Operación Orión: 14 años de negación e impunidad

A Marina* la despertó una seguidilla de detonaciones la madrugada del 16 de octubre de 2002. Afuera de su casa, ubicada en el barrio Las Independencias de la Comuna 13-San Javier, llovían balas como en guerra. “Ay, bendito, se volvieron a enfrentar la Policía con los guerrilleros”, pensó. Pero el enfrenamiento no duró una hora o un poco más, como en otras ocasiones; “seguía y seguía”. A pesar de las advertencias de su hija, se asomó por la ventana de la cocina.

Ella, a quien los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica –que recibieron su testimonio en 2010– describieron como “mujer adulta, líder desplazada”, vio a policías correr por calles y escaleras y a guerrilleros esconderse de las balas tras las casas. También, vio un helicóptero disparar “lucecitas” desde el aire. Entre tanto, sus hijos lloraban: “Mami nos van a matar, nos van a matar”. Ella les pedía que permanecieran recostados en el suelo.

En la mañana de ese miércoles, los enfrentamientos continuaron. En video, los habitantes registraron la humareda levantándose tras las detonaciones que retumbaban por las calles, entre las casas apiladas en las lomas de la Comuna 13. También, captaron el momento en que las tanquetas subían con refuerzos. Cinco barrios estuvieron acordonados desde la media noche: Belencito, El Corazón, 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores.

Aquella intervención militar, denominada Operación Orión, fue llevada a cabo por más de 1.500 uniformados del Ejército, el DAS, la Policía, el CTI, la Fiscalía y las Fuerzas Especiales Antiterroristas. Estos se enfrentaron con las milicias de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Luego, por versiones de paramilitares desmovilizados, se conocería que los informantes vestidos con camuflados y encapuchados que acompañaban a las fuerzas estatales –que pudieron ser unos 3.000– pertenecían al Bloque Cacique Nutibara (BCN).

El resultado de Orión, que según algunas fuentes se extendió hasta principios de diciembre –aunque hay organizaciones que afirman que duró hasta los primeros meses de 2003–, fue un conglomerado de violaciones a los derechos humanos. Esto, según datos de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), se traduce en  88 muertos, 80 civiles heridos, 95 desaparecidos de manera forzosa y 370 detenidos arbitrariamente, de los cuales solo ocho fueron condenados, ninguno por el delito de rebelión que justificaría el carácter contrainsurgente de la Operación.

Víctimas continúan exigiendo derechos

Desde la Operación han transcurrido 14 años y los familiares de las víctimas de esa y operaciones militares anteriores se han organizado. Una de esas expresiones es la Asociación Mujeres Caminando por la Verdad, integrada por 143 madres, esposas, hijas y hermanas de los detenidos-desaparecidos de la Comuna 13. Con plantones, movilizaciones y vigilias, han exigido que se esclarezcan los hechos violatorios de los derechos humanos y que el Estado reconozca su responsabilidad en ello.

Ellas, acompañadas por la Corporación Jurídica Libertad, el Grupo Interdisciplinario de DD. HH. (GIDH) y la Asociación Mujeres Caminando por la Verdad –entre otras organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos–, celebraron entre el 14 y el 16 de octubre la Jornada de Memoria y Resistencia “Orión Nunca Más”. Durante aquella, manifestaron que pese al dolor y la indiferencia de la sociedad y la institucionalidad, seguirán luchando por sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

A través de un comunicado, expresaron que continúan esperando a que la Alcaldía se comprometa, tal como se lo ha solicitado la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, con el cierre absoluto de La Escombrera –y La Arenera–. Allá, según versiones de Diego Murillo Bejarano (alias “Don Berna”), exjefe del BCN, los paramilitares llevaban a las personas detenidas, torturadas y asesinadas a enterrarlas, ya fuera manualmente o usando retroexcavadoras.

Mientras eso ocurría, cientos de volquetas subían diariamente a arrojar desechos de construcción. Y aún hoy lo siguen haciendo. Por eso, “hemos venido exigiendo el cierre definitivo de La Escombrera y, también, que sean investigados los –actuales– administradores: Bioparques S.A.S, porque ellos tienen que saber qué fue lo que pasó con las personas que desaparecieron”, comentó Luz Elena Galeano, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad.

Aunque organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) han documentado 92 casos de desaparecidos cuyos restos se en contrarían en La Escombrera, el desmovilizado del BCN Juan Carlos Villa (alias “Móvil 8”) no ha descartado que haya al menos 50. Debido a esas declaraciones, la Alcaldía y la Fiscalía realizaron entre agosto y diciembre del año pasado una primera fase de búsqueda en un sector denominado Polígono #1.

A pesar de que en esa ocasión no hubo hallazgos, las partes se comprometieron a continuar con una segunda fase de búsqueda a principio de este año. Sin embargo, “seguimos esperando que la Fiscalía General de la Nación implemente de forma inmediata el Plan Integral de Búsqueda que el 27 de julio de 2015 les entregamos, para poder saber qué paso con nuestros seres queridos y lograr recuperar sus cuerpos y su dignidad”, señalaron los familiares.

“Exigimos, también, una investigación preliminar del universo de víctimas para su búsqueda”, agregó Galeano, haciendo énfasis en que para ello la Fiscalía debe escuchar, además de las versiones libres de los victimarios que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz –quienes podrían haber aportado “una verdad a medias” para conseguir los beneficios–, la voz de los familiares de los detenidos-desaparecidos que han indagado por posibles lugares donde se hallan sus seres queridos.

Finalmente, las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad le recordaron a la Unidad para las Víctimas que siguen esperando a que avance el proceso de reconocimiento de sus derechos, especialmente a una “reparación integral y transformadora”. Con ese propósito, empezaron desde enero de este año a rendir declaraciones ante la Defensoría del Pueblo, entidad que ayudará a determinar si es del caso o no que ellas ingresen en el Registro Único de Víctimas como sujeto de reparación colectiva.

Citaron a instituciones a rendición de cuentas

Una de las actividades incluidas en la Jornada “Orión Nunca Más” fue la audiencia pública de rendición de cuentas “Avances en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la Comuna 13”, realizada el pasado 14 de octubre. A esta, la Corporación Jurídica Libertad citó a varias dependencias de la institucionalidad para que, teniendo en cuenta la misión de cada una, dieran respuesta a preguntas relacionadas con el estado en que se hallan los procesos en torno a las víctimas de la Comuna 13.

Carlos Alberto Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, afirmó que la Alcaldía tiene la disposición para avanzar en la implementación del nuevo plan integral de búsqueda. Este incluiría excavaciones en la Comuna 13 y otros espacios ya determinados de la ciudad donde se presume que habría fosas comunes con restos no identificados, como las zonas Noroccidental y Nororiental, los corregimientos San Antonio de Prado, San Cristóbal y Santa Elena, y el Cementerio Universal.

Para esos procesos de búsqueda, precisó, se creó una bolsa común en la cual la Alcaldía tiene 1.350 millones, dispuestos para el presente cuatrienio a través del Plan de Desarrollo Municipal. “Sabemos que es poco el presupuesto, pero ya es un case”; por eso, “al Concejo de Medellín, que debate el presupuesto ahora en octubre, le hemos presentado también una iniciativa para fortalecer esta bolsa”.

Aun con esos recursos disponibles, la segunda fase de búsqueda en La Escombrera continúa detenida. Según Arcila, este retraso se debe a que la Alcaldía, que apoyaría la logística y aportaría los recursos necesarios, está esperando a que la Fiscalía entregue la metodología de búsqueda. Por eso, aseguró, le han pedido a ese ente del Gobierno Nacional que defina rápidamente una fecha de inicio del proceso, pues es viable política y presupuestalmente.

También, puntualizó que a pesar de los resultados obtenidos en el plebiscito por la paz, tanto las organizaciones de víctimas como la institucionalidad aspiran a que el plan integral de búsqueda recoja las “primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno”, contempladas en el comunicado conjunto #062 que emitieron los negociadores de La Habana en octubre de 2015.

Y con respecto al proceso de reparación, Jorge Mario Alzate, director en Antioquia de la Unidad para las Víctimas, dijo que la Defensoría aún está tomando declaraciones para valorar la opción de circunscribir o no a las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad a un proceso de reparación colectiva. Hasta ahora, han realizado acercamientos pedagógicos con las víctimas, mientras analizan individualmente la situación de las 178 personas que conforman el listado del caso.

En ese listado, puntualizó, hay personas reconocidas por distintos hechos victimizantes: desplazamiento (60), desaparición (7), homicidio (33)… y otras 62 –cuyos casos están en observación– que aún no aparecen en los registros de la Unidad para las Víctimas. De las anteriores, agregó, 35 personas ya fueron indemnizadas individualmente, 48 están documentadas para acceder a ella y 8 están próximas a recibirla.

Por lo pronto, acotó, la Unidad para las Víctimas continuará articulada con otras instituciones y organizaciones, para ejecutar la estrategia de recuperación psicológica y emocional; ofreciendo su servicio de orientación y acompañamiento a las víctimas, y atendiendo individualmente las solicitudes de reparación de las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad, en caso de que esta no sea reconocida como sujeto de reparación colectiva.

Además de estos dos funcionarios: Arcila y Alzate, en la audiencia pública intervinieron voceros de la Personería de Medellín y el Instituto de Medicina Legal en Antioquia. No obstante, fue notoria la ausencia de otros convocados: el alcalde de Medellín, la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía, esta última responsable de informar en qué van las investigaciones para judicializar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el desarrollo de la Operación Orión.

Pidieron que se respeten los acuerdos de paz

A través del comunicado antes citado, las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad aseguraron que están comprometidas con la paz. “Con entusiasmo salimos el 2 de octubre a decirle ‘Sí’ a la paz y a los acuerdos, porque vimos en ellos una oportunidad para que por fin se reconocieran nuestros derechos”. Aunque, añadieron, jamás pensaron que sus victimarios votaran contra la paz, desconociendo los sufrimientos que han padecido las víctimas del conflicto armado.

“Hoy le recordamos al mundo que quien planeó y ordenó la Operación Orión (la misma que dejó más de 150 desaparecidos, más de 100 personas asesinadas, cientos de familias desplazadas, entre muchos otros crímenes) fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el mismo que, irrespetando la memoria de las víctimas, exige cárcel para los guerrilleros de las FARC e impunidad para los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos”.

Al respecto, los investigadores del CNMH relatan que “la Operación Orión fue valorada como una victoria para el Ejército y el gobierno de Uribe, para la alcaldía de Luis Pérez y para los paramilitares con la derrota estratégica de las guerrillas”. Esto pese a que los espacios dejados por los insurgentes fueron copados por el BCN, que continuó perpetrando violaciones a los derechos humanos. De ahí que la magnitud de esa intervención no haya implicado el fin del conflicto armado ni del poder ejercido por actores ilegales en la Comuna 13.

Debido a esos antecedentes, las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad les enviaron un mensaje a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana y al exprocurador Alejandro Ordoñez: “Ustedes no nos representan –pues han utilizado en sus discursos a las víctimas para justificar sus intenciones de desmontar los acuerdos de paz–  y por el contrario exigimos que también se comprometan a decir la verdad, reconozcan sus responsabilidades y se comprometan a respetar los derechos de las víctimas”.

En el mismo comunicado, le agradecieron al presidente Juan Manuel Santos su compromiso con la paz y su decisión de donar los recursos del Premio Nobel de Paz a las víctimas; pero le exigieron también que “se comprometa a respetar los derechos de nosotras las mujeres, especialmente las que hemos sido víctimas, y garantice que no haya más guerra en nuestros barrios”.

Y si bien la exigencia anterior es importante, también es cierto que las garantías para el cumplimiento de los derechos humanos no dependen de si son o no refrendados favorablemente los acuerdos de paz, sino de los compromisos que el estado colombiano –y las autoridades de las instituciones estatales por extensión– ha asumido mediante la firma de convenciones y tratados internacionales.

*Nombre asignado.