, el reconocimiento de la alteridad en la construcción de un Nosotros, lo que implica un método dialéctico que favorezca el diálogo y la discusión entre visiones diversas de paz y de alternativas democráticas en los territorios, en ocasiones antagónicas, para ir resolviendo las futuras contradicciones e ir construyendo nuevas realidades con los sujetos y agendas que allí existen.
En tal sentido cobra vigencia la comprensión de que la paz del país no está en La Habana, sino que la paz es una construcción social y política que requiere profundas transformaciones en la cultura y en la vida social y política. Por ende, el acuerdo tiene un alcance limitado: la finalización del conflicto con una de las guerrillas más importantes del país, pero la construcción de la paz viene después con una amplia y vigorosa participación de la sociedad en los territorios.
Por último, hay algunos asuntos que, dada su complejidad, se constituyen en cuellos de botella al proceso de negociación política para la finalización del conflicto y la implementación de lo acordado.
De un lado, la negativa del gobierno a reconocer la necesidad de transformar el modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial, como un innegociable en la mesa de conversaciones, a pesar de la firma del acuerdo para la reforma rural integral; tema que ya se anticipa como el campo de las futuras conflictividades a resolver, en el que pueden más las visiones dominantes y la mezquindad de gobiernos y empresarios, en emprender esta tarea de cara al nuevo escenario político, que en incluir las agendas que para el campo vienen promoviendo distintos sectores sociales desde la resistencia y la movilización social.
El otro asunto, es el tratamiento a los grupos posparamilitares, que con sus muestras de fuerza, de gran capacidad financiera y militar, y de corrupción a la institucionalidad, han demostrado que son un actor clave que juega en el futuro del país, bien para atravesarse a la implementación de los acuerdos, bien para copar espacios vacíos de poder que deja la insurgencia en los territorios, bien para sostener su economía criminal; por ello la posibilidad de sometimiento a la justicia con beneficios deberá ser un asunto que compromete el debate público y las alternativas realistas.
Un tercer aspecto, es la permanencia del paradigma de la guerra fría en sectores políticos y de las Fuerzas Armadas. Es un asunto difícil de superar, a pesar de que se viene esbozando este debate y se anticipa un cambio de doctrina en las FFMM, todavía hay mucho de ello en su accionar, y su transformación implica cambio de mentalidades, de prácticas y de reformas en este tipo de institucionalidad.
Otro tema complejo, es el desenlace de la apertura de la negociación con el ELN. Con el anuncio de la fase pública entre el gobierno y esta insurgencia, muchos sectores de la sociedad aspiran que se disminuyan las acciones militares de ambas partes, que se dé el inicio de unos diálogos efectivos y se empiece a desarrollar la agenda inicialmente propuesta.
Si bien el avance y la irreversibilidad de las conversaciones de paz en La Habana, entre gobierno y FARC, en sí mismas son un logro para la sociedad colombiana, los riesgos siguen latentes pero la esperanza deberá sobreponerse a ellos construyendo formulas creativas y viables políticamente, con un papel vigoroso de la sociedad civil en los territorios para la apropiación y participación en la implementación de los puntos del Acuerdo Final.
[1] Presidente del Instituto Popular de Capacitación – IPC -.
[2] Esta alusión la retomo de la novela de no ficción “El impostor” del escritor español Javier Cercas, quien habla de la “industria de la memoria histórica” en España. Ver: Cercas, Javier (2014). El impostor (I edición). Barcelona: Literatura Random House.
