Después de la reforma a la Constitución Política de Colombia de 1991, la participación ciudadana deja de concebirse como un mero asunto electoral y se amplían los escenarios de deliberación y decisión para que la ciudadanía pueda ejercer la soberanía popular en torno a los intereses públicos y en el cuidado de lo que es de todos y todas, impulsando la transición de la democracia representativa a una democracia participativa. En este marco de acción, el control social a la gestión pública ha sido identificado desde los discursos de la Administración Pública como una forma de participación, por medio de la cual los ciudadanos ejercen una función crítica de observación y vigilancia sobre el comportamiento y la responsabilidad de los agentes públicos en el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. No obstante, pasados 24 años de la promulgación de la nueva Carta Política, la participación ciudadana frente al cuidado de lo público sigue siendo muy débil; no se han apropiado los mecanismos dispuestos para tal fin y los niveles de corrupción en el manejo de los recursos públicos siguen siendo muy elevados. Además no se cuenta con mecanismos que garanticen la eficacia en el control que ejerce la ciudadanía sobre la Administración Pública.
Por esto, con el ánimo de contribuir a las discusiones y a la definición de alternativas de solución de las problemáticas mencionadas, el presente estado del arte se planteó, como propósitos iniciales, el hacer un rastreo de los principales cambios que ha tenido el concepto de control social en su uso e identificar los enfoques desde los que se ha abordado dicho concepto a nivel teórico. Al respecto se encontró que éste es un concepto muy amplio y que en su trayectoria ha sido usado por varias disciplinas como son la sociología, el derecho, la teoría política, llegando incluso hasta las teorías de la Administración Pública, sin que se logren precisar los límites entre una u otra, por lo que, en su propio devenir, se torna ambiguo y se pierde la especificidad respecto al control que se espera realice la ciudadanía frente a la gestión pública, desde el cual se debe velar por el logro de los fines, objetivos y responsabilidades que tiene el Estado en la garantía de derechos, por la prestación eficiente de los servicios y por el transparente uso de los recursos públicos, pudiendo establecer sanciones a los funcionarios de la Administración cuando no se atiendan las responsabilidades de manera eficiente, oportuna, equitativa y no se haga una rendición de cuentas clara y satisfactoria.
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