El Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, jefe de las Farc, acompañados por el Presidente de Cuba, Raúl Castro, exhiben el Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas. Foto: Juan David Tena

A pesar de la oposición de ciertos sectores políticos y sociales, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el pasado 23 de junio, entre otros, el acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas, que representa un paso definitivo hacia el fin del conflicto armado con ese grupo guerrillero.

Desde la fecha de la firma, voceros de la institucionalidad local y departamental y miembros del distintos movimientos sociales han manifestado su aprobación de los términos de implementación contenidos en el acuerdo, argumentando que el actual es el intento de negociación que más cerca ha estado de poner punto final a la confrontación armada que han sostenido las partes desde hace 52 años.

Según Luis Guillermo Pardo, gerente de Paz para Antioquia, este es “un acuerdo técnicamente bien hecho, políticamente claro y conceptualmente definitivo que traza un futuro esperanzador para el país y el departamento, porque le dice a la opinión nacional e internacional que las FARC tomaron la decisión dejar de ser guerrilla y convertirse en un movimiento político con calado social”.

Entre tanto, el día en que se suscribió el acuerdo, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, leyó un comunicado diciendo que con ese acto “hoy tenemos la expectativa de no seguir temiendo al uso de las armas por parte de las FARC y la esperanza de alcanzar el fin de un conflicto que tanto daño ha causado”. Aunque días después, resaltó la importancia de escuchar otras posiciones, como la del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien propuso hacer “resistencia civil” al proceso de paz.

De otro lado, las organizaciones de la sociedad civil también expresaron su aprobación. Diego Sierra Arroyave, investigador del Instituto Popular de Capacitación (IPC), sostuvo que el acuerdo representa un “quiebre irreversible”, debido a que, a través de la firma, las partes plantearon implícitamente que “ya están dadas las condiciones” para abandonar el conflicto y empezar a participar en política e intervenir en temas problemáticos como la distribución y uso de la tierra.

Con él coincidió Víctor Tobón Mesa, vocero del Movimiento Marcha Patriótica en Antioquia, quien comentó que la firma del acuerdo es un avance para alcanzar “el sueño de la paz con justicia social”. Y añadió que “significa una esperanza más en el anhelo de democratizar a Colombia, generando garantías para hacer política sin armas y para que no nos matemos por tener una posición política diferente a la de los partidos tradicionales”.

Por su parte, Manuel Adán Atehortúa, vocero de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en Antioquia, afirmó que el acuerdo fortalece los cimientos para la construcción de la paz y debilita las invectivas de las personas que se han opuesto a los diálogos. “Ahora esos sectores que han levantado la guerra se quedaron sin discurso, sin con quién más pelear”.

Las víctimas también se pronunciaron al respecto. Entre ellas, Marta Soto, secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Antioquia, quien indicó que el acuerdo es “muy importante para la historia de este país, para las pasadas generaciones pero también para las futuras, y específicamente para nosotras las víctimas que hemos luchado durante tantos años por la salida negociada del conflicto político y armado”.

En ese sentido, Teresa Aristizábal Sánchez, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Antioquia, agregó que lo suscrito entre las partes constituye un “paso gigante” para quienes han vivido el horror de la guerra y distintas formas de violencia en sus cuerpos y territorios. Por eso hay que “abrir las puertas, las ventanas, todo el espacio de la casa, para que entren nuevos momentos, nuevas confianzas en el país”.

Retos de la institucionalidad y demás actores

Más allá su aceptación, la firma del acuerdo de Cese al fuego y Dejación de armas implica desafíos para las comunidades y los actores políticos y sociales que inciden en los territorios, aportando desde sus misiones específicas y sus agendas de acción a la dinamización de los procesos que tienen como objetivo construir paz.

Al respecto, el gerente Pardo aseguró que uno de los principales retos es el que ha expuesto el gobernador Luis Pérez, quien ha insistido en que haya “rigurosidad en los protocolos: que sean claros, definitivos y establezcan cuáles van a ser las tareas de la Gobernación y de las autoridades locales, y cómo va a ser la presencia del Ejército. Porque lo que es la implementación en el microterritorio está bien especificada en el acuerdo”.

Además, consideró que en los municipios donde los combatientes de las FARC se concentrarán para el cese al fuego y la dejación de las armas habrá retos puntuales: primero, que los alcaldes –y demás figuras gubernamentales– sigan ejerciendo su autoridad civil, y segundo, que las diferentes expresiones del movimiento social con presencia en los territorios se vinculen a la estrategia del posconflicto.

Para apoyar esos procesos, precisó, la Gobernación de Antioquia dispone de la Gerencia de Paz  y en su Plan de Desarrollo estableció una línea estratégica de Paz y Posconflicto, que abarca todo lo referido al proceso de paz. “Por consiguiente, la Administración Departamental está preparada para asumir los retos que se vienen de cara al presente y al futuro”.

En Antioquia, las veredas seleccionadas son: Carrizal (Remedios), Santa Lucía (Ituango), Llanogrande (Dabeiba) y Vegaez (Vigía del Fuerte). Credifoto: El Espectador
En Antioquia, las veredas seleccionadas son: Carrizal (Remedios), Santa Lucía (Ituango), Llanogrande (Dabeiba) y Vegaez (Vigía del Fuerte).
Credifoto: El Espectador

Pero más allá de las medidas que debe adoptar la institucionalidad para adecuar y fortalecer su presencia regional y local, es necesario entender que el país está experimentando un momento de transición en torno al fin del conflicto, tal como lo aseveró el investigador Sierra Arroyave. Y eso genera expectativas sobre un nuevo escenario que les permita a las comunidades participar en la construcción de la paz en los territorios donde históricamente han vivido distintas formas de violencia, ocasionadas por la presencia de actores armados las FARC.

“Ahí el reto es, entonces, entender que allá –donde estarán instalados el campamento y las zonas veredales transitorias– hay unas comunidades que han estado resistiendo a la guerra y que también tienen programas y proyectos políticos construidos a través de argumentos democráticos, que una institucionalidad transicional debe acoger y materializar en agendas territoriales”.

En torno a eso, complementó el investigador, también surge como reto la implementación de un ejercicio pedagógico de construcción de ciudadanía, que les permita a todos los actores reconocerse como sujetos de derechos. Y ese ejercicio, según él, deberán hacerlo tanto las FARC con sus excombatientes como las organizaciones de la sociedad civil, con la participación de la institucionalidad.

Por su parte, Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, insistió en que la firma del acuerdo le plantea al Gobierno Nacional el reto de reforzar su presencia institucional en donde antes ejercían control las FARC –entre otros grupos armados ilegales–, para atender a todas las víctimas, implementar planes de reparación individual y colectiva, y garantizar la no repetición de los hechos victimizantes.

Sobre ese aspecto, Sierra Arroyave enfatizó que el reto para la institucionalidad es “poner en el centro a las víctimas, pero no solo como individuos sino en clave sectorial y territorial, como parte de un ejercicio fundamental para la paz: conocer la verdad de lo que pasó para entender sus casusas y efectos, y así hacer justicia, reparar los daños y garantizar que no se repita la espiral de violencia”.

Y para enfrentar ese reto, especificó Pardo, “es fundamental empoderar a las mesas de víctimas”, para que sus integrantes se asuman como actores que dialogan y participan en la construcción de propuestas de solución al conflicto armado, con la meta de evitar que otros colombianos sean victimizados o ellos mismos resulten revictimizados.

En todo caso, el acuerdo de Cese al fuego y Dejación de armas le impone al Gobierno Nacional un conglomerado de retos a asumir, que si bien no eliminan las tensiones en los territorios con grupos armados distintos a las FARC, sí deberían procurar que haya una visión y acción más integral para garantizar los derechos humanos, el desarrollo de la democracia y la construcción de una paz estable y duradera.

 


Hay que cambiar la cultura política

En el comunicado conjunto sobre el cese bilateral, ambas partes sostienen que el acuerdo “tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final”.

Para que la paz sea duradera y estable, es necesario contribuir a la construcción de una cultura democrática que relegue el uso de las armas en el ejercicio de la política nacional y a trabajar por el consenso entre los distintos sectores de la sociedad, como apuestas para garantizar que no se repitan los hechos que coadyuvaron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas.

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