En su larga historia de conflicto, Colombia ha tenido varias experiencias de comisiones de la verdad, pero el país todavía no logra conocer plenamente qué pasó y quiénes han tenido responsabilidad en esta guerra. En parte, esto se debe a que muchas verdades, conocidas hasta ahora, aún no han sido reconocidas por quienes estuvieron implicados. El desafío de la futura comisión será entonces profundizar en los déficit que existen y construir una narrativa con una contribución amplia actores.

Estas fueron algunas de las conclusiones que arrojó un estudio del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual exploró las percepciones, preocupaciones, preguntas y reflexiones que están haciendo diferentes sectores sociales del país acerca de la futura comisión de la verdad.

La información fue recogida en las ciudades de Medellín, Cúcuta, Pasto y Villavicencio, a través de entrevistas, conversatorios y grupos focales con organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos; con la academia y con el sector empresarial. En la capital antioqueña, la investigación recibió el apoyo del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Viva la Ciudadanía; en Cúcuta, del Comité Permanente de Derechos Humanos; y en Villavicencio, de organizaciones sociales que integran la Mesa de Derechos Humanos del Meta.

La creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la NO Repetición, hace parte de lo acordado hasta ahora entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC dentro del proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba). Este mecanismo estará incluido en la Jurisdicción Especial para la Paz definida en el acuerdo sobre justicia transicional, en el quinto punto de la agenda de negociación correspondiente al tema de las víctimas.

De hecho, entre sus objetivos, además de esclarecer qué ocurrió y ofrecer una explicación a la complejidad del conflicto armado en Colombia, está el contribuir al reconocimiento de las víctimas; y a la responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado. Todo ello deberá aportar a la convivencia en los territorios y a la generación de espacios de diálogo, plurales y diversos.

Para profundizar en el tema, la Agencia de Prensa IPC entrevistó a María Camila Moreno, directora en Colombia del ICTJ, quien habló sobre los resultados del estudio cuyo informe fue presentado el 13 de julio en Bogotá.

1. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos del estudio sobre comisión de la verdad en Colombia?

Lo primero es que en Colombia hay un avance importante en la construcción de la memoria histórica, incluso del establecimiento de la verdad. Se reconoce que se han hecho muchas investigaciones, ha habido comisiones de la verdad previas —unas más académicas, otras más políticas—, hay un amplísimo despliegue de iniciativas de la sociedad civil de construcción de memoria y eso ha hecho que, hoy por hoy, en Colombia tengamos ya una información importante sobre lo que ha pasado en este conflicto armado.

Pero al mismo tiempo se identifica, por un lado que mucha de esa información no es ampliamente conocida por la sociedad y, por el otro lado, que son verdades que aún no han sido reconocidas, hay conocimiento de algunos aspectos del conflicto, pero hay un déficit importante de reconocimiento de eso que ha pasado.

También se identifican temas que aún están por esclarecerse, por ejemplo: es necesario esclarecer a profundidad la verdad sobre crímenes como la desaparición forzada, la violencia sexual, incluso el reclutamiento ilegal. Y hay otro tipo de temas como relaciones de empresarios y políticos con el conflicto armado, su participación en el conflicto armado, las dimensiones políticas y financieras del paramilitarismo. Es decir, hay una serie de temas que todavía son temas pendientes en la agenda de esclarecimiento de la verdad en Colombia.

2. ¿Cuáles fueron las experiencias de comisión de la verdad en Colombia que conocieron en desarrollo del estudio?

Ha habido comisiones oficiales, por ejemplo, la comisión de la verdad del Palacio de Justicia, que fue creada por la misma Corte Suprema de Justicia hace unos años, que produjo un informe sobre los hechos del Palacio de Justicia.

Después de la década de los sesenta, cuando empieza el Frente Nacional, después de La Violencia de los años 40 y 50, se estableció un grupo de académicos que elaboró un informe sobre lo que había pasado en esa época. Fue también una comisión oficial.

En la década de los noventa, producto de las negociaciones de los grupos guerrilleros, se conformó lo que se llamó el grupo de los violentólogos, una iniciativa oficial que pretendía hacer un análisis del conflicto hasta ese momento.

Hay varias y ha habido otras también. Hay experiencias oficiales, la más reciente por supuesto el Centro Nacional de Memoria Histórica y su antecedente que es el Grupo de Memoria Histórica creado por incluso la misma Ley 975 de 2005.

Entonces todas estas comisiones han hecho aportes muy importantes para conocer lo que ha pasado en el conflicto, pero son parciales, insuficientes y, hasta ahora, ninguna ha tenido la trascendencia y la importancia que va a tener la futura comisión de la verdad, que es además resultado de un pacto político entre el gobierno y las FARC, pero que busca efectivamente ser una comisión de la verdad que construya una narrativa lo más completa y comprensiva posible, que va a servir de referente para estas generaciones y las futuras.

3. ¿Entonces se espera que la comisión de la verdad planteada desde La Habana, en el proceso con la guerrilla de las FARC, también contribuya a profundizar la verdad sobre el paramilitarismo u otros actores del conflicto?

Yo creo que absolutamente sí. Obviamente lo digo a partir de lo que está acordado en La Habana y lo que queda consignado en los documentos de acuerdo. En particular en el acuerdo de la Comisión de la Verdad se establece con mucha claridad que el informe final deberá tener un capítulo especial sobre el fenómeno del paramilitarismo. Esto por supuesto es una enorme oportunidad para avanzar en lo que se ha hecho hasta ahora, completarlo y realmente lograr una narrativa mucho más completa de lo que ha sido el fenómeno paramilitar en el país.

Y de otra parte, en el reciente acuerdo sobre garantías de seguridad, se pactaron una serie de mecanismos muy importantes orientados al desmantelamiento de la criminalidad organizada y de los grupos herederos del paramilitarismo, como los llaman en el acuerdo.

Es decir que estos acuerdos nos van a permitir, por un lado, profundizar en el fenómeno que conocimos como paramilitarismo antes de la desmovilización, pero también, con los otros mecanismos acordados, va a ser posible una mayor comprensión del fenómeno posterior, con miras, y creo que eso es lo más importante, a su desmantelamiento.

4. ¿Cuál sería la expectativa en cuanto al fenómeno de la subversión?

Por supuesto que la insurgencia tiene mucho que contar también en la Comisión de la Verdad y en estos casos la comisión será un escenario para que todos los actores armados y todos los que han participado directa e indirectamente en el conflicto presenten su punto de vista, sus testimonios, su visión de lo que ha sido su participación en el conflicto. Pero también es un escenario de reconocimiento de responsabilidad y eso es muy importante.

Sobre la participación de las FARC en el conflicto también se sabe mucho, pero hay una deuda y sobre todo con las víctimas enorme, de reconocimiento de responsabilidad y creo que eso va a ser en estos casos, diría yo, el valor agregado de la comisión de la verdad.

5. Dentro de lo que se conoce de la jurisdicción especial para paz y de cómo estaría conformada la comisión de la verdad en Colombia, qué podemos decir: ¿qué desafíos tiene? ¿Cuáles pueden ser sus falencias?

Nuestra futura comisión de la verdad se va a llamar Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; una comisión con un mandato amplio, tal vez algo ambicioso si se quiere, sobre todo si se tiene en cuenta que la comisión de la verdad tiene un tiempo bastante limitado para desarrollar el trabajo: su investigación en tres áreas y presentar el informe.

Eso significa que la comisión va a tener que priorizar. Va a interpretar ese mandato amplio para concentrarse digamos en los temas donde probablemente hay mayor déficit de conocimiento y reconocimiento, para concentrarse no tanto en esclarecer hechos puntuales, o adoptar una visión de esclarecimiento de hecho a hecho, caso a caso, sino más bien optar por develar políticas, patrones, modus operandi, poder tener una lectura mucho más comprensiva y amplia; sobre todo con el objetivo, más que de establecer quién le hizo qué a quién, de establecer las razones, las explicaciones de por qué, que es lo que demandan las víctimas y la sociedad.

La comisión de la verdad va a estar integrada por 11 personas que van a ser los comisionados y comisionadas, que deberán ser elegidos por un comité de escogencia, que va a ser conformado por las partes antes de la firma del acuerdo. Ese comité de escogencia va a tener la tarea de elegir a estos comisionados y deberán tener muy presente que en buena medida la legitimidad del trabajo de la comisión, la legitimidad del producto final que va a ser el informe, va a depender también de la idoneidad, independencia, seriedad de esos comisionados y comisionadas.

6. ¿Cómo lograr que sectores políticos o empresariales, que directamente no aparecen vinculados al conflicto o no han sido investigados de manera formal, contribuyan a una comisión de la verdad y ayuden al esclarecimiento de lo qué pasó?

Pues yo creo que hay que pensar en varias estrategias. Por un lado, creo que todos y todas tenemos un deber, y sobre todo quienes estamos en estos temas, de contribuir a crear un ambiente lo más favorable posible para el esclarecimiento de la verdad en Colombia. Eso significa que hay que hacer pedagogía sobre la comisión de la verdad ¿Qué es? ¿Qué aporta? ¿Por qué es importante para un proceso como el colombiano? Para que la gente tenga la información suficiente para definir y determinar si va a participar y cómo va a participar.

Por otra parte, el acuerdo habla es de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de NO repetición, que tiene varios mecanismos, entre ellos la comisión de la verdad, y establece cierta relación de condicionalidad entre los mecanismos. Eso significa que si alguien que es responsable por hechos del conflicto es llamado por la comisión de la verdad —sobre todo si se trata de los hechos más graves y representativos—, pues tendría que ir a aportar la verdad plena y a reconocer responsabilidad, si efectivamente quiere obtener los beneficios que se definen en la jurisdicción especial para la paz.

Entonces, si bien la presentación a la comisión de la verdad es voluntaria, no quiere decir que la comisión no pueda, para efectos de la investigación que está desarrollando, llamar a algunas personas. Si además coincide con que esas personas tienen un proceso en la jurisdicción especial para la paz, pues tendrían que efectivamente ir a la comisión de la verdad, porque si son llamados y no van, los magistrados de la jurisdicción a la hora de determinar la sanción podrían tener en cuenta su no participación en la comisión de la verdad.

Descargar estudio del ICTJ-PNUD sobre Comisiones de la Verdad en Colombia

15 Comentarios

Comments are closed.