Con el propósito de evitar nuevas agresiones a los reclamantes de predios en la vereda Guacamayas del municipio de Turbo, autoridades del Gobierno nacional y organismos internacionales se comprometieron a velar por la protección y el restablecimiento de los derechos de las víctimas en esa zona del Urabá antioqueño.

Los compromisos surgieron luego de que una comisión conformada por delegados de la organización de reclamantes Tierra y Paz, la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz viajara hasta Bogotá, para poner en conocimiento de diferentes instituciones la difícil situación que enfrentan  los reclamantes de tierras en Urabá.

Esto luego de que hombres armados incursionaran a la vereda Guacamayas los días 7 y 11 de junio y agredieran a 32 familias de reclamantes que retornaron a la zona sin acompañamiento institucional.

Entre otros aspectos, autoridades del Gobierno Nacional se comprometieron a mejorar las condiciones de seguridad de los reclamantes, a adelantar investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales de los hechos, y a restablecer los derechos de las personas que resultaron afectadas.

Entre tanto, organismos internacionales de derechos humanos anunciaron visitas de acompañamiento en la zona de Guacamayas y un seguimiento permanente a la situación de los reclamantes de tierras.

Desplazamiento en Guacamayas estaba advertido

Albergadas en los municipios de Carepa y Apartadó permanecen cinco familias que se desplazaron de la vereda Guacamayas del municipio de Turbo, luego de que hombres armados les intimidaran para que abandonaran la zona y desistieran de la reclamación de predios.

La agresión en este sector rural del Urabá antioqueño, ocurrió en la noche del sábado 11 de junio cuando los atacantes, quienes se presentaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas, golpearon a algunos campesinos, hicieron disparos al aire y robaron herramientas de trabajo.

Carlos Páez, presidente de la asociación de reclamantes Tierra y Paz, denunció que los agresores “ingresaron en seis motos, hacia las tres de la tarde, y se metieron en una mayoría del señor Raúl Emilio Hazbún Medonza —ex comandante paramilitar del Frente Alex Hurtado de las AUC—, y a las seis de la tarde se desplazaron a donde el campesino Pedro Manuel Sánchez, lo cogieron, lo agredieron, lo golpearon, le hicieron unos disparos, y tuvieron a los niños y a la familia amarrada durante tres o cuatro horas”.

Según denunció un reclamante de Guacamayas, quien pidió proteger su identidad, en medio de las agresiones algunas familias pasaron la noche escondidas en el monte, entre ellas una mujer con tres meses de embarazo. Por ello, desde el domingo 12 de junio las personas más afectadas decidieron salir de la zona.

El Defensor del Pueblo en Urabá, William González, confirmó el desplazamiento de estas familias y anotó que este martes el Ministerio Público tomará las declaraciones de las víctimas. “Una vez se tomen las declaraciones se tramitará la ayuda humanitaria de emergencia. Además se decidió hacer una visita extraordinaria a la zona y se solicitó activar la ruta de atención prioritaria”, explicó el funcionario.

Por estos hechos el lunes 13 de junio a las 9:00 a.m. se realizó un Comité de Justicia Transicional en el municipio de Turbo, en el cual se solicitó una mejor respuesta de parte de la Fuerza Pública, pues según denunció a través de Twitter el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Víctor Correa, el Ejército tardó en asegurar la zona.

La agresión de este 11 de junio en Guacamayas ocurre solo cuatro días después de que se denunciara la incursión en esa misma vereda de 6 hombres armados que también se presentaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas, el martes 7 de junio. Los agresores amenazaron a las familias reclamantes de tierra diciéndoles que se tenían que ir de la zona; robaron los celulares de varias personas, para evitar que se comunicaran; y hurtaron 50 cabezas de ganado.

En esa ocasión, mediante oficio del 9 de junio y radicado 948 del 2016, la Defensoría le informó a varias entidades del Gobierno Nacional entre ellas la Policía y el Ejército del inminente riesgo de desplazamiento de las comunidades y solicitó “medidas urgentes de protección a la comunidad” a fin de evitar que se repitieran estos hechos, como efectivamente ocurrió.

La zona de Guacamayas está cobijada por el Auto 00181 del Juez de Restitución de Tierras de Quibdó del 12 de diciembre de 2014 que ordena medidas de protección para los reclamantes de tierras ante la difícil situación que viven en la región.

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