El camino de la paz y el desarrollo: la violencia como tensión continúa en Colombia y su tratamiento[1]
Por: Catalina María Puerta Henao [2]
La Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia fue el inicio de un profuso marco normativo, que fue desarrollado como fórmula para tratar la violencia que aquejó a Colombia en la década de los años 40, enmarcando una política de solución a la lucha armada que había comenzado a representar gradualmente un mayor factor de riesgo, debido a los rasgos comunistas que permeaban las acciones de los alzados en armas en algunas regiones del país. Este tratamiento, además de representar el cumplimiento de la promesa, según la cual se garantizaría la paridad política y el relevo del poder para los partidos tradicionales, significó el tratamiento directo de quienes fueron afectados por la violencia, las medidas adoptadas tendrían un carácter transitorio, pero serían la solución a la mayor problemática experimentada hasta el momento, la violencia política, ante la cual el Frente Nacional se erigía como un movimiento de pacificación.
Ese tratamiento a la violencia, es decir, la cura para la enfermedad, la llamada terapéutica de la violencia, como fue llamada, refleja la emergencia de un discurso de medicalización: el Estado deviene entonces en Médico, que suministrará el tratamiento necesario para atacar la metástasis virulenta de la violencia extrema, así, ofrecería los medicamentos y las dosis necesarias para menguar gradualmente no sólo los síntomas, sino también sus causas.
La Comisión Investigadora era el organismo encargado de diagnosticar la enfermedad, y ofrecería una fórmula para su tratamiento. En algunas ocasiones los Comisionados, procurarían por su propia iniciativa, reducir los síntomas, pues se encargarían de llevar a cabo procesos de negociación con los alzados en armas, que representaban entonces las células enfermas, su espacio de negociación sería el territorio mismo donde la enfermedad estaba más enquistada, territorio que ya estaba delimitado, pues su tejido era visto por el Estado como descompuesto.
Así mediante la promulgación del Decreto 0328 de 28 de noviembre de 1958, comenzó a escribirse la historia clínica de ingreso de la sociedad, como paciente por excelencia, a su propia recuperación. Se establecieron entonces mecanismos para la disolución de la lucha armada (enfermedad) en los departamentos que, para ese entonces, fueron declarados en Estado de Sitio (afectados por la enfermedad): Caldas, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Cauca, esto incluyó procedimientos para la amnistía por delitos políticos y, en el mismo sentido, para la reinserción de los excombatientes.
Es decir, el tratamiento incluyó la recuperación de algunas células o incluso órganos que aún eran susceptibles de ser curados, a quienes se les brindaría toda la atención necesaria, casi que intensiva, con miras a volver a insertarse, ahora sí sanos, al cuerpo social, es decir, dispuestos a producir.
Esta forma de violencia, representaba dificultades especialmente para el ejercicio de gobierno así como para el fortalecimiento y la recomposición del aparato institucional, lo que constituía uno de los pilares del Frente Nacional: la posibilidad de conceder entonces amnistías, se relacionaba directamente con la posibilidad de ejercer el poder, aunque fuera de manera simbólica, en los lugares donde el Estado había estado ausente, lo cual explicaba el surgimiento de los grupos armados, tal ausencia pretendía ahora conjurarse a través de una intervención (casi quirúrgica), que incluía el tratamiento de los delitos que serían catalogados como políticos, mediante el ofrecimiento de beneficios a sus responsables, así como la promesa de un cambio en las condiciones de vida, especialmente la garantía de acceso a la tierra.
Se pretendía, entonces, conjurar la violencia como consecuencia no sólo de la crisis social, sino también institucional, en la que yacía el país; además, el ejercicio de la violencia sistemática por parte del Estado, mediante intentos cada vez más agresivos por conseguir el orden, explicaba entre otras cosas el sostenimiento de la figura del Estado de Sitio, sin la cual no era posible disponer de medidas extraordinarias para gobernar a través de labores que fueron conocidas como acciones rehabilitadoras.
Algunos autores (entre ellos Arturo Escobar, cuando parte precisamente del análisis de la medicalización, y Ernesto Laclau, aunque desde un discurso post marxista), argumentan que el desarrollo de los alzamientos armados correspondió a una forma de oposición a la explotación y, por esta vía, a los proyectos de la modernidad en Colombia, impuestos precisamente por la pre modernidad en la que se encontraban, representada no sólo por el “atraso” económico, sino también por la violencia extrema, ejercida también por diversos grupos de poder, en este caso incluidas, las dirigencias de los partidos políticos.
Desde luego la crisis generalizada que en este análisis sería la grave enfermedad, era producto de las pugnas bipartidistas, que fueron también el caldo de cultivo para el desarrollo de manifestaciones armadas como el bandolerismo, que adquirió en algunas ocasiones rasgos comunistas, especialmente partiendo de las guerrillas liberales, que a mediados del siglo XX, ya no fueron más manifestaciones aisladas de síntomas fácilmente tratables, sino que, al contrario, comenzaron a representar el mayor impedimento para el ejercicio de gobierno por la franca oposición que manifestaban.
Fue ése el momento en el que se los relacionó con las causas de otra enfermedad, que amenazaba con impedir la salud del cuerpo social, se las señaló entonces como las responsables del atraso económico; es en este punto en el que toma fuerza el discurso del desarrollo, especialmente a raíz de los procesos de reconstrucción de naciones como consecuencia de un virus de mayores proporciones, que dejó casi en agonía a los países de Europa, la Segunda Guerra Mundial.
La violencia fue vista entonces como la peor enfermedad, la mayor afectación al Estado, a su posibilidad de gobernabilidad y, por extensión, al mantenimiento del poder por parte de las elites que, bajo un Frente, es decir, unificadas, dispusieron del tratamiento necesario para paliarla; así mismo, a su posibilidad de desarrollo económico, pues el desplazamiento masivo de campesinos hacia las ciudades y la alta tasa de homicidios, es decir, de mortandad, implicaba el retraso de las estructuras que debían estar dispuestas y aún más disponibles, para adaptarse al impulso desarrollista.
Es en este punto en el que los informes presentados por la Comisión Investigadora, al reflejar el grado de barbarie cometido en actos de impensable crueldad, muestran la relación directa entre la pobreza y el permanente, potencial y latente aumento de la criminalidad, lo que gradualmente permitió la instalación de un discurso, en el cual la persistencia de la Violencia se relacionó directamente con el subdesarrollo.
La emergencia de políticas de tratamiento al conflicto armado y a la violencia en la lógica de la rehabilitación coincide entonces con la implementación de medidas que al intentar disminuirla, pretendían generar un efecto mucho mayor, el desarrollo económico, que a largo plazo, -se esperaba y aun se espera-, produciría un efecto de pacificación.
Sin embargo, este discurso se transformó hacia uno de carácter criminalizante, en el que, frente a la imposibilidad de controlar los focos de violencia y de conflicto armado y una vez las medidas de desarrollo implementadas no tuvieron suficiente cobertura o la ausencia de recursos impidió su continuidad, éstas fueron abandonadas y el discurso tuvo un giro, en el que ya no era el Estado, quien debía generar las condiciones para el cambio social y así evitar la inconformidad de enormes sectores de la población traducida en actos violentos, sino más bien que ese Estado debía reprimir, a como diera lugar, el afán comunista por tomarse el poder.
Podemos afirmar, entonces, que el concepto de desarrollo llega hasta nuestros días por la misma vía, aunque atravesado por otras condiciones. En este sentido, como pudimos ver anteriormente, los procesos de atención a víctimas en Colombia se han posicionado con mayor fuerza a raíz de la implementación de la ley 975 de 2005, que ha representado en la última década, la reivindicación de derechos que se atribuyen y son específicamente exigidos por quienes han sido víctimas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que desde la década de los años ochenta y con mayor fuerza a mediados de los años noventa, diversos mecanismos para la atención y asistencia a las víctimas se han establecido, siendo la base sobre la cual se fundamenta el sistema actual de atención que es cobijado por la ley 1448 de 2011, también llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Es necesario resaltar que estos procesos no son tan ajenos y menos aún nuevos en el contexto de la creación de políticas públicas de carácter social, esto nos permite plantear que la atención a las víctimas en Colombia, no ha dependido únicamente, en nuestro contexto, de procesos de negociación o amnistías, aspectos que se consideran propios de un proceso transicional.
Por el contrario, en Colombia, los procesos de atención a quienes han sido víctimas se encuentran insertos en las dinámicas mismas del ejercicio de gobierno, muestra de ello es que los diversos planes de desarrollo establecidos por numerosos mandatarios, en sus respectivos periodos presidenciales, han tenido como eje la superación de la violencia, a través de la asistencia a quienes han sido víctimas, desde luego, cada uno de estos planes tiene características propias, que obedecen al contexto político e histórico en el que fueron expedidos.
Ahora bien, si se hace un análisis minucioso de los planes de desarrollo implementados desde la década del cincuenta hasta nuestros días, podremos identificar que guardan una relación estrecha con la superación de la violencia; mi pretensión es advertir cómo las formas de gobernar en Colombia han estado directamente relacionadas con la violencia y el conflicto armado que históricamente hemos padecido, en especial desde mediados del siglo XX. De allí entonces que considero pertinente afirmar que:
En Colombia, el afán por superar la violencia y el conflicto armado que hemos experimentado, ha estado fundamentado en la necesidad de superar así mismo el subdesarrollo, es decir, la necesidad de pacificar ha remitido directamente a la urgencia por cumplir con modelos de desarrollo impuestos internacionalmente, de ahí que los países, considerados como “más violentos”, han sido a su vez catalogados como “subdesarrollados”, es aquí donde encontramos el surgimiento de la fórmula: paz y desarrollo[1].
Puede decirse que a partir del advenimiento del Frente Nacional -1958- hasta nuestros días, diferentes mandatos presidenciales, con sus correspondientes planes de desarrollo, nos muestran diversas estrategias -entiéndase políticas públicas-, para brindar asistencia a la población afectada por la violencia; he encontrado que incluso la forma como han sido denominados puede trazarnos el camino para reconstruir una genealogía de tales procesos, que coinciden con el reconocimiento por parte del Estado del daño a la población, representado en niveles de ejercicio de la violencia tan significativos, que han condicionado aun la forma de gobernar.
El concepto de desarrollo[2] emerge en el contexto latinoamericano, y especialmente en el colombiano, tal y como se referenció anteriormente, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, momento en el que fue posicionado como eje de las agendas de gobierno[3]. Puede afirmarse que tanto el concepto como su significado fueron posicionados por Harry Truman en su discurso de posesión presidencial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el advenimiento de la lucha contra el comunismo, Truman planteó la necesidad de combatir la pobreza en zonas que nombró como subdesarrolladas, y que requerían, por tanto, el apoyo y la cooperación de las que no lo eran:
[…] Creo que deberíamos poner más a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor […] Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático […] Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno[4].
Fue entonces en el escenario de la posguerra, que las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputarían la hegemonía; paralelamente se instalarían una serie de medidas con miras a que todos los países pudieran progresivamente llegar a denominarse desarrollados. En este contexto, Colombia pasó a ser parte de los países considerados subdesarrollados y es este aspecto el que ha marcado, e incluso condicionado, la forma como se define las políticas económicas y sociales; así, pues, la urgencia de desarrollo ha sido el fundamento de las políticas nacionales en múltiples países al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Cuando se observan los diferentes planes de desarrollo establecidos por distintos gobiernos colombianos, puede evidenciarse cómo éstos han tenido por eje fundamental la necesidad de superar el subdesarrollo, que es considerado como el caldo de cultivo de “la violencia”, que es, a su vez, el mayor obstáculo para lograr la paz. En este sentido, los procesos de atención se implementan entonces, como una estrategia en el marco de planes de desarrollo, que tienen entre sus ejes la necesidad de superar el ejercicio de la violencia para generar mayores condiciones de crecimiento económico.
Estas reflexiones adquieren una inusitada pertinencia, cuando analizamos el actual proceso de negociación con la histórica guerrilla de las FARC, a la luz del actual modelo de desarrollo que el acuerdo mismo se encarga de fortalecer y cuando se evidencia a lo largo y ancho del territorio, la presencia de multinacionales de diverso raigambre que explotan los recursos producto de las concesiones brindadas por el Estado Colombiano, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que consolida el modelo económico extractivista por un lado, y por otro, fortalece el proceso masivo de atención a víctimas del conflicto armado más reciente, es decir el establecido desde el año 2008 a nivel administrativo, que luego fue complementado con el proceso judicial de verdad, justicia y reparación producto de la ley 975 de 2005.
[1]En este apartado sólo pretendo mostrar una de las manifestaciones o las evidencias que hallé en el proceso de rastreo del surgimiento de la atención a las víctimas en Colombia; al analizar los diferentes mandatos presidenciales desde el presente hacia “atrás”, encontré que los diferentes planes de desarrollo se estructuraban sobre la asistencia a poblaciones afectadas por la violencia, los programas instituidos aludían, inevitablemente, a la urgencia por conseguir la paz usando como instrumento el desarrollo, más adelante, mostraré en qué momento el concepto de desarrollo se instaló por primera vez, de tal modo que podremos ver su continuidad y rupturas, así como el resultado de la instalación de este discurso “desarrollista”.
[2] No es mi interés enfatizar o desarrollar ampliamente las diversas teorías y enfoques que dieron lugar a este concepto y su trayectoria en términos geopolíticos, por lo que estos apuntes pretenden sólo generar algunas bases que permitan comprender la relación entre éste, el ejercicio de la violencia y la paz, para acercarme a la forma en la cual la noción de desarrollo se vincula directamente con la asistencia a las víctimas.
[3] El concepto de desarrollo se relaciona directamente con la idea de progreso. Resulta bastante esclarecedor el análisis histórico de la idea de progreso de Robert Nisbet, pues la idea de desarrollo se considera heredera directa de la de progreso, surgida en la Grecia clásica y posteriormente afianzada durante el periodo de La Ilustración en Europa; según ésta, era posible definir una leyes generales que permitieran organizar y regular a la sociedad para transformarla a favor de los individuos, sin embargo, los procesos que han tenido lugar bajo esta premisa, han mostrado resultados casi que opuestos, NISBET, Robert, Historia de la idea de Progreso, 1991, Gedisa, 1980. Por otro lado, al parecer fue el economista alemán Joseph Schumpeter quien planteo en la década del 30 una teoría económica sobre el desarrollo; posteriormente, Wilfred Benson, funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, inventó el término áreas subdesarrolladas, el término desarrollo aparecía indistintamente en diferentes documentos técnicos de las Naciones Unidas, pero fue sólo hasta el año 1949 cuando se posicionan tanto su uso como su sentido, en este sentido ver: VALCARCEL Marcel, “Génesis y Evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo”, Documento de investigación, Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006, en http://www.uv.mx/mie/files/2012/10/SESION-6-Marcel-Valcarcel-Desarrollo-Sesion6.pdf consultada el 7 abril de 2012.
[4] Aparte del discurso de posesión del Presidente Harry Truman el 20 de enero de 1949, citado por ESCOBAR, Arturo, La invención del desarrollo, Editorial Universidad del Cauca, 2012, pág. 55.
[1] En el marco de la tesis denominada: PUERTA, Catalina, Pacificar y Rehabilitar. La Comisión Especial de Rehabilitación, 1958-1962. Apuntes para una genealogía de las víctimas en Colombia, tesis para optar al título de Magíster en Historia, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 2014.
[2] Abogada egresada de la Universidad de Antioquia, Magíster en Historia y estudiante de Doctorado en Historia de la de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Docente de cátedra, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.
