Desde 1964, y durante tres décadas, Francisco Caraballo apoyó la combinación de las formas de lucha política y militar para alcanzar el poder. Tanto así que llegó a ser comandante del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado años atrás como el tercero más grande del país después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Por su capacidad política y estatus dentro de la organización, llegó a ser negociador del EPL en los Diálogos de paz de Tlaxcala (México), que se desarrollaron entre abril y junio de 1992 con el gobierno del presidente César Gaviria. Tras la ruptura de las conversaciones de paz –a pesar de la cual se desmovilizó el 80% de los guerrilleros–, continuó alzado en armas y al frente de un grupo disidente, hasta su captura en el año 1994.
Luego de 14 años en prisión, Caraballo recuperó su libertad y, desde entonces, se dedica a la formación política en temas de paz. Con ese objetivo se reunió el pasado 18 de noviembre con aproximadamente una docena de miembros de distintas organizaciones sociales y movimientos políticos alternativos que están agremiados en la Federación Nacional de Paz (Fenalpaz), Regional Antioquia.
Durante más de dos horas, quien otrora fue guerrillero conversó con los asistentes sobre las condiciones sociopolíticas que originaron el conflicto armado. Posteriormente, realizó un análisis de coyuntura con los asistentes, en medio del cual se refirió a las oportunidades que representa el Acuerdo de Paz con las FARC –particularmente el punto de “Participación política: apertura democrática para construir la paz”– y a lo que prevé en la negociación con el ELN.
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¿Qué análisis hace usted del nuevo Acuerdo de Paz con respecto al anterior, firmado el pasado 26 de septiembre y desaprobado el 2 de octubre a través del plebiscito?
Antes de responder a la pregunta, creo que es importante resaltar el interés que las negociaciones de paz han despertado en el pueblo colombiano: interés por los actores y por la necesidad de conjuntar voluntades para trabajar por cambios en la realidad del país, que los necesita en los planos económico, social, cultural y de la soberanía nacional. Entonces, valoro ese interés por lograr una conjunción de opiniones políticas en relación con cómo salimos de esta situación grave que vive el país.
Y en relación con el contenido de los acuerdos de paz, a mi juicio hay algunas diferencias de fondo entre el Acuerdo que se pretendía aprobar en el plebiscito y el nuevo Acuerdo. Un ejemplo de eso está en el punto de Participación política, a la cual las FARC no le prestaron mucha atención durante el proceso de discusión con el Gobierno.
Creo que esa es una falla que va a tener repercusiones, incluso complicaciones, porque, en comparación el ELN, este plantea como primer punto de negociación, y también algo del segundo, la necesidad de la participación social. Para mí es sustancial la participación social, no cualquier participación, sino una con contenido político de cambios. Eso le faltó a las FARC y ahora queda un poco más exigente en este nuevo acuerdo.
Pero hay un error que es importante analizar en el Acuerdo, y es que plantea que esa participación social o la consulta popular, podríamos decir, está condicionada a una decisión final por parte de la institucionalidad, del estado a nivel local y departamental. Me parece que esa es una falla, aunque la Constitución, cuando se refiere a los cabildos populares, establece eso. Pero lo que planteo es que esa participación debe ser determinante, no sometida a una refrendación por la guerrilla ni, mucho menos, por el Estado.
Yo considero que hay que abrir un espacio de debate en la población civil, del cual salgan decisiones determinantes, porque yo defiendo desde hace muchos años un principio político: el valor del constituyente primario. En estos momentos estoy debatiendo eso: la convocatoria de una asamblea nacional constituyente en la que se debe establecer o definir el valor del constituyente popular, constituyente natural o constituyente primario; es decir, esa soberanía que reposa en el pueblo. ¿Por qué razón lo planteo? Porque es el pueblo el que tiene la fuerza capaz de empujar el proceso social en torno a la paz.
¿Qué tan viable considera que es la negociación de paz con ELN, teniendo en cuenta que aún este grupo no ha entregado al excongresista Odín Sánchez?
El ELN y el Gobierno tienen dificultades en términos de la deficiente interpretación de los acuerdos que han hecho. ¿Cuál es la crítica que se les puede plantear en este sentido? Es que los primeros pasos se están complicando por un error que consiste en hacer la discusión a través de los medios de comunicación. Es una discusión en la que si hay diferencias, las dos partes en conflicto deberían estudiarlas. Ejemplo: el punto que se ha puesto en relación con la liberación de Odín Sánchez.
Resulta que las partes negociadoras hicieron un acuerdo, que está escrito, donde decían que el primer paso consistía en que el ELN liberara a dos secuestrados y el Gobierno, a dos guerrilleros que están en la cárcel. Entonces ese era el primer acuerdo, que cuando se instalara oficialmente la mesa, en un periodo corto, se procedía a la liberación del señor Odín Sánchez.
Eso tuvo una interpretación diferente para ambas partes, razón por la cual se acusaron entre ellos; pero lo hicieron en público. Creo que eso fue un error, porque le muestra a la sociedad colombiana una diferencia que se puede traducir en desconfianza; le da una oportunidad a la gente de oponerse a ese proceso. Por eso planteé una recomendación, aunque no me la han pedido ni tengo ninguna autoridad, y es que reflexionen sobre si hacer o no públicos esos problemas internos.
Por ejemplo, uno de los últimos problemas que se ha presentado lo planteaba el Gobierno en términos de la liberación simultánea de los dos presos del ELN, que por cierto van a ser gestores de paz y van a estar activos en eso que se llama la participación social. Pero recientemente el Gobierno lo planteaba en términos de hacerlo simultáneamente, creo que eso va en el mismo juego de hacer pública una cosa que tiene sus complicaciones.
Con eso quiero decir que no es conveniente hablar de simultaneidad porque cuando se vaya liberar a los presos que están en la cárcel, eso requiere un trámite oficial de tipo judicial con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); eso no se logra con una llamada telefónica. Igual lo del ELN con respecto al señor Odín; si anuncian cuándo y dónde lo van a liberar, hay un problema de orden público en esa región, que se supone es el Norte del Chocó.
Entonces no es conveniente hacer esa discusión sobre la simultaneidad, porque si el uno estuviera en una esquina y el otro en la otra, todo sería fácil, pero es que hay unas situaciones complejas.
Pero más allá de todo eso, quiero insistir en algo: tanto en el proceso de las FARC como en el del ELN es necesario que la sociedad participe de manera positiva, con propuestas, con formas nuevas de organización que permitan que los procesos no se frenen, no se queden únicamente en el texto escrito, sino que se lleven a la práctica. Y eso: corregir los errores en los contenidos de los acuerdos y presionar para que se implementen, no lo puede hacer sino el pueblo colombiano.
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Aunque Caraballo no se refirió en Fenalpaz a su posición con respecto a los grupos armados ilegales que surgieron luego de la supuesta desmovilización del paramilitarismo, está de acuerdo con el sometimiento de esas bandas criminales (Bacrim), que ahora son reconocidas por el Gobierno como Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO).
Y, según dio a entender, también está de acuerdo con el hecho de que esos grupos delictivos y armados tengan “algunas ventajas, algo así como de justicia transicional”, siempre y cuando desmovilicen sus estructuras y entreguen todos sus bienes. Aunque fue enfático en aclarar que el origen de esos grupos no puede equipararse con el de las guerrillas y sus reivindicaciones políticas.
