Artículo de opinión por Diego Herrera Duque, presidente del IPC
El pasado 10 de junio se cumplieron cinco años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia. Era el año 2011 y se veía con mucha expectativa que una ley como estas tuviese el propósito de reparar el daño ocasionado a las víctimas a razón del conflicto, precisamente en medio del conflicto armado que vivía el país y que la misma ley reconoció. Y decía el propio Presidente Santos que la Ley 1448 pondría a prueba la voluntad y capacidad del Estado y de la sociedad colombiana para garantizar los derechos de un gran número de víctimas de la guerra en Colombia. Quizás ni el mismo Estado, ni la sociedad, reconocían en aquel entonces la magnitud de la tragedia de millones de colombianos, ni el reto tan complejo que se iniciaba, ni avizoraban los obstáculos que tendría la ley en su desarrollo.
Al día de hoy ya llevamos el 50% del tiempo establecido para su ejecución —recordemos que su aplicación ira hasta el 10 de junio de 2021—, pero los resultados son poco alentadores ante la magnitud del problema y del propósito. Según el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hoy tenemos más de 8 millones de víctimas registradas, superando los cálculos iniciales del Gobierno y de organizaciones sociales que nos hablaban en 2011 de alrededor de 6 millones de víctimas. Pero hoy los resultados hablan de la atención a unas 600.000 víctimas de manera individual por vía administrativa, llámese indemnizaciones económicas, resultado insuficiente para la magnitud del agravio sufrido y la expectativa generada.
De otro lado, se abrió la posibilidad de la reparación colectiva a diversos sujetos en el orden nacional. Hoy esa iniciativa tiene a su haber un poco más de 300 casos de sujetos colectivos, pero vale decir que muchos de ellos apenas están en la fila del registro de su caso, muchos ni siquiera tienen su Plan Integral de Reparación Colectiva, y aquellos que lo tienen solo han desarrollado acciones puntuales. Dicho de otro modo, se priorizó la atención individual y se emprendió tímidamente la reparación colectiva durante la mitad de la Ley, pero además, se siguieron presentando acciones violentas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, campesinos, dirigentes étnicos, entre otros, incluso durante el mismo periodo de ejecución de la política de reparación.
Así mismo, para las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, el problema inicialmente se calculaba sobre un universo de 6 millones de hectáreas despojadas y abandonadas; el mismo Gobierno partía de la meta proyectada de 360.000 solicitudes, con las cuales aspiraba a restituir al menos 2 millones de hectáreas en los 10 años. Pero hoy se sabe que pueden ser alrededor de 8 millones de hectáreas despojadas y abandonadas, y paradójicamente se ha venido reduciendo la expectativa del Gobierno a un poco más de 87.000 solicitudes, con el problema de que solo se puedan resolver judicialmente algo más de 6.000 solicitudes entre lo ya ganado y lo que falta de tiempo para ejecutarla, según lo ha planteado la Fundación Forjando Futuros. No es menor el dato de que durante este tiempo hayan sido asesinados en el país 74 reclamantes de tierras. Es decir, las cifras cambian, las metas oficiales se acortan y reclamar la tierra sigue siendo una actividad de alto riesgo para campesinos en Colombia.
En su conjunto, se observa que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras acusa un conjunto de problemas, unos previstos y otros no tanto. Se ha priorizado un enfoque individual de reparación a las víctimas, incluso dado el volumen de demandas y tutelas a la UARIV, la política se ha visto reducida a atender estos casos y no el desempeño general de la ley, pero además no ha tenido el mismo dinamismo la reparación colectiva de cara al daño colectivo y político ocasionado a una expresión plural y diversa que representan los grupos, organizaciones y comunidades que la buscan.
Algo similar ocurre con el tema de restitución de tierras, se atienden las solicitudes individuales con la consabida lentitud de resultados tanto en la fase administrativa como judicial, y no se toman en cuenta las posibilidades de la restitución colectiva de tierras como fórmula que permita acelerar el proceso. A ello se le suma la falta de garantías para las víctimas reclamantes de tierras, quienes siguen siendo señaladas, estigmatizadas y violentadas por sectores que se oponen a la restitución de tierras, en muchos casos bajo alianzas criminales entre despojadores, políticos, empresarios, y grupos armados ilegales con el visto bueno de algunos sectores de la institucionalidad. Así mismo, una política de estas, que requiere atención integral de las instituciones del Estado, sigue teniendo una oferta institucional descordinada y fraccionada tanto entre las entidades del orden nacional alrededor del Sistema Nacional de Atención Integral a Víctimas – SNARIV – que agrupa alrededor de 52 instituciones, como en la respuesta descentralizada de la institucionalidad en las regiones. La ley avanza lentamente, hay oferta institucional dispersa, se consolida la oposición a su implementación y se sigue estigmatizando, persiguiendo y asesinando a líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, campesinos y dirigentes étnicos en el país.
Para los 5 años que faltan, la Ley 1448 tiene algunos retos centrales en cuanto a enfoque, política y estrategia, para acelerar la implementación. Esos ajustes además serian un buen puente para alinear la ley con lo acordado en La Habana en el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC.
Algunos de esos ajustes serian: El paso del enfoque de reparación individual a la reparación colectiva reconociendo la naturaleza política del daño ocasionado a dichos sujetos en el marco del conflicto armado y la posibilidad de reparar la democracia; una mejor coordinación de las entidades responsables de materializar la política en el marco del SNARIV y su descentralización; y la necesidad de una política de superación de la impunidad que esclarezca los responsables y que brinde garantías y protección colectiva a las víctimas que vienen reclamando sus derechos ante el Estado.
Otros ajustes deberían implicar la articulación de la Ley 1448 con los puntos de La Habana alrededor de la reforma rural integral donde se redimensione la política de restitución de tierras, las garantías para la Participación Política de sectores victimizados, el futuro funcionamiento del sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación colectiva y Garantías de No Repetición que recoja y redimensione lo avanzado en esta etapa; y la necesidad de que las víctimas den el paso a ser ciudadanos con derechos y con capacidad de movilizarse políticamente frente a la legitimidad de los acuerdos de paz y su posterior implementación con enfoque territorial.
En última instancia, es reconocer que muchas de las víctimas en Colombia son sujetos colectivos sociales y políticos (sindicatos, periodistas, concejales y diputados, comunidades étnicas, defensores de DDHH, constructores de paz, colectividades políticas), que están en el centro de la crítica, del disenso y de las disputas, y que por ello no pueden ser eliminados ni excluidos del escenario político, sino que, al contrario, deben volverse actores fundamentales al proceso de reparación y reconstrucción de país.
