La Producción Neoliberal de Vidas Residuales[1]
Por: Juan Esteban Jaramillo Giraldo[2]
En memoria de mi bello amigo
Del primero de estos aspectos, el de la servidumbre humana, nuestro tiempo ofrece una aterradora evidencia que no necesita mayor descripción. Para Deleuze y Guattari el hecho universal de la servidumbre, de la que nuestro tiempo es su espectacular realización, está descrito en la pregunta ¿por qué hombres y mujeres combaten por su servidumbre como si lucharán por su salvación? ¿Cómo es posible que se llegue a gritar queremos más impuestos, menos pan? Lo sorprendente no es que la gente robe o haga huelgas, lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga.
¿Por qué soportamos desde hace siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas no solo para los demás sino también para nosotros mismos? ¡No! Las masas no fueron engañadas, ellas desearon el fascismo, en determinado momento, en determinadas circunstancias y esto es lo que precisa explicación, esta perversión del deseo colectivo.
(Carlos Enrique Restrepo Bérmudez, 17 de febrero de 2016. Q.E.P.D)
Desde hace unos años en el contexto nacional han tomado una fuerza inusitada diversas manifestaciones de lucha y protesta[3] por parte de diferentes movimientos sociales que se han activado en todos los rincones del país, las cuales además de enunciar inconformismos por las políticas de gobierno que se han venido implantando desde los años noventa, van mucho más allá de ello, expresando formas de vida y de ganarse la vida –campesinos, agricultores, mineros artesanales tradicionales, etc.- que se resisten a ser suprimidas en el marco de una serie de procesos globales del orden político, económico y jurídico, signados por la gubernamentalidad neoliberal.
Si tomamos como objeto de estudio las sucesivas políticas desarrolladas desde 1986, podremos observar que las acciones gubernamentales han estado enfocadas hacia la construcción de un escenario de libre competencia insertado en el mercado mundial, para lo cual se ha establecido un régimen de excepcionalidad permanente en materia económica, acompañado de una política de seguridad de corte militarista, conducente a establecer las condiciones ideales que posibiliten la consolidación de los procesos de acumulación y de concentración de la riqueza, que tienen como contrapartida la generación de condiciones de precarización de la vida de un grueso número de la población, en particular la campesina y obrera, como pasamos a mirar a continuación.
- Las políticas neoliberales en Colombia
Período 1990-2000
Un recorrido histórico, nos muestra como las diferentes políticas neoliberales puestas en marcha, sentaron las bases de una nueva institucionalidad y un nuevo marco jurídico tendiente a favorecer, estimular y potenciar los procesos de acumulación capitalista en Colombia. A partir de los años noventa –lo cual se perfilaba desde los años setenta y ochenta- se dio inicio a un largo camino, tendiente al establecimiento de un régimen de excepcionalidad permanente en materia económica[4] y a la producción de una nueva espacialidad para el capital, fundamentada en la transnacionalización y desestatización de la política y la economía, configurándose así en Colombia, un Estado empresario, muy distante del rimbombante modelo de Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política de 1991, encargado principalmente del agenciamiento y la regulación de las empresas trasnacionales e inversores extranjeros en el territorio nacional[5].
Este proceso se dio en el marco de la transición de un modelo de acumulación capitalista basado en la industrialización y el desarrollismo dirigido por el Estado, hacia un modelo de acumulación flexible y de financiarización, el cual se ha caracterizado por ser un proceso basado en la acumulación por desposesión, es decir, una acumulación basada en la depredación, el fraude, la expoliación y la violencia[6].
Si bien estas reformas neoliberales se manifestaban desde los años ochenta, se hicieron más visibles y tomaron mayor fuerza a partir de 1990 con el programa de Modernización de la Economía, iniciado por el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), el cual consistió en una serie de políticas de apertura económica y comercial, liberalización de la economía, minimizando la intervención estatal en favor del funcionamiento de los mecanismos del mercado. Posteriormente, en el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se formuló el Plan Nacional de Desarrollo denominado La Revolución Pacífica, el cual contiene los mismos énfasis del programa del anterior gobierno, pero introduce elementos que permiten la aceleración del proceso de apertura y liberalización comercial. Estas políticas fueron acompañadas de reformas al sistema de seguridad social, al sistema pensional y al régimen laboral. En el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) se presentó el Salto Social –denominación de su Plan de Desarrollo- como una política alternativa a las neoliberales que se venían desarrollando en el país; sin embargo, las políticas durante este período continuaron con la internacionalización efectiva de la economía ciertas políticas populistas para sortear la crisis de legitimidad que asediaba al Gobierno de Samper por sus vínculos con el narcotráfico. Finalmente, bajo el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se presentó un drástico recorte a la inversión pública, proponiendo que el grueso de la inversión proviniera del sector privado, con lo cual le imprimió un nuevo impulso al proceso de privatización de las empresas estatales, sumado a lo cual se suscribió con el gobierno estadounidense el denominado Plan Colombia, estrategia de intervención imperial bajo el ropaje de cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico[7].
De acuerdo con Maya, estas reformas generaron efectos contraproducentes para diferentes sectores de la sociedad: las empresas nacionales quedaron en desventaja para competir en un escenario de libre mercado, la economía se vio expuesta a una entrada masiva de importaciones que devastaron la industria nacional y la agricultura, aumentando el desempleo tanto en lo urbano como en lo rural, aunado a la flexibilización y precarización del trabajo, la pérdida de garantías para el ejercicio de los derechos sindicales, así como la reducción de la capacidad de crecimiento económico, situación evidente con la crisis de finales de los años noventa (2002, 169).
Finalizando el período gubernamental de Pastrana, se hizo latente una crisis sin precedentes en los sectores agrícola e industrial[8], aumentó la inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza, así como la pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores y campesinos, el aumento de las tasas de desempleo, emergencia de nuevos conflictos sociales, etc. Los mecanismos de exclusión estuvieron acompañados por los de represión política: se implementó la guerra sucia, el paramilitarismo y la persecución política, que bajo el pretexto de la guerra contra la insurgencia, se utilizó para agredir y aniquilar a los integrantes de los movimientos sociales, populares y sindicales.
Así las cosas, se vislumbra claramente la correlación existente entre la intensificación del conflicto armado en Colombia con la aplicación del modelo de desarrollo económico aperturista neoliberal. En este sentido, el conflicto armado no se explica solo en función de las estrategias definidas por los actores armados trenzados en el enfrentamiento bélico, sino también por los intereses que se posaron sobre el territorio colombiano y sus recursos por parte de diferentes agentes económicos, muchos de ellos de carácter trasnacional.
Políticas de Seguridad y Prosperidad Democrática, 2002-2016
La expansión y consolidación del neoliberalismo en Colombia, está directamente relacionado con el comienzo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, 2006-2010) y su propuesta de un Estado Comunitario, soportada en la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática, la cual encuentra continuidad en el actual Programa de Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón de Prosperidad Democrática (2010-2014, 2014-?).
Durante los gobiernos de Uribe y Santos las políticas gubernamentales se fundamentaron en tres ejes: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. El primer eje ha significado toda la estrategia militar desplegada para asegurar el control territorial por parte de la fuerza pública, así como para someter y derrotar militarmente a los actores armados ilegales del conflicto armado interno, principalmente a las organizaciones guerrilleras de las FARC y del ELN y sus fuentes de recursos económicos provenientes de sus relaciones con la producción de drogas ilícitas, todo ello bajo el auspicio de la asistencia militar estadounidense a través del Plan Colombia. Además de esto, la estrategia militar estuvo articulada con la política de negociación con las organizaciones paramilitares, para lograr su desmovilización, sometimiento a la justicia y reintegración a la vida civil[9].
No obstante que ninguno de esos objetivos se cumplió, no por ello se puede afirmar que tal estrategia haya fracasado. De hecho ésta no puede leerse de manera aislada de los otros dos ejes, sobretodo en su relación con el eje de confianza inversionista. La estrategia de seguridad democrática logró consolidar un escenario para la libre movilidad y la atracción de grandes capitales trasnacionales por las garantías de seguridad que se ofrecen para su asentamiento en el territorio colombiano, las cuales no han estado solamente asociadas al control de los actores armados ilegales, sino que también, bajo el eslogan de la lucha contra el terrorismo, se han reprimido y criminalizado a movimientos, organizaciones y luchas sociales[10], librando a los empresarios de la “molestia” que representan las organizaciones sindicales de trabajadores y las de defensores de los derechos humanos, protectoras del ambiente, de las comunidades y de los territorios de indígenas y afrocolombianos, etc.
Entretanto, el eje de la confianza inversionista, ha servido para profundizar el modelo de apertura económica y liberalización comercial, generando garantías y desarrollos normativos favorables a la inversión extranjera directa. Esta estrategia ha sido acompañada por el establecimiento de un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales, como principal vía para lograr el crecimiento económico, lo cual ha afectado a un sinnúmero de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, así como a sus territorios y al ambiente (Lemaitre, 2011).
Se trata de un modelo de desarrollo direccionado al mercado, despreocupado por los problemas estructurales de pobreza, exclusión y marginación social, que sólo vislumbra en la población un conjunto de individualidades que se deben moldear de acuerdo con las necesidades de ese mercado. Bajo este modelo se redefinieron los usos del territorio en función del mercado, lo cual ha conllevado la emergencia y el establecimiento de prácticas que podemos definir como racistas, toda vez que se funda en la proscripción formas de vida y de ganarse la vida de vastos grupos poblacionales que no se enmarcan en las apuestas del desarrollo neoliberal y más bien aparecen como un obstáculo a dichos propósitos, para lo cual se han puesto en práctica dispositivos de biopoder, dirigidos a aquellos que se deben dejar morir, para lo cual se ponen en práctica políticas de abandono (lo que impropiamente se ha denominado ausencia estatal), o si es necesario de hacer morir, mediante prácticas de exterminio: desapariciones, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, etc.-, mientras no se adapten a los cambios exigidos por el modelo de desarrollo.
La decisión de transitar por la vía de la extracción de recursos para lograr el desarrollo económico, ha tenido que ver con la convicción de que ofertando las llamadas ventajas naturales competitivas en el mercado mundial y atrayendo a inversores extranjeros para el desarrollo de dichos proyectos, se generará un crecimiento económico acelerado que logrará beneficiar a todas las capas de la sociedad. Sin haberse logrado este objetivo, lo cierto del caso es que sí se ha logrado cubrir el territorio nacional con exploración minero-energética, así como con el desarrollo de proyectos de infraestructura en transporte para la exportación de productos mineros y garantizar la conectividad regional, nacional e internacional. Este tipo de proyectos, además de generar la expoliación del territorio, está destruyendo, precisamente, con esas formas de vida humana diferentes, como por ejemplo, las representadas en las comunidades indígenas:
(…) El argumento central de los U’wa para oponerse a la exploración y explotación de hidrocarburos es que proteger la Madre Tierra y lo que ella contiene le da sentido a sus vidas, y sacarle la sangre (el petróleo) es matarla y quedarse sin donde vivir. La Oxy, por su parte, planteó que su proyecto era la última opción que tenía este pueblo indígena para sobrevivir porque generaría empleo y bienestar. Su alegato es una muestra de la idea dominante de que la modernización -a través de la industrialización, la venta de la fuerza laboral y el vínculo directo con el mercado-, es la única fuerza capaz de destruir las supersticiones y relaciones arcaicas, sin importar el costo social, cultural y político, como lo señala Arturo Escobar. (García, 2011, p. 33)
Como lo ha señalado Puerta, la implantación de empresas multinacionales en los territorios ha generado un enriquecimiento de éstas a través de la extracción de recursos, mientras que para las personas y comunidades que los habitan ha representado la pérdida de sus tierras, de sus formas de vida y de sus relaciones sociales y comunitarias. Para enmendar el daño sufrido, estas empresas establecen una serie de programas asistenciales dirigidos a generar bienestar en la población, todo ello signado por la ideología de la responsabilidad social empresarial, que no logran ser siquiera paliativos frente a los desastres que generan (2006, p. 209-232)[11].
Relacionado con los megaproyectos, a nivel regional y local, están en fase de implementación el del Eje Andino, el Eje del Amazonas, el Eje Orinoco-Amazonas-La Plata, el Canal Interoceánico, entre otros[12]. Todos estos megaproyectos se desarrollan bajo el argumento de lograr una mayor integración regional y una modernización para el desarrollo y el crecimiento económico. Sin embargo, como lo apunta Aristizábal, los mismos deben ser leídos desde la perspectiva de los intereses de los actores hegemónicos, quienes pretenden un reordenamiento territorial para posibilitar la conversión de la riqueza genética de la flora, la fauna, el conjunto de la biodiversidad, el agua y los demás recursos naturales en mercancías transables en el mercado mundial (2007, p. 146-147).
Igualmente, el eje de la confianza inversionista ha continuado con las políticas de favorecimiento al capital financiero de carácter especulativo. El sector financiero está teniendo una alta injerencia en la prestación de bienes y servicios sociales, al igual en el sector rural, situación que ha traído como consecuencia la falta de desarrollo del sector productivo nacional y la destrucción del sector productivo rural[13].
En materia fiscal, iniciado el primer gobierno de Uribe Vélez se presentaban problemas de tipo macroeconómico, los cuales se afirmaba, eran el fruto de desajustes fiscales. Estos problemas, que se presentaban desde el gobierno de Pastrana, permitieron que organismos internacionales, como el FMI y el BM, continuaran con un papel protagónico en la definición de la política económica y social del país. Durante el año de 1999, se firmó el Acuerdo Extendido con el Fondo Monetario Internacional[14] en el cual Colombia se comprometía a llevar a cabo una serie de reformas políticas e institucionales de ajuste fiscal y a garantizar el pago de la deuda. Este acuerdo fue modificado en el año 2003 por el Acuerdo Stand By solicitado por Colombia[15], el cual profundizó las medidas de ajuste fiscal, así como las garantías para el pago de la deuda y estableció una política redistributiva de los ingresos y la riqueza: una redistribución desde los ciudadanos hacia el capital financiero (Giraldo, 2009, p. 215). Incluso estos acuerdos terminaron, no solo reformando sino redefiniendo el modelo de Estado Social de Derecho, a partir de la incorporación de la sostenibilidad fiscal como un principio constitucional a través del Acto Legislativo 3 de 2011, desplazando al principio de progresividad en la garantía de los derechos socioeconómicos, lo cual terminó por inviabilizar cualquier posibilidad de materialización, bajo la actual Carta Política, de un modelo de bienestar en materia de políticas sociales.
En el sector agrario, las políticas desarrolladas no han permitido la inserción de los campesinos, ni de los pequeños productores con sus economías, en el proceso de desarrollo del país, toda vez que no se vislumbran en ellos las capacidades necesarias para competir a nivel global. Como lo ha dicho Machado, se trata de una política intensiva en el capital, dirigida al crecimiento económico y de la producción, por lo tanto enfocada en aquellos inversores que exhiben activos de calidad y en quienes han desarrollado capacidades empresariales para competir en los mercados internos y externos. Para el resto del sector, las políticas han consistido en medidas asistencialistas y compensatorias, que no inciden sobre los factores que impiden el mayor crecimiento e inserción de los más vulnerables e históricamente excluidos en los procesos de desarrollo (2006, p. 48-52).
En último lugar, el eje de la cohesión social planteó como propósito la erradicación de la pobreza y la desigualdad, a través de una serie de políticas de tipo asistencialista, ninguna de las cuales ha logrado hasta el momento remover las causas estructurales de tales problemáticas. Esta estrategia ha tenido efectos perversos sobre las posibilidades de acceder a los bienes y servicios que aseguran los DESC, las cuales se han visto sometidas a la lógica de competencia en el mercado, con lo cual acceden a dichos bienes y servicios quienes han logrado ciertas solvencias socioeconómicas, mientras el resto ve reducidas sus opciones a las políticas asistencialistas y de caridad del Estado, mediante subsidios miserables que mantienen en suspenso las posibilidades de llevar una vida digna, constituyéndose así una nueva forma de ciudadanía: la asistida[16].
A pesar de lo paradójico que parezca, se sigue considerado que para la superación de problemas como la pobreza y la desigual distribución de los ingresos y la riqueza, se debe profundizar el modelo de desarrollo neoliberal, en busca de un crecimiento económico acelerado, que permita la generación de empleo dependiente, pero sobretodo de oportunidades de autoempleo, requiriendo para ello continuar con las políticas tendientes a mantener la inflación reducida, para no afectar la inversión extranjera directa. Todo esto articulado al proceso de inserción en el mercado global, para lo cual se requiere que las actividades económicas transables sean competitivas, situación que depende de una tasas de cambio y de interés también competitivas, en suma, de un sector financiero fuerte y competitivo. Bajo este esquema, la población pobre debe capitalizarse y capacitarse para acceder a empleos y autoempleos de alta productividad[17].
La “loca-motora” minera de Santos
Si bien desde el 2001 se sentaron las bases para la profundización del modelo extractivista con la Ley 685, y durante el gobierno de Uribe se comenzó a “feriar” de manera indiscriminada el territorio nacional a través de la concesión de licencias para la exploración y la explotación minera, intentando incluir los páramos dentro de esa “gran orgía” capitalista (Ley 1382 de 2010); fue el gobierno de Juan Manuel Santos el que supeditó el desarrollo del país a la explotación minero-energética, a través de una serie de normas que aseguraron los derechos del capital, tales como la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo), CONPES 3762 de 2013 (Proyecto de Interés Nacional y Estratégico –PINES-), entre otras.
De acuerdo con lo expresado por uno los mejores analistas y expertos en el tema, el economista Álvaro Pardo[18], estas políticas gubernamentales han constituido un sector minero-energético entregado a las fuerzas del mercado, a la gran minería y sus gremios; que desconoce los mandatos de la Constitución Nacional y que riñe con sus leyes reglamentarias; que ha favorecido la colonización de transnacionales canadienses, las cuales se mueven a través de prácticas especulativas, de corrupción, sin ninguna fiscalización; un sector generador de múltiples conflictos territoriales y ambientales.
Pardo ilustra lo anterior, al señalar que, durante el año 2013 por ejemplo, la estatal Ecopetrol pagó 2,5 veces más impuestos que todas las compañías privadas de hidrocarburos y 10,5 más veces que todas las mineras. Asimismo, Los dividendos e impuestos de Ecopetrol representan el 86% de los ingresos del Estado por estos conceptos, pagando 8,5 más veces que las petroleras privadas y 36 veces más que todas las mineras. Frente a este panorama lo cual deja planteado un serio cuestionamiento sobre los supuestos beneficios que la “loca-motora” minera de Santos está generando a la economía colombiana.
En todo caso, habrá que exaltar la Corte Constitucional colombiana, la cual le ha impuesto una serie de frenos a la mezcla entre las actitudes voraz del capital minero-energético y meretriz estatal. A través de sentencias como la C-123 de 2014, la C-035 de 2016, la C-273 de 2016 o la C-389 de 2016, se han restituido los derechos colectivos al territorio, al ambiente, a la autonomía y a la autodeterminación de comunidades, entes territoriales y de la población en general.
- La producción neoliberal de vidas residuales
Se tiende por lo general a considerar que las problemáticas enunciadas están relacionadas con vicios o vacíos en la implementación de las políticas neoliberales, que son fallas del sistema susceptibles de ser corregidas con la adopción de medidas que fortalezcan el capital humano y en no pocas oportunidades, se señala que son problemas de mentalidad, esto es, hay personas pobres porque esa es su mentalidad tercermundista o porque son holgazanas y no aprovechan las oportunidades que el mundo les ofrece.
Sin embargo, lejos están estos problemas de ser fallas, vicios, vacíos o defectos en la puesta en marcha del modelo de desarrollo neoliberal, todo lo contrario, estos efectos dan cuenta del buen funcionamiento y la buena marcha de dicho proceso. Los problemas de pobreza, exclusión marginación social son la otra cara del desarrollo en la modernidad capitalista y la articulación de Colombia a este proyecto no puede ser la excepción. Una afortunada cita de Bauman es útil en este punto para recordar cómo se construye y planifica el orden y el progreso en la modernidad:
Cuando le preguntaban cómo lograba la bella armonía de sus esculturas, Miguel Ángel respondía al parecer: “Es sencillo. Se coge un bloque de mármol y se eliminan todos los pedazos superfluos”. En el apogeo del Renacimiento, Miguel Ángel proclamaba el precepto que había de guiar la creación moderna. La separación y la destrucción de los residuos habría de ser el secreto de la creación moderna: eliminando y tirando lo superfluo, lo innecesario y lo inútil habrías de adivinarse lo agradable y lo gratificante (2005, p. 36).
Quienes se ven afectados por situaciones de pobreza, exclusión y marginación social, se constituyen en las víctimas colaterales del progreso económico en nuestro contexto; víctimas quizás no pensadas, no queridas, no deseadas, pero que necesariamente se producen por la lógica de acumulación con la que procede el sistema capitalista, así como por la dinámica de competencia instaurada en la sociedad. Las políticas neoliberales de crecimiento económico a través de la extracción de recursos –megaproyectos mineros, hidroenergéticos, agroindustria, etc.- han servido para expropiar de los medios de existencia -esto sí de manera planificada- a millones de personas y comunidades; las políticas de flexibilización y precarización laboral, así como las medidas fiscales regresivas, han servido para dejar en situación de incompetencia otras tantas personas que ven frustradas sus posibilidades de acceder a los recursos necesarios de subsistencia.
Este proceso se ha caracterizado por lo que Renán Vega Cantor (2010) ha nombrado como un genocidio económico y social. Se trata de un proceso mediante el cual se adoptan políticas económicas que privan de los medios de existencia de manera planificada, a un sinnúmero de personas y comunidades, exponiéndolas a situaciones que ponen en riesgo su subsistencia.
Pero las dimensiones de este genocidio no llegan solo hasta la producción de vidas residuales, sino que también hemos asistido a uno de otra naturaleza, asociado a las nuevas formas de comprensión del racismo, las cuales se expresan en una serie de acciones tendientes al exterminio de grupos poblacionales y comunidades que se han resistido a la implantación del modelo de desarrollo neoliberal, o que simplemente su presencia obstaculiza la consecución de las finalidades de dicho proyecto.
Podemos ilustrar lo anterior con el caso del desplazamiento forzado; éste no es una casualidad o un mero efecto colateral del desarrollo, sino que se trata de una estrategia pensada, calculada y concertada. Así por ejemplo, Lauchlin Currie (1968), asesor económico canadiense, y quien cobró gran protagonismo en el gobierno de Misael Pastrana en la década del sesenta, decía que la guerra podría tomar el lugar de un programa económico de movilidad acelerada, no mediante las leyes naturales de la economía, sino mediante un choque, una verdadera apertura, lo que hacía necesario un traslado masivo de campesinos a las ciudades, para lo cual calculaba que en Colombia existían 1 millón 900 mil personas desplazables del campo.
Por su parte, consultores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, en el informe “Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries” de 1951, el cual se encargaron de difundir en toda Latinoamérica, expresaban lo siguiente:
Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico.
Lo anterior pone en evidencia que no es un simple accidente, sino que el desplazamiento hace parte del proceso de construcción del orden neoliberal en Colombia: los desplazados se constituyen en los residuos humanos de tal proceso, representan aquello que se hace morir o simplemente se deja morir.
Así las cosas, la gubernamentalidad neoliberal que se ha instalado en Colombia desde décadas atrás, proscribe esas formas y proyectos de vida que se desarrollan en el marco de culturas y concepciones divergentes a las del desarrollo y el progreso económico hegemónico. Contra estas formas de vivir y de ganarse la vida se hace surgir aquel derecho de muerte del poder soberano, atado a esas nuevas formas del racismo: lo que se hace morir es todo aquello que significa un obstáculo para el modelo de desarrollo neoliberal, lo que se oponga a los intereses del gran capital, sin embargo no se requiere el exterminio físico, pues con la aniquilación de los proyectos existenciales, tanto personales como comunitarios, se logran los objetivos propuestos en el marco de esa nueva razón de Estado. Convertidos en población excedente, superflua o residual, se constituyen en aquello que se “deja morir” en el dominio biopolítico, entretanto no logren adaptarse y adquirir las nuevas habilidades y competencias que el mercado demanda de ellos. Sus vidas son reducidas a nuda vida, desprovistas de cualquier otro atributo.
Bauman (2005) considera que la convergencia que se ha presentado entre el proyecto de la modernidad y la construcción del orden neoliberal, asociados en la búsqueda desenfrenada del progreso económico, ha traído como consecuencia inevitable la generación de población excedente, de “residuos humanos” cuyas formas de vida, así como sus formas tradicionales de subsistencia, se han tornado inviables.
Su visibilización permite discernir la aparición de nuevas formas de racismo, asociadas a las incapacidades y falta de habilidades de las personas para competir en el mercado laboral. Se exige a los individuos que asuman, por su propia cuenta, la responsabilidad de su seguridad y de su supervivencia de manera aislada, sin referentes colectivos, todo esto en un escenario de competencia fuera de control, frente al cual resulta casi que inverosímil oponer algún tipo de resistencia individual. Se establece un darwinismo social en el mercado del trabajo, en el cual, quienes triunfan se constituyen en una especie de “raza superior tecnológica” y los que no logran acceder o insertarse a tal dinámica, son la “raza inferior”, que además de ser considerados incapaces e incompetentes, son declarados culpables por tal infortunio (Santos, 2005, p. 213-214).
El neoliberalismo traslada la responsabilidad de los problemas de pobreza, exclusión y marginación social a los individuos, debido a que sus postulados se fundamentan en la libre competencia, en este sentido, los que triunfan en la sociedad, lo hacen por una suma de aptitudes y actitudes, mientras que los perdedores, lo son por su incapacidad e ineptitud para competir en el mercado, como lo explica Bourdieu:
En realidad, la fuerza de la ideología neoliberal estriba en que se basa en una especie de neodarwinismo social: son «los mejores y los más brillantes», como se dice en Harvard, los que triunfan (Becker, premio Nobel de Economía, ha desarrollado la idea de que el darwinismo es el fundamento de la aptitud para el cálculo racional que atribuye a los agentes económicos). Detrás de la visión mundialista de la internacional de los dominadores hay una filosofía de la competencia según la cual los más competentes son los que gobiernan y los que tienen trabajo, lo que implica que quienes no lo tienen no son competentes. (…) La ideología de la competencia es muy adecuada para justificar una oposición que se parece un poco a la de los amos y los esclavos: por un lado, unos ciudadanos al ciento por ciento que tienen capacidades y actividades muy poco comunes y extraordinariamente bien pagadas, que pueden elegir patrono (cuando los demás se consideran afortunados si los elige un patrono), que pueden conseguir cotizaciones muy elevadas en el mercado laboral internacional, que están sobrecargados de trabajo, hombres y mujeres (he leído un estudio británico muy interesante sobre esas desmesuradas parejas de ejecutivos que recorren el mundo, saltan de un país a otro, tienen ingresos alucinantes que no conseguirían gastar aunque vivieran cuatro vidas, etcétera), y, por otro lado, una masa de personas condenadas a los empleos precarios o al paro. (2003, p. 60-61)
La emergencia de estas nuevas formas de racismo promovidas por el neoliberalismo, están asociadas con el surgimiento y consolidación de una forma de poder denominada biopolítica. Sin embargo, en un ejercicio de poder centrado en la vida humana, en el hacer vivir, ¿Cómo ejercer el poder de muerte? Esta es la pregunta fundamental que plantea Foucault para encuadrar el problema del racismo. El racismo es un mecanismo de poder estatal, que introduce una cesura de tipo biológico al interior de la población, entre aquello que puede vivir y aquello que debe morir; a través del racismo estatal, se revive el antiguo derecho de soberanía de muerte.
Esas formas de vida proscritas por el orden neoliberal, por el hecho de estar excluidas no dejan de ser tenidas en consideración por los mecanismos de poder, pues son sometidas, como lo ha señalado Agamben (2001), a un constante estado de excepción, al sometimiento a un campo en el cual se expone la vida humana a prácticas políticas tanto de control total como de abandono, que terminan por privarlas de cualquier condición política, negándoles la posibilidad de acceder al estatuto de la ciudadanía, siendo el resultado final, la reducción de tales formas de vida a una nuda vida, a una vida desnuda[19].
Campesinos, indígenas, afrocolombianos se constituyen en ese grupo de víctimas que Agamben y Bauman denominan los homini sacri, ese conjunto de personas y comunidades que no se hayan definidas en ningún cuerpo de reglas, no encajan en los marcos regulatorios, puesto que sus formas de vida trascienden la cultura jurídico-política de occidente, en ese sentido, el discurso de los derechos humanos no guarda relación con ellas y con sus formas de vivir en sus territorios, sus derechos no son considerados anteriores a la formación estatal y tampoco operan como límites al poder político, debido a que para insertarse y ser incluidos en dicho discurso deben reconvertir sus vidas, abandonando sus culturas, filosofías y tradiciones.
He ahí el leitmotiv neoliberal que origina esos procesos de resistencia con los que comencé este escrito. No se trata de movilizaciones, luchas y protestas sociales por una determinada forma de ser de una política; de lo que se trata es de expresiones de formas de vida y de ganarse la misma que han sido situadas al margen, en lo liminal del orden neoliberal, que se resisten a ser suprimidas en cualquier dimensión de su vida.
Breve digresión: sobre el proceso de paz
De los últimos 14 años de políticas neoliberales y militaristas, quizás lo único destacable ha sido el esfuerzo del Gobierno de Santos y de la organización guerrillera de las FARC por resolver políticamente el conflicto armado en el que han estado sumidos por más de cinco décadas. Luego de más de cuatro años de negociaciones se alcanzaron unos acuerdos históricos, no solo por la rigurosidad y sistematicidad con la que fueron definidos, sino porque abren una oportunidad única para realizar una serie de transformaciones sustanciales en materia política, económica y social, que permitirían trascender y superar la tan desacreditada democracia formal colombiana.
Así por ejemplo, se retomaron proyectos socioeconómicos aplazados por década para la ruralidad colombiana, los cuales exhiben una vocación de dignificación del campesinado y abren la posibilidad de rescatar las economías campesinas así como las economías sociales y solidarias, lo cual puede trazar una senda hacia la soberanía alimentaria.
También ilustra lo anterior el valor de los acuerdos alcanzado, el hecho de que en materia política, se abrió no solo la posibilidad de que las FARC pasen de “las armas a los votos”, sino que además los acuerdos reconocen la necesidad de poner en marcha una de las promesas incumplidas de la Constitución: el estatuto de garantías para la oposición política. Asimismo, se reconoce en los acuerdos la importancia de otras formas de expresión política allende a la política electoral y partidista, representadas en diferentes movimientos sociales, comunitarios y populares, que desarrollan una serie de acciones colectivas y de resistencia, reivindicando la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, la democracia y la paz.
A pesar de que quedaron en el tintero varias reformas importantes, además que el Gobierno de Santos, paradójicamente torpedeaba los acuerdos que se iban alcanzando en la mesa de negociación, con proyectos como los de la Ley ZIDRES y el Código de Policía; la expectativa de muchas y muchos era poder refrendar estos acuerdos a través del plebiscito, pues había coincidencia en la potencialidad que el mismo contiene para revertir, o al menos contener, los efectos devastadores de décadas de políticas neoliberales.
Hoy nos encontramos en una situación de incertidumbre frente a las posibilidades de implementación de los acuerdos, debido a que en el proceso plebiscitario, una exigua mayoría determinó no acogerlos en términos políticos, y dejar suspendidas las posibilidades comenzar a establecer los cimientos de una paz estable y duradera.
Más allá del limbo político y jurídico en el que han quedado suspendidos los acuerdos de paz, sobre lo cual tendremos que actuar con decisión para evitar que los logros alcanzados se pierdan en el vacío; la reflexión también debe centrarse en los problemas de nuestra cultura política, la cual en buena medida ha estado soportada en prácticas y discursos de carácter contrainsurgente alimentados por una especie de paranoia anticomunista en la que se abarca a cualquier tipo de expresión política divergente, sea esta de izquierda, social-demócrata, progresista o defensora de los derechos humanos, la democracia y la paz. Al mismo tiempo, nos encontramos con una legitimación de expresiones autoritarias y represivas que rayan con los fascismos, las cuales reclaman de manera permanente el uso excepcional de la violencia para restaurar aquello que se considera es el orden natural de las cosas. Idear formas democráticas, pluralistas e incluyentes para revertir eficazmente este tipo de discursos y prácticas sigue siendo nuestro gran reto.
Nos debatimos pues entre dos escenarios que el viejo sabio de Saramago nos legó y retrató en sus magníficas obras: Ensayo sobre la ceguera y Ensayo sobre la lucidez. El primero, lo único que nos plantea es un escenario en el cual nuestras diferencias se resuelven a partir del uso de la fuerza y la violencia, en donde el binomio dominación/obediencia es la máxima realización de la política. Es un escenario de emociones pasionales que termina desvirtuando cualquier posibilidad de construcción democrática, tal cual lo explicó Carlos Fajardo al hablar de la emocracia global:
He aquí el resultado de lo llamado por nosotros Emocracia global: una pasión ideológica, enajenada y obesa de certidumbres absolutas, lo cual desafía cualquier sensatez, cualquier alteridad, cualquier respeto a la diferencia. Sus consecuencias son predecibles: redes de informantes, caza de brujas, odio combinado con fe y creencia. Las sensibilidades contemporáneas globales son su mejor ejemplo. La emocracia ha permeado toda la cultura, formando ciudadanos obedientes que dan un sí a la destrucción de sus adversarios, un sí a su aniquilamiento y, lo peor, votan por la guerra. Éstos, tal como nos lo ilustra Walser, «no son una sangre tranquila sino que hierve; por eso son exagerados y apasionados, ansiosos como están por derramar la sangre de sus enemigos […] Y los peores de ellos son los demagogos que se ponen a su cabeza, a los que no se concibe como cínicos manipuladores o príncipes maquiavélicos sino como hombres y mujeres que comparten plenamente las pasiones de las personas a las que guían. Eso es lo que se quiere decir con ‘energía apasionada’: los sentimientos son genuinos y por eso producen tanto miedo». (Fajardo, 2012)
El de la lucidez es un escenario esperanzador, que no deja de ser azaroso, pero que se muestra capaz de restituir los lazos sociales y de solidaridad, así como de recuperar el sentido de bien común en la comunidad política, abriendo la posibilidad de debatir y resolver nuestras diferencias y conflictos en términos agonísticos (y no antagónicos), con la única certeza, que independiente de nuestras convicciones políticas e ideológicas, todas y todos debemos con-vivir en la misma sociedad.
Construir este último escenario nos desafía, los resultados del plebiscito nos demuestra que hemos avanzado, pero que debemos hacer una profunda reflexión sobre nuestro quehacer. Pero lo importante es mantener una postura estoica que nos permita recomponer nuestro camino de lucha por la paz, pues tal como lo señaló Edward Thompson, no es un sendero fácil:
Aprendemos, ni por primera ni última vez, que resulta una tarea desagradecida y terriblemente larga intentar influir el curso de la historia por medio de pequeños movimientos «desde abajo».
Con todo, tales posiciones minoritarias, a lo largo de gran parte de la historia humana registrada, han sido los únicos lugares honorables donde estar; tampoco fracasan siempre a largo plazo. (Edward Thompson, «Powers and Names», London Review of Books, 23 de enero de 1986)
Finalmente, a pesar del resultado del plebiscito, si analizamos los resultados en perspectiva histórica y superando el estado de obnubilación en el pudimos haber caído por las encuestas, las conclusiones, más que desalentadoras, son también bastante esperanzadoras, máxime cuando la mitad del pueblo colombiano que votó tuvo la altura moral de decirle Sí a la Paz, a la igualdad y a la justicia social. Nos falta aún un largo camino por recorrer para superar el embrujo autoritario, ese que logró durante ocho años, con relativo éxito, imponer la idea totalitaria de la guerra sin fin como única alternativa para resolver los problemas de nuestro país.
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[1] Ponencia presentada en el II Coloquio Usos y Lecturas de Foucault. La condición biopolítica, el 30 de agosto de 2013, actualizada para la presente publicación. Trabajo derivado del trabajo de grado de la Maestría en Ciencias Políticas, del Instituto de Estudios Políticos, de la Universidad de Antioquia La Globalización Neoliberal y el Constitucionalismo. Un análisis sobre las relaciones entre los procesos políticos y económicos de la globalización neoliberal, con el discurso y la práctica constitucional en Colombia, en diciembre de 2012, trabajo dirigido por el profesor Hernando Londoño Berrío.
[2] Analista Observatorio de DDHH y Paz
[3] El profesor Mauricio Archila en la memoria de su intervención en el Seminario Otra economía es posible 2016, organizado por la Red de Economía Social y Solidaria –REDESOL- señaló lo siguiente: “- En el periodo de 2013 hasta 2016 se ve que reaparece el movimiento de los campesinos. Nunca desapareció, aunque su peso histórico disminuyó. Las ciudades concentran más población ahora pero en el campo todavía hay gente y la protesta vuelve a revivir.
– Sobre todo en 2013 se visibilizan luchas de campesinos que se movilizaron nuevamente. Esto porque el campo viene de procesos estructurales muy dramáticos. La concentración de la propiedad en Colombia tiene un índice de Gini muy alto, del 84 %, sólo por debajo de Brasil.
– En los últimos años se han presentado 17 mil violaciones a los derechos humanos de los campesinos.
(…)
– Los permanentes incumplimientos por parte del Estado son una causa fundamental de la protesta. El gobierno de turno, por salir del paso, ofrece cosas que no cumple y eso determina una movilización en el futuro.
– En el campo, la ausencia de infraestructura es una causa de protesta y por eso se da la imposibilidad de competir con los productos del exterior. Otros factores que han incidido en las protestas agrarias han sido las fumigaciones, el narcotráfico, la escasez de créditos, los tratados de libre comercio y la consecuente desprotección de la economía campesina en cuanto a semillas, abonos y demás insumos productivos.
(…)
– Hay una desvalorización del campesinado, lo cual está articulado con el problema racial, pues el campesino a veces es negro, otras, indígena o mulato. No hay reconocimiento al campesino como un actor político.
Muchas de las movilizaciones agrarias tienen que ver con reivindicaciones políticas y por la lucha por la autonomía. La lucha ahora no es sólo por defender la tierra sino por defender la vida y los territorios. Las “dignidades” están un poco gastadas ahora, pero es interesante rescatar la dignidad de los movimientos campesinos. Hay luchas por defender el Pacto Agrario, el reconocimiento político y la presión desde abajo por una paz incluyente.”
[4] Concepto utilizado por Estrada (2010) para caracterizar el régimen económico colombiano.
[5] Una exposición sobre el papel que asume el Estado en Colombia, en: Estrada, 2010. Al respecto Santos ha señalado que el Estado aparece como el articulador de los flujos y movimientos que se generan, no controlando la regulación social, pero dominando la “metarregulación”, es decir, la selección, coordinación, jerarquización y regulación de aquellos agentes no estatales que, por subcontratación política, adquieren concesiones de poder estatal. (Santos, 2005, p. 331, 332).
[6] Sobre esta transición y el concepto de acumulación por desposesión, ver: Estrada, 2010. Concepto tratado también por: Harvey, 2007: 167-183.
[7] Sobre estas reformas ver: Maya, 2002, p.10-15. Con relación a este punto, David Bushnell señala que las reformas que se presentaron a partir de los años noventa y que se han continuado en las primeras décadas del siglo XXI, implicaron un proceso de apertura económica, articulado a la globalización neoliberal promovida por el Consenso de Washington. En el marco de este proceso se implementaron una serie de cambios políticos tales como la reforma al régimen del comercio exterior, que eliminó las licencias de importación y de derechos (de un 34% en los años ochenta se paso a un 12% en 1990) y la supresión de controles sobre la inversión de capitales extranjeros y el cambio de divisas. Estas transformaciones comerciales se acompañaron con otras socioeconómicas, como las reformas laborales que facilitaron el despido de trabajadores y precarización las condiciones salariales y prestacionales, la privatización de las empresas estatales, así como la posibilidad de la libre competencia entre empresas privadas en la prestación de servicios públicos esenciales. (Bushnell, 2007, p. 401-404). En el mismo sentido, se expresa Orjuela, quien señala que a partir de 1990 se ponen en marcha en Colombia una serie de políticas de desregulación y liberalización económica, flexibilización del mercado laboral, reducción de impuestos a los grandes capitales, derrumbe de barreras arancelarias a las importaciones, establecimiento de un régimen tributario regresivo teniendo como principal fuente de gravamen el consumo y no la renta, así como la privatización de empresas públicas (aeropuertos, ferrocarriles, puertos, empresas de telecomunicaciones, etc.) (Orjuela, 2005, p. 118 y 119). Sobre este tema, también consultar: Aristizábal, 2007, p. 132-133 y a Ahumada, 1996, p. 102-108.
[8] De acuerdo con Aristizábal la desindustrialización y la desagriculturación de la economía colombiana conllevó a que se fortalecieran otros sectores, tales como el narcotráfico y la minería, a través de los cuales Colombia logró su inserción en los procesos globales (2007, p. 134 -135).
[9] Se podría afirmar que aquí se expresa una lógica de amigo-enemigo, bajo la cual Carl Schmitt (1987) caracterizaba el campo político: negociación con el paramilitarismo (amigo) y confrontación con la insurgencia (enemigo absoluto).
[10] Sobre el panorama de violaciones a derechos humanos, se recomienda consultar los informes publicados por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, de la serie El Embrujo Autoritario, los cuales se comenzaron a publicar en el año 2003. Igualmente, los análisis publicados por el CINEP en sus revistas Cien días, Controversia y, Noche y Niebla, que pueden ser consultados en http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=91&Itemid=79&lang=es.
[11] Con relación a este puntos, Estrada señala: “(…) se han acentuado las formas depredadoras de la reproducción capitalista, afectando en forma creciente las condiciones generales socioambientales de la reproducción de la formación socioeconómica. El capitalismo neoliberal ha impuesto su desenfrenado afán de lucro y sus demandas por una mayor rentabilidad capitalista a través de una relación destructiva con la naturaleza y con el conjunto de relaciones sociales constituidas en torno a ella. Estas configuraciones depredadoras se han acentuado durante el último período si se consideran las tendencias recientes de la acumulación capitalista en minería, hidrocarburos, agrocombustibles, megaproyectos infraestructurales y, en general, el alistamiento del territorio nacional para ese propósito” (2010, p. 16-17).
[12] Información detallada sobre estos megaproyectos en: http://www.iirsa.org/Areas.asp?CodIdioma=ESP
[13] Para un análisis más detallado, véase: Bautista, 2009.
[14] El contenido de este Acuerdo y los demás Acuerdos Stand By, se pueden consultar ingresando a la página del Banco de la República, http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_fmi.htm#fondo.
[15] El cual fue revisado, ampliado y sostenido en el período 2003-2006.
[16] Categoría utilizada para explicar la dinámica bajo la cual se mantiene excluida a amplios grupos de personas con medidas de asistencia social que nos les permite una inserción plena en el escenario sociopolítico, propuesta en: Quevedo y Giraldo, 2009, p. 173-214
[17] Estos planteamientos son desarrollados a profundidad en: Ferrari, 2010: 25-46
[18] Memoria de su intervención en el foro Paz Territorial y Política Minera: retos para una agenda del territorio, llevado a cabo el pasado 30 de octubre de 2016, en la Universidad de Antioquia- sede Caucasia.
[19] Al respecto señala Agamben: “Es menester reflexionar sobre el estatuto paradójico del campo en cuanto espacio de excepción: es una porción del territorio que se sitúa fuera del orden jurídico normal, pero que no por eso es simplemente un espacio exterior. Lo que en él se excluye es, según el significado etimológico del término excepción (ex capere), sacado fuera, incluido por medio de su propia exclusión. Pero lo que de esta forma queda incorporado sobre todo en el orden jurídico es el estado de excepción mismo. El campo es, pues, la estructura en que el estado de excepción, sobre la decisión de instaurar el cual se funda el poder soberano, se realiza de manera estable. Hannah Arendt señaló en una ocasión que en los campos se manifiesta a plena luz el principio que rige la dominación totalitaria y que el sentido común se niega obstinadamente a admitir: es decir, el principio según el cual «todo es posible». Sólo porque los campos constituyen, en el sentido que hemos visto, un espacio de excepción, en que la ley es suspendida de forma integral, todo es verdaderamente posible en ellos. Si no se comprende esta particular estructura jurídico-política de los campos, cuya vocación es precisamente la de realizar de manera estable la excepción, todo lo que de increíble se produjo en ellos resulta completamente ininteligible. Quien entraba en el campo se movía en una zona de indistinción entre exterior e interior, excepción y regla, lícito e ilícito en que cualquier tipo de protección jurídica había desaparecido. (…) Al haber sido despojados sus moradores de cualquier condición política y reducidos íntegramente a nuda vida, el campo es también el más absoluto espacio biopolítico que se haya realizado nunca, en el que el poder no tiene frente a él más que la pura vida biológica sin mediación alguna. Por todo esto el campo es el paradigma mismo del espacio político en el momento en que la política se convierte en biopolítica y el homo sacer se confunde virtualmente con el ciudadano. La pregunta correcta con respecto a los horrores cometidos en los campos no es, por consiguiente, aquella que inquiere hipócritamente cómo fue posible cometer delitos tan atroces en relación con seres humanos; sería más honesto, y sobre todo más útil, indagar atentamente acerca de los procedimientos jurídicos y los dispositivos políticos que hicieron posible llegar a privar tan completamente de sus derechos y de sus prerrogativas a unos seres humanos, hasta el extremo de que el llevar a cabo cualquier acción contra ellos no se considerara ya como un delito (en este punto, en efecto, todo se había hecho verdaderamente posible).” (Agamben, 2001, p. 39-40)
