La legitimidad del nuevo acuerdo de paz

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Foto: Página de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Artículo por Diego Herrera Duque, Presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC)

Al inicio de esta semana, como preámbulo a la temporada navideña, se cerró uno de los aspectos más polémicos y polarizantes en la sociedad colombiana en el último periodo de nuestra historia reciente: La refrendación del nuevo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC – EP. Dicha polémica ha estado articulada fundamentalmente, en esta última etapa, al debate sobre la legitimidad política y social, no solo de lo acordado, sino del mecanismo para refrendar e implementar los puntos negociados. La legitimidad sobre el proceso de paz en Colombia se ha puesto así en el centro del debate público, como disputa y punto de contradicción, para rodear u oponerse, para reconocer lo logrado o impedir su avance, para poner en cuestión el carácter lícito o ilícito de los acuerdos, y quizás para calificar la verdad o la mentira de la paz.

Para un país en el que la memoria selectiva o la tendencia al olvido ha sido una constante, es bueno recordar, pero también reconocer, que este 30 noviembre de 2016 culmina una fase de la negociación política del conflicto armado en Colombia, que durante 52 años solo ha traído muerte y degradación de la guerra. Luego de un poco más de seis años, en los cuales se dio una primera etapa exploratoria entre los delegados del Gobierno colombiano y de las FARC – EP, en la que se acordó la agenda a negociar entre las partes, la metodología y reglas de juego de la negociación, se entró en agosto de 2012 a una segunda fase del proceso formal que culminó con la firma de un primer acuerdo el 26 de septiembre en Cartagena. Este acuerdo fue sometido a plebiscito el 2 de octubre con una votación negativa del 50.2% frente a una votación afirmativa del 49.7% de ciudadanos, con una abstención cercana al 63% (la más grande en los últimos 22 años) de los 35 millones de colombianos que podían votar, de los que finalmente llegaron a las urnas un poco más de 13 millones.

Luego de los resultados del Plebiscito, el Gobierno inició un diálogo con los voceros del NO para escuchar sus observaciones y recibir e incluir las propuestas que permitieran mejorar el acuerdo de paz firmado. Posteriormente, los negociadores del gobierno se sentaron nuevamente con la delegación de las FARC-EP en la Habana, Cuba, cuyo resultado fue un nuevo acuerdo dado a conocer el 12 de Noviembre, con cambios y precisiones de fondo, y que fue firmado el pasado 24 de noviembre de 2016 en un acto solemne en el Teatro Colón de Bogotá. Ese nuevo acuerdo es el que acaba de ser refrendado con amplias mayorías en el Congreso (205 votaron por SÍ frente a 0 votos por el NO y 63 abstenciones; es decir, un 76.4% votó Sí a la refrendación del acuerdo de paz frente al 23,6% que se abstuvo), por los representantes elegidos democráticamente en 2014 por votos ciudadanos.

Fue un tiempo de mucha incertidumbre e inestabilidad del acuerdo de paz, pues desde el mismo anuncio del inicio de la negociación política en 2012, hasta la firma del acuerdo en el segundo semestre de este año, un sector importante de la política, las iglesias, el empresariado, terratenientes y actores armados ilegales han expresado en distintos repertorios y formas poco ortodoxas, irreflexivas y apegadas al miedo, el odio, la mentira y la negación del futuro, su oposición, pero además, se han autonombrado los representantes legítimos —no se sabe por qué ni bajo qué mecanismo— de los votantes que el 2 de octubre optaron por el NO.

Tanto los equipos negociadores del Gobierno colombiano como de la insurgencia de las FARC – EP, en un acto de grandeza y para rodear de legitimidad social y política lo acordado, vieron la votación del 2 de octubre como una oportunidad histórica para avanzar en un acuerdo político nacional por la paz y, en este sentido, asumieron  un conjunto de objeciones realizadas por los “llamados representantes” del NO para incluir sus observaciones y objeciones al primer acuerdo firmado, las cuales se lograron sintetizar y tematizar en 57 ajustes y reformas, de las cuales 56 fueron incluidas en el nuevo acuerdo frente a temas tan sensibles como la reparación a las víctimas con bienes de las FARC, el enfoque de género, la agroindustria y el turismo, garantías del derecho a la propiedad privada, el establecimiento de responsabilidades frente al narcotráfico en Jurisdicción Especial de Paz y la definición de la conexidad política caso a caso del narcotráfico como delito político, la imposibilidad de que las FARC-EP presenten candidatos a las 16 circunscripciones especiales de paz y la reducción del financiamiento de su futuro partido político, entre otros. El único punto que no se tocó de la agenda negociada fue la elegibilidad política de las FARC-EP, con toda la razón, pues precisamente la decisión del paso de las armas a la lucha democrática por la vía política de la insurgencia, es de los logros fundamentales de esta negociación.

Este esfuerzo de los equipos negociadores en La Habana también reconoció y asumió, como fuente de legitimidad, la validez del llamado que hizo la amplia movilización de la ciudadanía, incluyendo los del SÍ, los del NO, y los indiferentes, que se volcaron  a las calles de manera masiva en el mes de Octubre, para defender el acuerdo de paz luego del plebiscito, y lograr su inmediata implementación bajo la consigna “Acuerdos Ya”.

Como era de esperarse, algunos sectores promotores del NO, especialmente el Centro Democrático, un sector del Partido Conservador y algunas iglesias cristianas, siguieron expresando su negativa al nuevo acuerdo de paz firmado, y al nuevo mecanismo legislativo de refrendación. La verdad, como factor de legitimidad, ha sido distorsionada y usada por los promotores del NO para los fines que persiguen: Defender sus propios intereses, su acumulado económico y político, y seguir insistiendo en la guerra, para conservar los privilegios ya ganados y seguir acumulando poder. El repertorio para oponerse, un continuum del llamado a la estrategia de resistencia civil, que por demás ha sido históricamente una acción política no – violenta y resistente a los métodos militaristas que esos sectores poco defienden, y anunciar y promover revocatoria del Congreso. En ambos casos apelando de nuevo al manido recurso de la ilegitimidad, de un lado, por no reconocer la votación de la ciudadanía y, por el otro, de la autoridad política de los representantes elegidos por el pueblo en el año 2014 por más de 14 millones de votos. En fin, insisten en poner el ropaje de la ilegitimidad al proceso de paz para esconder la verdad alrededor de la conservación de sus intereses económicos, partidistas, electorales, militaristas y religiosos al mejor estilo de el fin justifica los medios, y mantener polarizada la sociedad para pescar en río revuelto, en el más fino sentido maquiavélico: Dividir para reinar.

Pero, ante la incertidumbre, el pasado, y la continuación de la guerra, con la refrendación por amplia mayoría del Congreso de la República del nuevo acuerdo de paz, se abren la esperanza, la posibilidad y la oportunidad histórica de que Colombia emprenda el camino de la paz y la reconciliación para honrar la palabra, la civilidad y a las víctimas de este largo conflicto armado. Los retos se verán reflejados en una continua movilización ciudadana para defender y vigilar la implementación de los puntos acordados, ampliar el consenso político y social alrededor de estos, y emprender la transformación político cultural necesaria. Se abre el tránsito del pasado de guerra al futuro esperanzador de construir la paz. Y la legitimidad del acuerdo en la sociedad colombiana ha ganado un paso más en cuanto su apego al orden jurídico, a la validez y a la verdad de lo acordado, y al reconocimiento de los Otros como posibilidad, donde no haya vencedores ni vencidos.

* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).

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