Impulsarán economía solidaria y cooperativismo rural en el posconflicto

En encuentro regional, delegados de distintas organizaciones de economía social y solidaria de las subregiones antioqueñas propusieron una agenda política y espacios de articulación para la construcción de paz y desarrollo territorial.

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Cada domingo, día en que suelen cobrar vida las plazas de mercado, los tamesinos surten sus despensas. Algunos acuden al toldo de Cesta (Circuito de Economía Solidaria de Támesis), que se halla cerca de una de las iglesias del pueblo. Allá pueden comprar dulces de banano, chocolates, café y panela artesanales; jabón de fique, champú de plantas aromáticas y medicinales, biofertilizantes para sus cultivos.

Esos, entre otros productos, son elaborados por quince unidades productivas y familiares que tienen sus sedes –casi todas– en las veredas del municipio de Támesis. Las unidades tienen un objetivo común: promover el consumo local a la vez que se fortalecen como proceso colectivo que procura por la autonomía y sostenibilidad de las actividades productivas de los asociados.

David Antonio Grajales, productor de biofertilizantes, es uno de los socios de Cesta. Recordó que empezaron hace cuatro años; en ese momento cada unidad, algunas con una trayectoria de hasta quince años, funcionaba de manera independiente. Ahora, añadió, tienen un toldo que arman cada ocho días, un fondo de ahorros para préstamos internos, una asamblea mensual para deliberar y un sistema de trabajo de mano cambiada.

Este tamesino, en representación de Cesta, fue uno de los cerca de 150 delegados antioqueños de organizaciones y procesos de economía social y solidaria, y de instituciones responsables del desarrollo territorial, que asistieron al Encuentro regional de economía social y solidaria “Construyendo paz y desarrollo territorial”, que fue organizado por la Red de Economía Solidaria Antioquia y se realizó entre el 1 y 2 de diciembre en Medellín.

Plan de impulso al sector solidario

Ricardo Ramírez Moreno, coordinador del Grupo de Educación e Investigaciones de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, les expuso a los participantes en qué consiste el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, planteado en el primer punto –y mencionado en el tercero y cuarto– del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP.

El Plan, que estimulará las formas de trabajo organizado, principalmente del sector agrícola, tiene como objetivo “generar desarrollo territorial” a partir de la promoción de una cultura solidaria y asociativa y la generación de competencias de autogestión e ingresos, para mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales e impactar variables macroeconómicas,  como los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Producto Interno Bruto (PIB), indicó el funcionario.

La implementación del Plan, precisó, iniciará el próximo año con pilotos en 187 municipios, priorizados por factores como la magnitud de los impactos del conflicto armado sobre los territorios y la trayectoria organizativa de sus procesos de economía social y solidaria. Por ahora, agregó, el Ministerio del Trabajo no tiene recursos para extender la ampliación a todo el país, porque “el Acuerdo de Paz no generó aumento de recursos para las entidades oficiales”.

Antioquia es el departamento con el mayor número de municipios priorizados: 32, donde se hallan 1.082 experiencias de organización solidaria. De ahí la importancia de que los delegados de las subregiones del departamento participaran en el Encuentro y en la consecución de su objetivo principal: elaborar una propuesta de “agenda de economía social y solidaria para la construcción de paz y desarrollo territorial” que retroalimente el Plan.

Elaboración de agenda territorial

Luz Nelly Osorno, coordinadora en el IPC del programa Solidaridad Socialista (Solsoc), aseguró que durante el Encuentro surgieron propuestas en torno a cuestiones como la producción, comercialización, formación, comunicación y acceso a la tierra. Con estas, dijo, afrontan el reto de aportarle al Plan contenidos relacionados con las necesidades, los intereses y las experiencias que poseen en cada uno de sus territorios.

También contó que los participantes propusieron la creación de espacios locales que se articulen con una mesa departamental y esta, a su vez, con una de país. Así podrán enviar delegados que, además de ser figuras representativas e informativas para las comunidades, tengan una participación real en las discusiones que se están desarrollando entre las cooperativas, las mutuales y el Ministerio del Trabajo en la mesa de diálogo nacional sobre economía social y solidaria.

En ese sentido, sugirió la coordinadora, existe un desafío adicional: que las discusiones lleven a reformar la legislación económica. Solo de ese modo serán incorporadas nuevas formas organizativas de trabajo solidario propias de los territorios –que difieren de las cooperativas, los fondos de empleados y las mutuales–, a saber: los acueductos veredales, los procesos de mano cambiada, las asociaciones campesinas, las mingas, las redes, los circuitos…

Entonces a organizaciones como Cesta se les reconocerá su legitimidad y los aportes que harán a la paz y el desarrollo local en época de posconflicto, a través del fortalecimiento de las actividades productivas locales, las prácticas económicas solidarias y la defensa del territorio ante la amenaza extractivista de proyectos minero-energéticos que pretenden capitalizar y privatizar el patrimonio natural de las comunidades.


Política pública para Antioquia

Luz Nelly Osorno afirmó que durante el Encuentro regional de economía social y solidaria “Construyendo paz y desarrollo territorial” también se socializó una propuesta de Proyecto de Ordenanza de Política Pública de Economía Social y Solidaria para Antioquia, “que ha sido construida por las organizaciones del sector solidario y en los territorios, pero no ha empezado a ser discutida en la Asamblea Departamental”.

Esta propuesta de política pública tendrá por fin “crear, fomentar, promover y fortalecer las organizaciones y empresas de economía social y solidaria en el departamento, a través de (…) acciones que posibiliten reconocerlas, refundarlas, recrearlas e impulsarlas como actores en la construcción de procesos de desarrollo sustentable, sostenible y humano, en la perspectiva del buen vivir y del cuidado de la vida”.

Según Osorno, a este Proyecto de Ordenanza se le hará próximamente una proposición de ajuste, para adicionarle elementos de la agenda de economía social y solidaria y cooperativismo en el posconflicto que elaboraron los participantes luego de la socialización del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural.

En efecto, los participantes propusieron que los espacios de articulación locales, como escenarios de participación efectiva y no meramente consultiva, estén incluidos en la Política. Igualmente, plantearon que si la legislación nacional se reforma para incluir nuevas prácticas económicas solidarias, esas leyes deben ser transversales a la Política Pública para Antioquia.

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