Foto: Agencia Prensa Rural. CC (http://bit.ly/2aFthNe).

Autora: Luz Dary Ruiz Botero [1]

Foto: Agencia Prensa Rural. CC (http://bit.ly/2aFthNe)

Es común en la historia de nuestro país enseñada en las escuelas que se diga “Somos la democracia más estable de América Latina”, haciendo alusión a las elecciones ininterrumpidas de los mandatarios, a la institucionalidad existente y la división de poderes, así como a la existencia de varios partidos políticos y medios de comunicación. Con asuntos muy cuestionables, por demás, en términos de democracia sustantiva como se señala a continuación.

El cierre de oportunidades políticas que significo el Frente Nacional 1958-1974 como pacto político para frenar la violencia bipartidista, del conocido periodo de la Violencia en Colombia en los cincuenta,  exclusión política que se constituyó en uno de los argumentos para optar por las armas y crear guerrillas en el país. Luego en 1985, con la toma del Palacio de Justicia por el M-19, el General Plazas Vega al mando de la Escuela de Caballería encargada de la retoma plantea: “Mantener la democracia maestro… porque esto es una democracia y para eso estamos para hacerla respetar”, conociéndose luego ante la opinión pública, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las 11 desapariciones del Palacio de Justicia y los debates en la justicia colombiana si se condena o no a Plazas Vega.

Un indicador de democracia, poco referenciado en los textos escolares, es las garantías a la oposición. Al respecto, se debe anotar la práctica sistemática de estigmatización, persecución, desaparición, exilio y asesinato de líderes de Movimientos Sociales y organizaciones que se sindican de izquierda. Varios fallos de la justicia internacional y Colombiana evidencian esta persecución entre ellos, el de la Corte IDH que obliga al Estado a reparar públicamente y económicamente a la familia del líder de la Unión Patriótica –UP- Manuel Cepeda, como uno de los casos que representa el exterminio de un partido político como la UP, por tener ideas diferentes.

Una bandera de las guerrillas en Colombia ha sido las garantías para la participación política. Y en los procesos de negociación política se incluye en la agenda con el planteamiento de uno de sus lideres “poder hacer política desde lo legal sin que se  nos mate”. Los acuerdos con las guerrillas del Movimiento 19 de abril -M19-, el Ejercito Popular de Liberación – EPL- y el Movimiento Armado Quintín Lame –MAQL-, realizados para 1990 y 1991 implicaron la vinculación de algunos de sus delegados desmovilizados en la Asamblea Nacional Constituyente y la creación de organizaciones y partidos políticos como un acto de apertura democrática para propiciar desde ahí las transformaciones para esa Colombia soñada. Apertura que significo en las elecciones presidenciales de 1990, cuatro candidatos presidenciales asesinados: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa representantes por la UP, Luis Carlos Galán del partido liberal y Carlos Pizarro por la  Alianza Democrática M-19.

Referencio lo anterior, porque no es posible reparar cuando no se reconoce que existe un daño, cuando no se enuncia la existencia de acciones decididas por afectar a un colectivo y cuando por consiguiente no se asumen responsabilidades con las victimas generadas.

Hoy, 25 años después, la democracia continua estando en la agenda de construcción de paz. En la mesa de negociación Farc – Gobierno en la Habana, la democracia, es un punto de la agenda ya negociado y presentado en el Borrador conjunto “Participación Política: Apertura democrática para construir la paz” donde se compromete la necesidad de nuevas fuerzas en el escenario político desde partidos y movimientos políticos; el fortalecimiento del pluralismo y las garantías plenas para la participación y la oposición, esto último, implica la distribución más equitativa de recursos para fuerzas políticas, más transparencia del proceso electoral, así como una revisión integral del sistema electoral, de la conformación y las funciones de autoridades electorales. Así mismo, se estipula las garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos, también mecanismos democráticos de participaciòn directa ciudadana y vinculación en medios de comunicación, entre otros acuerdos.

Al igual que la democracia desde sus concepciones y formas de propiciarla, en la historia del país la paz ha sido una consigna y una bandera ondeada desde diversos frentes: quienes la proponen por la vía militar y quienes se la han jugado por la negociación política; los que la asocian a silencio de fusiles y desarmar los ejércitos irregulares, y algunos otros, enfatizan en la necesidad de radicalizar la democracia y aportar a la justicia social. Es decir, no todas las visiones de paz han implicado la democracia, pensarla y especialmente repararla, pues algunos de ellos tienen por supuesto que la democracia es una realidad en nuestro país y que construir la paz no la implica.

En este momento histórico en Colombia, nos avocamos a la refrendación de los Acuerdos de la Habana mediante el plebiscito de carácter vinculante para el Presidente de la Republica según la Corte Constitucional. Es tiempo para unir esfuerzos entre el movimiento social por la paz que ha presionado la salida negociada al conflicto armado – aun con sus diferencias ontológicas con visiones de paz- y que hoy requiere reconocer que es imposible construir la paz en Colombia sin fortalecer y reparar la democracia, tanto desde las prácticas cotidianas de los ciudadanos-as, como desde el fortalecimiento de los procesos electorales y la cultura política democrática; con el reconocimiento de las diferencias como posibilidades de desarrollo, potenciando la institucionalidad pública y las responsabilidades del Estado Social y Democrático de Derecho con la paz en tanto derecho fundamental y deber de obligatorio cumplimiento como reza la carta magna en su articulo 22.

Es necesario que la educación de las nuevas generaciones, niños-as y jóvenes, impartida desde las Instituciones educativas logre reconocer las diversas perspectivas de la historia de Colombia y desde ahí posibilite el soñar y luchar juntos por un mejor país, por una Colombia donde todo-as tengamos vida digna, independiente de los colores políticos que tengamos, de las ideas que profesemos y de las prácticas que emprendamos en nuestros territorios.

[1] Docente – Investigadora Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Coordinadora Área de Investigación y Grupo de Estudios en Desarrollo Local y Gestión Territorial. Facultad de Ciencias Sociales. Socia IPC, Investigadora en residencia del Observatorio Derechos humanos y Paz

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