Martha Lucía Peña Duque, coordinadora Agendas Territoriales — IPC

Es necesario ganar una mirada sistémica sobre la agenda pactada en La Habana, tanto en su versión del 24 de agosto como en la del 12 de noviembre. Es decir, existe una interrelación entre todos los puntos abordados en función del propósito de la terminación del conflicto y el de sentar las bases para una paz estable y duradera. Y también se puede afirmar que existe un comportamiento cíclico si se mira a través de la historia: la concentración persistente de la tierra se ha correspondido con una concentración creciente del poder y aumento en los niveles de la segregación social, espacial y  territorial evidente, en el tema de las brechas entre lo urbano y lo rural.

El asunto de tierras y de lo agrario ha estado en el centro de conflicto armado colombiano. Entre muchos estudios, así lo han planteado más recientemente: Darío Fajardo, Alfredo Molano, Jairo  Estrada y otros en el libro Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (Comisión Histórica del Conflicto y sus Victimas).[1]

Este tema de tierras que en el Acuerdo de Paz de La Habana es el punto uno “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, fue el primero que se pactó en La Habana en el año 2013. En aquel momento se pactó el enfoque y sus componentes. Se acordaron como fundamentales los temas del acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, la implementación de un catastro rural, el fomento de la economía campesina y solidaria, la inversión territorial en relación al impacto del desplazamiento forzado, el abandono forzado y el despojo de tierras. También la inclusión de la población rural y campesina en la onda de los derechos fundamentales ciudadanos: salud, educación, vivienda, infraestructura y oferta de bienes públicos. Quedó pendiente hasta el año 2016 el tema de las magnitudes, es decir cuántas hectáreas al fondo de tierras, metas en la formalización y temporalidades. Las cifras solo llegaron con el “Acuerdo final” en el mes de agosto del año 2016. Un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas y un programa de formalización de 7 millones de hectáreas.

Sin embargo se puede afirmar que el punto uno  de La Habana sirve como memoria trágica de todos los incumplimientos del siglo XX con los mínimos de las “sociedades modernas capitalistas” en el sentido de democratizar el acceso a la tierra, es decir repartirla buscando que los campesinos, quienes la han trabajado toda la vida, también  puedan tener titularidad sobre ella.

Una lectura sistémica refuerza la idea de que en Colombia, aun existiendo leyes, no se han cumplido, y que persiste el mismo tema de exclusión y violencia de mitad de siglo XX.

Un recorrido por los intentos de reforma agraria[2] parece confirmarlo: la Ley 200 de 1936 del gobierno de López Pumarejo, ya abordaba el tema de baldíos y expropiación a  tierras improductivas. La Ley 135 de 1961 de Carlos Lleras, pretendió equidad en la distribución de la tierra y planteó la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos); el  INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) que administraba las tierras baldías o de la nación, adjudicaba, constituía reservas, impulsaba nuevas colonizaciones y el fondo nacional agrario; y los procuradores agrarios para vigilar la extinción de dominio  que contemplaba la Ley 200 de 1936. Reforma que fue neutralizada en el gobierno de Pastrana cuando en 1972 se firma el pacto de Chicoral. Con este pacto se inicia la estigmatización de la ANUC como subversiva, se excluyen comunidades rurales y se frustran de manera tajante los intentos de democratizar la propiedad mediante una alianza de élites. Puede decirse que el campo quedó relegado social, política y culturalmente hasta la promulgación de la Constitución en 1991 con la Ley 160 de 1994 de César Gaviria[3].

Podemos decir que con la expansión del paramilitarismo en los años 90 coinciden los años de más desplazamiento forzado y despojo, la consolidación de unas élites de grandes propietarios que se fortalecieron con las  economías de la coca.

Es de anotar que no solo no se cumplieron las aspiraciones recogidas en los intentos de reformas sino que se aplicó a sangre y fuego una contra reforma agraria, es decir un modelo que se alejó cada vez mas de los propósitos reformistas de distribuir la tierra al campesinado y ejercer regulación. De alguna manera la evidencia del despojo se reconoce en la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que no tenía pretensiones redistribuidoras sino de restablecimiento y que, pese a eso, generó reacción violenta de los mismos sectores que cumplirán casi 100 años impidiendo que la propiedad de la tierra se democratice. Los 70  reclamantes de tierras asesinados en los últimos 5 años y unas metas exiguas en restitución de tierras son la prueba de eso.

tierras_deudasY en los últimos quince años del siglo XXI lo único novedoso fue que esa contrarreforma ha intentado legitimarse como política de Estado, en lo que la ex ministra Cecilia López llamó el modelo Carimagua en los gobiernos de Uribe, es decir un modelo expoliador, desplazador e inclemente con el campesino, que queda subordinado mediante formas contractuales a los grandes empresarios del campo que ni siquiera deben cumplir los mínimos laborales de cualquier modelo capitalista y que además logran capturar todas las ayudas del Estado para sus intereses privados. Y ese modelo Carimagua se renueva como Ley en el gobierno de Juan Manuel Santos con las Zidres (Zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social)[4].

Y es que no es un lugar común el decir que la tenencia, accesos y usos de la tierra en Colombia han estado asociados al conflicto armado, a las violencias y al poder. Indiscutiblemente la acumulación de tierras ha brindado poder a sus propietarios y ese modelo ha reproducido la exclusión de cualquier “progreso” social, cultural, político o económico  de un segmento importante de la población colombiana.

Desde diversas metodologías y entidades se ha realizado un acercamiento a esta realidad.  Las estadísticas y mapas interrelacionan: confrontación armada, violencia exclusión social y política, marginalidad, indicadores de pobreza, estructuras ilegales, ausencia de Estado social, niveles de victimización y vulnerabilidad, desplazamiento forzado y despojo, cooptación del Estado, predominio de estructuras paraestatales y niveles de corrupción.

Si esta realidad se mira por municipios,  son alrededor de 300, algo así como un 27% de un total de 1.122. Mirado por población, son entre 12 y 15 millones de seres humanos sin alcanzar sus derechos o ciudadanía plena, de un total de 48’228.704[5], es decir, entre el 25% y el 31% de la población.

El censo nacional agropecuario del año 2014[6] ratificó —y de manera más dramática— lo que muchos estudios venían anotando en cuanto al déficit de Estado social y condiciones de ciudadanía en una buena parte del territorio colombiano. Se encontró que el 0.4% de los propietarios concentran el 46% de la tierra[7]. Lo que ratifica el Gini de tierras superior al 0.85 señalado en muchos estudios[8].  De 42.3 millones de hectáreas para uso agropecuario,  el 80% (33.8 millones de hectáreas) está en pasto para ganado. 33.8 millones para 24 millones de vacas. Mientras que el 20% (8.5 millones) está en agricultura. De ese total, 7.1 millones está dedicado a café, palma y caña de azúcar. Lo restante, 1.4 millones, está dedicado a agricultura para consumo interno, cultivada por 5 millones de campesinos que producen el 43% de los alimentos  que consumimos.

Y hay que anotar que solo el 6% de la tierra cultivable es cultivada, que los cinco millones de campesinos que tiene el país viven con 200.000 pesos al mes, que el 15% de ellos son analfabetas, que el 80% de los niños (as) no terminan secundaria y que solo el 1% van a la universidad.

Esta realidad es la que está oculta a las grandes mayorías del país, pero indudablemente la tienen súper clara  los grandes propietarios de tierras que además han  ejercido el poder desde el Congreso, el ejecutivo, la  justicia (mejor la injusticia) y los grandes medios.

Esos propietarios, y sus antecesores de hace casi ya 100 años, sostienen la tradición de inequidad, expoliación e impunidad. Se han opuesto a todas las leyes que buscan una reforma agraria, también se han opuesto a  la restitución de tierras y se opondrán a todas las versiones de Acuerdos de Paz que contemplen el tema de tierras y agrario, y que busquen incluir a campesinos y colonos.

* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de la autora y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).


[1]https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/informe-comisio%CC%81n-histo%CC%81rica-del-conflicto-y-sus-vi%CC%81ctimas-la-habana-febrero-de-2015

[2] http://www.monografias.com/trabajos97/reforma-agraria-colombia/reforma-agraria-colombia.shtml

[3] Ibidem

[4] http://www.semana.com/nacion/articulo/abece-de-la-ley-zidres-que-sanciono-santos/458494

[5] http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/colombia

[6] El último censo se realizó en 1970.  Puede indicar el “olvido” de 45 años.

[7] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014

[8] Recuérdese que  si  es 1  estamos hablando de concentración absoluta de la tierra y si es  0 estamos hablando de equi-distribución o sea distribución equitativa absoluta.

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