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Justicia y Paces en la Colombia profunda

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Por: Pablo Emilio Angarita Cañas[1]

La justicia en sus múltiples dimensiones ha vuelto a estar en el centro del debate. Opositores a la negociación de La Habana, la califican de “Paz con impunidad” y promueven movilizaciones para exigir castigo a las FARC por sus crímenes. De otra parte, avanzan propuestas de justicia transicional retomando experiencias de otros países con conflictos armados similares al nuestro y extrayendo aprendizajes de las recientes negociaciones entre paramilitares de las AUC y el Gobierno Uribe.

Desde el Ministerio de Justicia y el del Posconflicto, se viene impulsando en los municipios con mayor presencia de grupos armados, la conformación de un sistema integral de justicia, con la pretensión de incorporarlos a los planes de desarrollo municipal a través de un proyecto coordinado por USAID[2]. Para materializar esa política nacional, en diversos municipios antioqueños, recientemente se adelantaron talleres[3] en los que participaron operadores de justicia formal e informal, así como representantes de la institucionalidad y líderes comunitarios, interesados en mejorar las condiciones de acceso a la justicia, de convivencia pacífica y democrática en su respectivo municipio. Es un intento de materializar, para el período de Pos-acuerdos, el Estado Social de Derecho en esa Colombia profunda, históricamente olvidada por el Estado y muy apetecida por la voracidad de todo tipo de intereses económicos y de organizaciones criminales asociados a estos.

Los participantes de los talleres coincidían en expresar su interés en conocer más acerca de los acuerdos de La Habana. Fue reiterada su queja de la poca información existente. La llamada “Pedagogía de paz”, realizada por las FARC en un corregimiento de la Guajira, ampliamente censurada en los medios de comunicación y calificada por amplios sectores como graves prácticas de “proselitismo armado”, que llevaron a la delegación del Gobierno a suspender por unos días la Mesa de La Habana, con el fin de presionar a las FARC y de satisfacer a los opositores que señalaban como otra concesión más del Gobierno al grupo insurgente. A propósito de esa situación, un funcionario de Ituango comentaba: “No me explico por qué hacen tanto escándalo con eso de que las FARC están haciendo proselitismo armado. Hace un par de semanas -en cumplimiento de mis funciones- tuve que desplazarme a una vereda y allí también llegaron los comandantes del Frente 38, quienes me pusieron a leer lo pactado en La Habana y además me lo explicaron. Mejor dicho, hicieron lo que no ha hecho el Gobierno, ni nadie”. Entonces, – concluye el funcionario- “¿cómo quieren que respaldemos esos acuerdos si es que nadie nos informa y cuando lo hacen las FARC, lo llaman ‘proselitismo armado’?”.

En el casco urbano de Ituango existe preocupación, pues desde que las FARC declararon el cese unilateral del fuego, se incrementaron los robos y el micro-tráfico de estupefacientes. Los pobladores afirman que la policía poco interviene y cuando lo hace atropella la gente, todo porque tienen el imaginario de que somos “un pueblo guerrillero”, de modo que los pobladores se sienten desprotegidos y temen que al desmovilizarse las FARC puedan quedar a merced de otros actores armados que entren a copar el territorio. He ahí un reto para el Estado, la administración de justicia y la sociedad: ¿Cómo manejar los conflictos, una vez desmovilizadas las guerrillas?

En Anorí, región en la que históricamente ha operado el ELN, líderes campesinos reconocían en el taller que en algunas veredas la mayoría de conflictos vecinales y de convivencia son atendidos por los comandantes guerrilleros y que, con la aceptación de éstos, acuden a entidades oficiales para tramitar asuntos como registro de títulos de propiedad u otros similares. De facto, existe una “distribución de competencias”, entre las cuestiones tramitadas ante las instituciones y las que atienden las guerrillas, quienes de manera eficaz resuelven los litigios y cuyas decisiones son acatadas bajo una legitimidad que desearía cualquier ente estatal. Esa división de trabajo en la administración de justicia ha resultado funcional en esas apartadas comunidades, aunque también reconocen que, cuando el conflicto armado se intensifica, son ellas quienes llevan la peor parte.

En el municipio de El Bagre, donde contrasta la abundante circulación de oro con la pobreza extrema de buena parte de sus habitantes, al igual que en otros de la región, actúan las FARC, cada vez más remplazadas por grupos criminales como el Clan Usuga, con prácticas justicieras y graves amenazas a los pobladores, similar a lo ya indicado para Ituango y Anorí. Cabe rescatar un episodio narrado en el taller, cuando se trató el tema del perdón y la reconciliación; José[4] -líder campesino de uno de los corregimientos de El Bagre-, al referirse acerca de la disponibilidad de la gente para aceptar la Justicia transicional, relata que siendo niño, su familia al igual que el vecindario de su vereda apoyaban a las FARC, quienes ejercían la autoridad allí, aunque de vez en cuando eran perseguidos por la fuerza pública. Un día el padre de José fue acusado de ser informante y por ello la guerrilla lo mató. Ese asesinato generó un resentimiento de toda la familia hacia las FARC. Recientemente esas guerrillas le reconocieron a José haberse equivocado en esa acusación y en el crimen. Al preguntar a José qué pensaba hoy de los acuerdos de La Habana y la impunidad, el líder campesino aseguró que él y su familia habían perdonado, y solo esperaban que las FARC una vez desmovilizadas “sean sinceros y mantengan la voluntad de no volver a la lucha armada”.

El perdón no puede ser impuesto por una ley, pues depende del fuero íntimo de las víctimas. Se requiere adoptar mecanismos excepcionales de sanción, en los cuales conductas señaladas en los códigos penales como delitos, sean perdonadas; es decir, queden en la impunidad. Mientras que frente a crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, se debe imponer un castigo. Eso es parte fundamental de la justicia transicional, que ante situaciones excepcionales y como consecuencia de negociaciones políticas de conflictos armados o de culminación de dictaduras militares, se acuerdan formas extraordinarias de perdonar unos delitos y de sancionar los más graves.

La complejidad del problema pasa por definir ¿Qué delitos perdonar? ¿Hasta cuánto de perdón o de castigo? ¿Las víctimas pueden intervenir en definir el perdón y el castigo o es una atribución exclusiva del Estado? Ese es uno de los mayores retos actuales de los colombianos, no solo frente al caso de las FARC, sino cuando se empiece a judicializar a otros militares y a empresarios fuertemente comprometidos en la confrontación armada.

De ahí la importancia de diseñar un sistema de justicia integral, incorporado a los planes de desarrollo municipal y coordinado con las instancias nacionales, que acoja a los operadores de justicia formal, así como a quienes, desde la sociedad civil, desempeñan roles de operadores de justicia, como los conciliadores en equidad y quienes trabajan con Métodos Alternativos de Resolución de Conflicto. La justicia, concebida como un sistema integral, debe considerar el pluralismo jurídico y que no todos los conflictos deben ser tramitados por la justicia estatal, dado que en ocasiones resultan más eficiente y eficaz métodos no convencionales como la mediación o la conciliación, adelantados por operadores de justicia que desde la sociedad tramitan conflictos de manera no violenta, contribuyendo a fortalecer una convivencia pacífica y democrática. El sistema integral de justicia en los municipios deberá estar orientado por un enfoque diferencial que, en concordancia con los postulados constitucionales, preste especial atención a los grupos más vulnerables como niños y niñas, mujeres cabeza de familia, población discapacitada y minorías étnicas, entre otros, que por sus peculiares condiciones de desventaja social demandan una atención prioritaria. Además, bajo el modelo económico extractivista imperante, el ambiente (incluidas fauna y flora) y la protección de los animales resultan de cardinal importancia.

La justicia que debemos construir los colombianos está estrechamente vinculada con diversos tipos de paz (económica, social, política), en las diferentes escalas espaciales. Por ello, es más apropiado hablar de paces, en plural. Construir las paces es una compleja tarea que abarca distintos ámbitos de la vida social y política, incluida la superación de las injustas asimetrías sociales, además de realizarse simultáneamente en todas las escalas de la pirámide social, desde los micro-espacios barriales y veredales, en el orden municipal, pasando por niveles intermedios hasta llegar a las grandes élites nacionales y globales. Materializar los anhelos de paces y de justicia en sus diversas dimensiones -que debe ser un pilar fundamental de los pos-acuerdos- se requiere una activa movilización de la sociedad civil que se deberá ir transformando al tiempo que exige del Estado la realización de ese valor supremo, lo cual debe traducirse en hechos concretos.

[1] Profesor Titular e Investigador, Universidad de Antioquia. Miembro del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín y socio del IPC.

[2] El Proyecto de Acceso a la Justicia apoya el fortalecimiento de un sistema de justicia más incluyente, equitativo y con mayor presencia y eficiencia en las zonas de consolidación en Colombia a través de sus componentes Casas de Justicia y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Seguimiento a casos de Violencia Basada en Género y Fortalecimiento de la Justicia Local y del Proceso Judicial de Restitución de Tierras. Véase: http://www.proyectodeaccesoalajusticia.com/ES/

[3] Durante este año se realizaron en 10 municipios antioqueños del Nordeste y Bajo Cauca, de los cuales participé en tres: Ituango (9 de marzo), Anorí (10 de marzo) y El Bagre (21 de abril). Los talleres fueron organizados conjuntamente por la Fundación Ideas para la Paz y La Universidad de Antioquia, en Convenio con el Proyecto de acceso a la Justicia de USAID y el Ministerio de Justicia y del Posconflicto.

 [4] Nombre ficticio.