“Abran que somos el Ejército y venimos a hacer un allanamiento”, vociferaban mientras golpeaban la puerta de una casa del barrio Monteblanco, en Remedios (Nordeste de Antioquia). Adentro, Luis Alberto Lopera y su esposa Margarita Arroyave dormían junto con su hijo Sebastián, de 10 años; todos despertaron sobresaltados por la acometedora visita. Era aproximadamente la 1:00 a.m. del sábado 2 de agosto de 1997.
Cuando escuchó que quebraron un vidrio de la ventana de la sala, Luis Alberto abrió la puerta. Tenía 37 años y era presidente del Comité de Derechos Humanos, miembro de la Junta Cívica y profesor de ciencias naturales en el Colegio Ignacio Yepes Yepes, de ese municipio. Los visitantes, que portaban armamento largo y uniformes militares, entraron preguntando: “¿Dónde tienen las armas?”. “¿Cuáles armas? Yo no tengo ningunas armas”, respondió Alberto.
Margarita también se levantó y fue a la sala. Los hombres, que entraron por la puerta principal y, luego, por la del solar, le ordenaron que sacara todo lo que tenía en un chifonier, donde supuestamente estaban las armas. Entre tanto, mandaron a Luis Alberto a que se vistiera para que los acompañara, pues estaba en pantaloneta. Sebastián estuvo todo el tiempo junto a su padre, observando en completo silencio. Padre e hijo se despidieron, pero Margarita no pudo hacerlo.
Para ese momento, los visitantes ya habían recorrido varias calles de Remedios donde habían allanado once casas de líderes sociales de izquierda, defensores de derechos humanos y otros habitantes de Remedios, a quienes asociaban con las guerrillas que estaban asentadas en el Nordeste. En total, se llevaron forzadamente a ocho personas, entre las 12:30 y las 2 a.m. de ese sábado.
Según Fernando Álvarez, representante legal de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (Asovisna), los visitantes eran integrantes del Grupo Autodefensas del Nordeste (GAN). Esa tropa criminal, precisó, se constituyó el 2 de enero de 1997; y estaba integrada por jóvenes de una convivir de Medellín que se trasladaron a Remedios y Segovia para cumplir su misión criminal hasta septiembre de ese mismo año.
El objetivo del GAN era erradicar el pensamiento y la acción colectiva de miembros del partido político Unión Patriótica (UP), organizaciones de derechos humanos y movimientos sindicales, juntas de acción comunal y demás entidades que tuvieran vínculos con activistas de izquierda, a través del desplazamiento forzado y el asesinato. Así lo señala el informe “Silenciar la democracia: las masacres de Remedios y Segovia, 1982-1997” del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), al citar el Expediente Disciplinario 08-43/1997 de la Fiscalía.
Muerte en Las Negras y Marmajito
En el trascurso de esa noche, los paramilitares hallaron en el casco urbano a siete de las once personas que tenían inscritas en su “lista negra”.
Quienes a media noche aún estaban en los establecimientos públicos, vieron, presos del pánico, cómo pasaban Luis Alberto y algunos de sus vecinos con las manos amarradas, por las calles cercanas al parque principal y al Comando de Policía. Se dirigían hacia la bomba de gasolina Amaru.
Allá, montaron a los retenidos en una buseta de servicio público y obligaron a su conductor a partir hacia Segovia. Iban Rosa Mejía, ama de casa y empleada del servicio doméstico; Alberto Silva, empleado del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inderena); Jairo Pérez, minero y miembro de la Junta Cívica; Ofelia Rivera, comerciante e integrante de la Junta; Carlos Rojo, exalcalde del municipio por la UP y el Movimiento Cívico Popular; Ramón Padilla, exescolta de Rojo y militante de la UP; y Luis Alberto.
La primera parada de ese recorrido de muerte fue a las 3 a.m. en el sector Las Negras, en las afueras de Remedios. Ahí, el grupo armado recibió instrucción por radio de dejar a Luis Alberto y Carlos en la buseta y bajar al resto. Entre tanto, otros sacaron al minero Efraín Pérez de una casa cercana y lo reunieron en tierra con los cinco retenidos. Les soltaron las manos y los obligaron a tenderse boca abajo en el suelo. Ramón logró huir, aunque herido. A los demás, les dispararon por ser supuestos colaboradores de las FARC y el ELN.
Luego, los paramilitares subieron nuevamente a la buseta y continuaron su viaje con Luis Alberto y Carlos. Minutos más tarde, hicieron una parada final en el sector Marmajito, ubicado en el barrio José Antonio Galán de Segovia. A las 5 a.m., según los relatos de quienes vivían cerca, se escucharon varios disparos del momento en que ejecutaron a quienes eran considerados en esa época como el último defensor de derechos humanos y uno de los últimos dirigentes de la UP en Remedios, respectivamente.
Según el informe del CNMH, “en las primeras horas de la noche del 1° de agosto, tanto el Ejército como la Policía hicieron presencia en el casco urbano de Remedios y llevaron a cabo operativos de control y requisas a los pobladores. Sin embargo, horas más tarde, ni unos ni otros reaccionaron para interrumpir o impedir el recorrido paramilitar (…). Tampoco impidió el hecho la presencia de tres bases y los siete retenes militares ubicados en la vía Remedios–Segovia por la cual se desplazó la buseta”.
También agrega, a partir de datos suministrados por la Fiscalía, que entre enero y septiembre de 1997 fueron asesinadas 170 personas en Remedios y Segovia, municipios que se convirtieron en escenario de terror generalizado en esa época en la que se profundizó la escalada criminal contra activistas políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Conmemorar a las víctimas
Desde el momento de la masacre han transcurrido 19 años. Margarita, quien ahora es bibliotecaria en el colegio donde enseñaba Luis Alberto, evoca cómo tuvo que conseguir un carro “chiverito” para ir a las 9 a.m. a recoger el cuerpo de su esposo –y de una vez el de Carlos Rojo– y llevarlos al hospital de Segovia. Al día siguiente, el domingo 3 de agosto, estuvieron en el entierro colectivo.
Sebastián, quien ahora tiene 29 años y es tecnólogo agroambiental, dice que su niñez y adolescencia fue difícil debido a la ausencia paterna. En parte por eso, valora profundamente los recuerdos que compartió con Luis Alberto, cuando lo acompañaba a trotar por las calles del pueblo y a los partidos de fútbol. Y asegura que conoció realmente a su padre luego de su muerte, por las historias que ha escuchado sobre su labor.
Madre e hijo coinciden en que la razón por la que el grupo paramilitar lo asesinó fue por su compromiso con la defensa de los derechos humanos en su comunidad, a la cual se dedicaba a través del Comité y la Junta Cívica. Igualmente, concuerdan al afirmar que la historia de Luis Alberto debe ser recordada, “para que no se vuelva a repetir la misma historia de violencia” y para “que sirva como pedagogía para las personas”.
Con esa intención, ambos asistieron al Carnaval por la Vida, la Memoria y la Paz, que realizaron Asovisna y la Alcaldía de Remedios el 6 de agosto. Ese día, algunos habitantes y visitantes participaron en un recorrido y actos simbólicos y culturales, realizados en el parque principal, con el objetivo de conmemorar la masacre y dignificar la memoria de las víctimas del conflicto sociopolítico en ese municipio del Nordeste.
Durante el acto de apertura del evento, los organizadores reprodujeron un mensaje de voz enviado desde el exilio por Rita Tobón, exalcaldesa de Segovia y sobreviviente del genocidio de la UP, en el cual le dijo a Lucía Carvajal, actual alcaldesa de Remedios, que “el primer deber histórico de una administración es el de honrar la memoria de quienes enaltecieron al municipio con su ejemplo de vida y su compromiso social, político y de desarrollo”.
En ese sentido, instó a la alcaldesa a retomar el ejemplo de los países europeos y darle a las obras que emprenda en las áreas de educación, salud y cultura los nombres de los integrantes de la UP y la Junta Cívica. “Ello sería un ejemplo a nivel nacional de la dignificación de las víctimas, la perennidad de la memoria histórica y la lucha contra la indiferencia y por la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad”, sostuvo.
Aunque la alcaldesa no se refirió a la propuesta de Rita, sí destacó la importancia de promover acciones de memoria en el municipio, “porque no se nos puede olvidar lo que ha pasado, y los que no lo conocen, lo tienen que conocer”. De ahí que esté promoviendo, a través de la casa de la cultura, que los habitantes empiecen a recordar, escribir y conversar sobre lo que les ha sucedido.
En esas tareas se encuentran, también, los miembros de la Mesa de Víctimas de Remedios, coordinada por Luz Botero. Están recopilando los relatos de quienes sobrevivieron o presenciaron los hechos violentos más representativos en los dos corregimientos y más de 50 veredas –entre ellas Carrizal, donde estará ubicada una zona de concentración de las FARC, tal como lo acordaron con el Gobierno en La Habana–. La meta que tienen es construir un libro que sirva para “consultar la memoria”.
Deuda con la verdad
Por la masacre de Luis Alberto, Carlos, Rosa, Ofelia, Jairo, Alberto y Efraín, fueron detenidos el 7 de septiembre de 1997 cinco menores de edad que habían sido reclutados por el GAN para cumplir tareas con objetivos específicos: desplazar y aniquilar a los líderes cívicos y políticos de Remedios para desarticular y exterminar la movilización social y la política de izquierda en esa subregión antioqueña, indica el informe del CNMH.
Y este año fue judicializado el excabecilla Gilberto León Giraldo, a quien el Juzgado Primero Penal Especializado del circuito de descongestión de Antioquia condenó en abril a 24 años de prisión por los delitos de múltiple homicidio agravado, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. Asimismo, un fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH de Medellín dictó en julio medida de aseguramiento en centro carcelario contra Adriana Astrid Londoño, alias “Nana”, como presunta partícipe en la masacre.
A pesar de esas acciones de las autoridades judiciales, los habitantes de Remedios aún viven con temor, ya no por las acometidas sangrientas del GAN, ni de los bloques paramilitares Metro y Central Bolívar que incursionaron a partir de 1999, sino por la expansión violenta de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y sus disputas con las FARC y el ELN. “El miedo acá todavía sigue latente, porque otros actores armados, y con otras modalidades, siguen asesinando”, aseveró Fernando Álvarez luego del Carnaval.
No obstante, complementó el representante de Asovisna, romper el silencio que se ha establecido por miedo a expresarse en el escenario público es una condición necesaria en este momento histórico que se vive en el país, no solo “para mantener la memoria viva y que estos hechos no se vuelvan a repetir en la historia”, sino también “para que la verdad salga a flote y podamos conocer quiénes son los beneficiarios de toda esta tragedia”.
Y precisamente ese último argumento está empezando a movilizar a las organizaciones de víctimas y sobrevivientes y a la Alcaldía de Remedios, que con modestos ejercicios de memoria, como eventos conmemorativos y recopilación de relatos, están reivindicando el derecho a la verdad para que haya justicia, reparación integral y garantías de no repetición en un anhelado futuro democrático, respetuoso de los derechos humanos y en paz.
