Por: Jorge Diego Sierra Arroyave[1]
Juan Esteban Jaramillo Giraldo[2]
En el quinto mes de 2016, agotando todas las etapas, fue aprobado el Plan de Desarrollo para la ciudad de Medellín “Medellín cuenta con vos”, el cual tuvo como principal referente el Programa de Gobierno presentado en 2015 por el entonces candidato y ahora alcalde municipal Federico Gutiérrez Zuluaga, al realizar el cotejo entre estos, coincidimos con la consejala que votó negativamente, en que lo aprobado dista mucho de lo prometido, además el proceso participativo, si bien tuvo mínimos escenarios muchas de las propuestas no fueron recogidas. Del mismo modo, no se contemplan acciones articuladas a resolver los problemas de desigualdad socioeconómica, pues las últimas mediciones de índice de GINI dejan muy mal paradas a la ciudad, en especial a las élites económicas y políticas, que demuestran una gran incapacidad y falta de compromiso para compensar la gran deuda social que tienen con el resto de la ciudadanía, fruto de los innumerables beneficios que se han concedido para los crecientes procesos de acumulación de la riqueza.
En otro sentido, acorde al momento actual de negociación política del conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las organizaciones guerrilleras de las FARC y el ELN, lo aprobado en materia de paz sobresale por sus vaguedades, lo que corresponde al deficitario y pobre diagnóstico de punto de partida, base de la discusión y la aprobación del plan. En esta reflexión nos centraremos en una de sus aristas: las políticas de seguridad, derechos humanos y paz
Dentro de los principios que orientan el Plan de Desarrollo Municipal, se afirma que “La seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un derecho y hay que garantizarlo.”, dando a entender que en la sociedad existe ya un consenso general sobre lo qué es la seguridad y la forma cómo esta debe ser provista, negando de esta forma la existencia de otras formas de comprender la seguridad, algunas de las cuales incluso niegan su carácter de derecho fundamental. En este sentido, antes de llegar a conclusiones unilaterales y unidimensionales sobre lo qué es la seguridad, es necesario rescatar el debate público y plural sobre la comprensión de la misma, que permita definir cuáles son los elementos que la componen, cuáles los factores que la afectan, cuáles los tipos de formas de proveerla, cómo construirla de manera democrática, pública y plural las agendas en materia de seguridad.
Es de resaltar dentro del Plan, la inclusión de escenarios de coordinación y articulación regional, toda vez que los procesos de conurbación que se presentan entre los municipios del Valle de Aburrá han llevado a que muchos de los problemas, en especial los de seguridad, derechos humanos y paz, sean compartidos.
A principio del mes de abril, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, presentó una iniciativa de los diferentes alcaldes municipales que la componen, de ampliar su competencia a la coordinación de los asuntos relativos a la seguridad, la convivencia y la paz; sin embargo, emergen varias inquietudes con relación a algunos de los planteamientos expuestos por los representantes del Área, pues propone como el objetivo central “recuperar la confianza de la comunidad hacia la institucionalidad”, razón por la cual se explica el porqué la fuerza pública termina siendo concebida como el actor central de la seguridad. En todo caso, se trata de un escenario en construcción, por lo cual resulta importante abrir debates públicos y colectivos en torno a los objetivos que, desde una instancia como el Área Metropolitana, se podrían perseguir.
Pasando ahora al enfoque de seguridad que se promueve en el Plan de Desarrollo, se observa que la misma le da continuidad a los postulados securitarios que se han venido arraigando con la puesta en marcha, desde el año 2002, de las denominadas políticas de seguridad democrática. Las preocupaciones centrales de este tipo de políticas están relacionadas con proyectar una imagen de autoridad y transformar los sentimientos y percepciones en torno a los problemas de delincuencia y criminalidad.
A esto se suma que la lógica de actuación dentro del plan es contradictoria en términos del enfoque de Derechos Humanos. Manteniendo un continuum con las pasadas administraciones, así como con las políticas regionales y nacionales, se plantea la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para que, a partir de allí, se puedan restablecer y restituir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Esto sin especificar a qué se refieren con las denominadas “condiciones de seguridad” (la idea predominante es la del mantenimiento y control del orden público), pues se establecen una serie de medidas de carácter excepcional que conciben a los derechos y garantías civiles y políticas como obstáculos que se deben soslayar, para a partir de ahí, de manera paradójica, construir un escenario de garantía de los derechos en general.
En este punto, resulta bastante preocupante el proyecto “Incentivos para los organismos de seguridad y justicia” (2.1.3.4.), no solo por el antecedente inmediato de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, suscitadas en gran medida por la existencia de alicientes y presiones para incrementar los resultados en materia de seguridad, sino porque los mismos se extienden a los organismos de justicia, máximos responsables de salvaguardar los derechos y garantías de las personas en eventuales procesos judiciales.
Las acciones de investigación y sanción de los actores armados responsables de los problemas de criminalidad y violencia en la ciudad, no pueden soslayar la necesidad de legitimidad que debe rodear toda actuación estatal en términos de respeto a los derechos humanos, pues de lo contrario volveríamos a confrontarnos con la sempiterna pregunta: ¿En qué se diferencia el Estado de una banda de ladrones? Asimismo, ese tipo de incentivos pueden terminar atentando contra la autonomía judicial, principio fundante del modelo de Estado Social de Derecho, toda vez que la expectativa de recibir algún tipo de beneficio o incentivo, se constituyen en un condicionamiento externo que puede terminar afectando la independencia de los funcionarios judiciales al momento de adoptar decisiones, lo cual resulta perjudicial para cualquier persona vinculada a investigaciones o procesos penales en su contra.
Los programas y proyectos del Plan, así como los indicadores de resultado y de producto, evidencian una marcada obsesión, instalada en las últimas políticas de seguridad, por la figura del criminal y su control, más no por revertir los factores y condiciones contextuales que favorecen la emergencia de la criminalidad. En un contexto de profunda desigualdad y concentración de la riqueza, resulta fundamental analizar los efectos que el modelo de ciudad construido tiene en materia de seguridad. Como ya lo señalamos, un análisis histórico nos permite vislumbrar como el auge y la consolidación del crimen organizado, se encuentra directamente relacionado con los cambios cualitativos y cuantitativos del modelo de desarrollo de la ciudad desde los años ochenta.
Ahora, si bien resulta destacable el interés por priorizar las intervenciones con las y los jóvenes, es necesario llamar la atención sobre la forma cómo se deben concebir las mismas, pues la necesidad de desarrollar medidas socio-preventivas deben partir, en primer lugar, de considerar a los jóvenes como sujetos de derechos merecedores, por ese solo hecho, de inclusión en las políticas sociales, para de esa forma, evitar que la política social termine constituida en un mero apéndice de la política criminal, a partir de la cual se atiende a determinados sujetos por la supuesta peligrosidad que puedan encarnar, excluyendo al resto de la ciudadanía del acceso a bienes y servicios públicos que aseguren su bienestar.
De otra parte, las primeras intervenciones que ha realizado esta administración municipal incurren nuevamente en discursos y prácticas autoritarias y represivas, fundamentadas en las teorías del populismo punitivo y la tolerancia cero, para lo cual se acude a enfoques actuariales desde los cuales deciden cuáles son los riesgos sobre los cuales intervenir. Igualmente, se evidencia actuaciones fragmentarias en el territorio, soportadas en discursos autoritarios y de fuerza, los cuales pretenden transmitir un mensaje de que “algo se está haciendo”, pero que en materia de resultados es bastante cuestionable. La insistencia en la instalación de dispositivos tecnológicos, en el fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia, o en la construcción de infraestructura, da cuenta que la estrategia general de seguridad se centra en el control de la superficialidad y exteriorización de problemas que son más complejos, los cuales no se resuelven simplemente con capturas y judicializaciones, sino que requieren un mayor énfasis en la transformación social, política y económica de la ciudad, que responda a las necesidades de la comunidad en general, desde una perspectiva que conciba a la política social, no como una herramienta de prevención de la criminalidad, sino como un medio para garantizar los derechos socioeconómicos a todas y todos, por el solo hecho de gozar del estatus de ciudadanía.
Es por esto que resulta imperioso reflexionar en torno a cuál es el tipo de seguridad que se debe construir para un posible escenario de posconflicto en la ciudad: asuntos como la seguridad para la paz, el rol de la fuerza pública y sus doctrinas, son vitales discutirlas con miras a resignificarlas. Los discursos securitarios en la ciudad se han correspondido con momentos de alta conflictividad y violencia armada, lo cual se ha utilizado para justificar el recurso a prácticas excepcionales, de corte militar y represivo, las cuales, en lugar de salvaguardar los derechos de la población en general, han terminado agrediéndolos, agravando los problemas de seguridad.
El hecho que los indicadores de resultado se hayan construido en términos tecnocráticos y eficientistas, da cuenta que los objetivos del Plan de Desarrollo se circunscriben a los propósitos e intereses de esta específica administración municipal, en lugar de corresponderse con una visión y compromiso de largo plazo de la sociedad en general, que trascienda un determinado período gubernamental.
Los indicadores en materia de homicidios, feminicidios y violencia sexual, por ejemplo, no pueden ser utilizados para seguir dando partes de victoria por parte de los mandatarios de turno, pues estos deberían, desde un compromiso ético y político de toda la ciudadanía, de apuntar a ser cero. El hecho que se celebren reducciones en ciertos indicadores de violencia y criminalidad es una afrenta a las víctimas de esos hechos, las relega a un segundo plano, situándolas marginales a los desarrollos que en materia de seguridad y derechos humanos se puedan dar.
Evidentemente, siempre será mejor que haya menos muertos en la ciudad, que menos mujeres sean víctimas de violencias basadas en género, que menos familias sean desplazadas; pero un proyecto de ciudad debe propender por el rechazo a la ocurrencia de un solo caso de violencia contra cualquier persona, lo cual debe suscitar la solidaridad y la movilización social, a fin que avancemos hacia otras formas de relacionamiento que erradiquen el fascismo social que justifica la violencia. En este sentido, es impostergable establecer acciones encaminadas a transformar la cultura autoritaria, machista y represiva que ha legitimado formas de actuación violenta contra la sociedad civil.
El fascismo social es un gran problema pendiente por reconocer e intervenir, la legitimación del recurso a la violencia como forma excepcional de resolver y tramitar los diferentes conflictos y antagonismos urbanos representa un reto enorme en materia de políticas culturales y educativas.
Con relación a la distribución de competencias en materia de seguridad, derechos humanos y paz, nos asaltan preocupaciones en torno a la forma cómo se van a coordinar las diferentes acciones propuestas en el Plan, pues se observa cierta dispersión y fragmentación para la puesta en marcha de las mismas, toda vez que en diferentes dependencias -secretarias y subsecretarias- se distribuyen dichas responsabilidades. Lo anterior obliga a un riguroso proceso de adecuación institucional, de tal forma que se garantice, no solo la coordinación y articulación en la puesta en marcha de los programas y proyectos, sino la coherencia, que permita mantener las relaciones de interdependencia y la integralidad entre seguridad, derechos humanos y paz.
Así las cosas, consideramos que es necesario dar un gran salto cualitativo en las políticas de seguridad, centrándose de manera prioritaria en la garantía de los derechos humanos, reconociendo esa integralidad e interdependencia, que además de ser transversales, sean los presupuestos para la definición de los diferentes elementos y componentes del Plan de Desarrollo.
Reducir los Derechos Humanos a un mero programa dentro del Plan de Desarrollo, resulta bastante cuestionable, pues es claro que en términos jurídico-políticos el primer y principal llamado para todas las autoridades es garantizar la realización progresiva de los derechos fundamentales de todas las personas, para lo cual resulta indispensable definir de manera pública y colectiva, cuáles son los bienes y servicios públicos destinados a asegurar la garantía y vigencia de los mismos.
Para lograr este tipo de propósitos se requiere superar los enfoques tecnocráticos de definición de las políticas públicas, los cuales implican un serio recorte a los procesos de participación democrática. Es necesario dirigirse a escenarios políticos más plurales e incluyente, en los cuales se debata de manera pública y colectiva los problemas y posibles soluciones a los déficits relativos al goce efectivo de los derechos humanos.
Es por esto que resulta contradictorio y arbitrario seguir desconociendo y manteniendo invisibilizadas las experiencias e iniciativas de acción colectiva y resistencia de diferentes organizaciones sociales y comunitarias en los barrios y comunas de la ciudad que han padecido con mayor fuerza los efectos de la violencia armada. Las acciones que se realizan desde este tipo de organizaciones han logrado evitar y diezmar los efectos de la violencia, construyendo verdaderos entornos colectivos de protección los cuales han contado con un precario apoyo y acompañamiento institucional, cuando no es que han terminado siendo estigmatizados por las administraciones municipales y las demás autoridades.
Por otra parte, las propuestas de articulación a los procesos de negociación de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC y el ELN, son aún muy tibias y vagas; se habla de manera general en la necesidad de establecer garantías de no repetición y trabajar en procesos de memoria histórica. Asimismo, no se vislumbra un compromiso claro del Alcalde en la construcción de un escenario de posconflicto en la ciudad, pareciera ser que para la administración municipal los procesos de negociación entre el gobierno y las guerrillas de las FARC y el ELN son periféricos a la ciudad. Incluso algunos funcionarios consideran que ese escenario de negociación traerá como consecuencia el fin de una de las violencias, la guerrillera.
En este sentido, creemos que la ciudad no solo se debe preocupar por definir cómo se van a atender a los miembros de las FARC que dejen las armas, sino que sería muy interesante explorar las posibilidades de establecer un Comisión Histórica de Esclarecimiento de la Verdad para la ciudad con fines no judiciales, a fin que se aclaren las responsabilidades sociales, políticas y económicas de los diferentes actores involucrados directa o indirectamente en el conflicto y la violencia armada en el ciudad.
Al respecto, hay que señalar que los efectos del conflicto armado en la ciudad de Medellín se han sentido desde la década de los setenta, tanto por las políticas contrainsurgentes estatales, como por la presencia de organizaciones guerrilleras y paramilitares en la ciudad. Las responsabilidades en materia de violaciones a los Derechos Humanos y de graves infracciones al DIH, no son exclusivas de los actores armados ilegales, pues el Estado históricamente ha generado afectaciones y agresiones directamente, como las desafortunadas operaciones Mariscal y Orión; así como de manera indirecta con la promoción de organizaciones civiles de autodefensa en el marco de sus políticas contrainsurgentes, desde la creación de grupos de defensa civil, pasando por la constitución de organismos como el Departamento de Seguridad y Control –DSC-, o las Cooperativas Convivir, hasta la promoción de la presencia directa de bloques paramilitares como el Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada.
En materia del conflicto armado, la expedición de la Directiva 015 de 2016 por parte del Ministerio de Defensa nacional, en la cual se cambia el enfoque bajo el cual se van a combatir a los Grupos Armados Organizados -los cuales venían siendo denominados Bandas Criminales-, pareciera ser que inaugura una nueva fase del conflicto armado interno colombiano, planteando la necesidad de pensar cómo la ciudad y el Valle de Aburrá van a enfrentar la presencia de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Finalmente, nos preocupan las formas de participación utilizadas por la administración municipal para la construcción del Plan de Desarrollo en general. Si bien se realizaron diferentes actividades con participaciones masivas de la ciudadanía en general, no resulta claro para qué sirvió tal participación: ¿Cuáles propuestas de la ciudadanía fueran incluidas? ¿Cuáles no y por cuáles razones? ¿Qué tipo de debates y discusiones se dieron en los escenarios que se desarrollaron para la participación? ¿Cuál fue la calidad del debate público y colectivo sobre los problemas de ciudad? Estos y otros, son interrogantes que la administración municipal, por respeto a las comunidades y personas que asistieron a sus convocatorias, deberían responder, a fin que tenga la posibilidad de desvirtuar la sensación de que todos esos actos fueron simplemente escenarios de legitimación política, más no de participación democrática y plural.
Descargar el informe Consideraciones sobre el anteproyecto de Plan de Desarrollo para Medellín 2016-2019 Seguridad, Derechos Humanos y Paz
[1] Coordinador Observatorio Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación –IPC-
[2] Analista Observatorio Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación –IPC-
