Hace una semana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ‘persiguió’ junto a la policía a tres fleteros, cuyo asalto fue difundido con un video en redes sociales. Tras la detención, al día siguiente, los delincuentes debieron ser liberados porque en el procedimiento no contaba con orden de captura. La acción, que fue criticada en Twitter como un show mediático, generó cuestionamientos sobre el manejo de la seguridad a un año de su gobierno. Ver video oficial del Alcalde en el operativo
Pero no se ha dado el debate y ya Gutiérrez cautivó los medios al denunciar un nuevo plan para acabar con su vida. Según dijo a la prensa: la Fiscalía y organismos de inteligencia investigan una alianza de estructuras criminales para atentar contra él. Entre las pruebas, anotó, habría interceptaciones de llamadas telefónicas en las que se planearía el atentado.
Sin embargo, un día después de que el propio mandatario difundiera la situación, la directora seccional de Fiscalías en Medellín, Claudia Carrasquilla, en entrevista con Noticias Caracol, dijo que las estructuras criminales nunca hablaron de matar al Alcalde.
“En los audios que tenemos de las interceptaciones no aparece eso. Lo que sí es claro es que hay unas órdenes que se dieron desde los cabecillas de cada uno de los combos que trabajan para la Oficina de Envigado para desestabilizar al gobierno local y al gobierno nacional con sus acciones”, reveló la funcionaria. No hay ningún plan para asesinar al alcalde de Medellín: Fiscalía
Ya en febrero de 2016, el Alcalde había denunciado un plan de este tipo. Entonces, tampoco hubo un buen entendimiento entre Gutiérrez y el director seccional de Fiscalías, Germán Darío Giraldo, quien renunció en medio de los reclamos del gobernante porque las investigaciones no avanzaban. En aquel momento la Alcaldía responsabilizó del macabro plan a Pedro Javier Piedrahita Ceballos alias “Pedro Pistolas”, presunto jefe criminal en el centro de la ciudad. Pero el Fiscal dijo que en la denuncia sobre el posible atentado nunca se mencionó a dicha persona.
En ambas ocasiones Gutiérrez ha sostenido que los planes en su contra se deben a la acción que lidera su gobierno contra las organizaciones criminales. “Vamos a seguir trabajando, y yo lo he dicho, se acabó la zona de confort”, reiteró.
La pregunta es: ¿Han mejorado las condiciones de seguridad en Medellín?
La política de seguridad está perdiendo la brújula
Las cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín, revelan que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 ocurrieron en la ciudad 533 homicidios, de los cuales 37 víctimas fueron mujeres. Según el estudio, el 50% de esos asesinatos fueron cometidos por grupos delincuenciales. La estadística representa un aumento del 7.5% en comparación con el 2015 cuando se reportaron 496 homicidios.
Durante el 2016 ocurrieron 24 secuestros en Medellín según los datos del SISC.
De igual forma hubo un incremento del 24% en los hurtos que pasaron de 15.903 en 2015 a 19.656 en 2016. Así mismo las denuncias por extorsión subieron en un 24%, pasando de 243 en 2015 a 302 en 2016.
El informe advierte que el indicador de extorsiones aún “no refleja la problemática social y política que vive en la ciudad por cuenta de este delito”. Basta mencionar el control de los combos sobre la distribución de pipetas de gas, que ha generado escasez e incremento de los precios en algunos barrios. Así como el asesinato de un repartidor de productos lácteos, baleado el 25 de enero en Aranjuez, Comuna 4 en el nororiente de Medellín, por negarse a pagar ‘vacuna’.
Pablo Emilio Angarita, investigador del Observatorio de Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia, anota que “fenómenos como los atracos masivos tipo ‘pesca milagrosa’, ocurridos el fin de semana en una vía de Santa Elena, son un reflejo de cómo la situación pinta más negativa que positiva”.
En este corregimiento del oriente de Medellín el sábado 21 de enero cuatro hombre armados hicieron un retén ilegal en la vereda El Plan, donde asaltaron a los ocupantes de al menos cinco vehículos hurtando dinero, celulares y otras pertenencias valoradas en tres millones de pesos. Y esto, anota el investigador, ocurre en una zona donde el control de actores ilegales que atracan con frecuencia ha sido bastante denunciado en lugares como el Parque Arvi.
“Entonces hay una situación preocupante de lo que está pasando en la ciudad, pero ¿cuál es la política de la administración? —Pregunta Angarita—. Podríamos decir que en sus declaraciones el Alcalde ha mostrado buenas intenciones de enfrentar el fenómeno, infortunadamente esas buenas intenciones se estrellan por los métodos que usa”.
Jorge Giraldo, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Eafit, coincide en que el Alcalde “tiene buenas intenciones, también tiene buenas intuiciones, pero lo que no está claro es cuál es la estrategia; porque salir al día a día puede transmitir confianza a la ciudadanía, ¿no sé si es lo que está pasando?, pero si no hay una visión de mediano plazo, eso termina siendo un trabajo improductivo”.
Y es que muchas de las acciones emprendidas por Gutiérrez caen en el ‘populismo punitivo’, sostiene Diego Sierra, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Es decir, muestran mediáticamente el uso de la fuerza pero realmente no tocan a las grandes organizaciones del crimen organizado.
“Sí se captura a cinco miembros de un combo y a un policía que los ayudaba a delinquir, se está cogiendo una partecita muy pequeña pero no se está afectando a la macro estructura, no se afectan los grandes negocios, ni se afecta a esas personas que, desde la legalidad, le son funcionales al mundo ilegal”, explica Sierra.
En lo que terminan estas estrategias populistas, añade, es en acciones como “el ‘reality show’ que montó el Alcalde cuando detuvieron a los fleteros del video en las redes sociales. Después de un operativo que duro toda la noche y que Gutiérrez reportó en tiempo real a través de Twitter, el juez no pudo legalizar la detención y debió ponerlos en libertad porque las autoridades actuaron sin orden de captura. Y ese es un requisito judicial que lo conoce la policía y que lo debía conocer Federico”.
Los principales errores de la política
Uno de los errores más notables en que la política de seguridad se ha personificado en la figura de Federico Gutiérrez. Para Jorge Giraldo, eso se relaciona con lo que ha venido pasando en la capital antioqueña y con las amenazas al mandatario.
“Como él ha personalizado un poco el tema de la política de seguridad, a través de redes y de la acción directa más o menos mediática, eso interpela a las organizaciones criminales que seguramente empiezan a sentirse molestas y mueven este tipo de cosas. Y no deja de ser preocupante que organizaciones criminales traten de desestabilizar el gobierno o de atentar contra el Alcalde. Eso no debería ocurrir a estas alturas de la vida ni en el país ni en Medellín”, anota Giraldo.
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La situación, manifiesta Angarita, “muestra que se ha desbordado el poder de la criminalidad. El asunto es cómo responder a eso no solo desde la propia Alcaldía sino del Estado como tal, es decir, ¿cuál es el papel de los órganos de investigación judicial?”. La pregunta, implica el desafío de responder por el histórico problema de corrupción y connivencia de sectores de la Policía y la Fiscalía con el mundo criminal.
En esta dirección, Diego Sierra expone lo siguiente: “yo coincido con Federico en que hay que rescatar la institucionalidad, pero eso no lo hace un solo hombre como Superman. Eso lo hacen es procesos sociales con apuestas claras, entendiendo las dinámicas de cada territorio para romper las amenazas, es decir, dando garantías al disfrute y al goce de los derechos humanos”.
Y si hay otra cosa que falla en la actual política de seguridad es que los derechos humanos no están siendo transversales, mientras lo que está al centro es el uso de la fuerza, afirma Sierra.
Angarita sostiene que se están usando modelos que “en Medellín ya han sido probados y requeté comprobados, como son la militarización de la ciudad y las políticas de choque, que resultan efectistas y producen cierta imagen mediática, pero que no logran atacar los problemas de fondo. Ya tuvimos la experiencia en la Comuna 13 con la operación Orión y después de eso y de la militarización que ha tenido esa comuna, la situación sigue complicada”.
Por ello ambos investigadores dicen que se requiere una política de seguridad con una visión integral en derechos humanos, con programas y proyectos que ayuden a resolver los problemas estructurales de la ciudad. Pero “la Alcaldía está desconociendo todo el proceso que ha vivido Medellín y que administraciones anteriores trataron de entender. Por ejemplo, se han venido frenando las políticas de cultura, de mejoramiento de la educación y de atención a los derechos de las víctimas, como es el caso de La Escombrera, y eso es lo que a Federico le está haciendo falta”.
Estos análisis apuntan a que la seguridad y la protección de los derechos humanos no dependen únicamente de las autoridades, sino que también implican la participación de las comunidades.
Y en ese campo un aspecto importante es la cultura ciudadana, agrega Jorge Giraldo, quien asesoró la formulación de la política pública de seguridad para Medellín presentada por el anterior alcalde, Aníbal Gaviria.
En ese momento se planteó que “es hora de retomar el elemento de la cultura ciudadana que ha estado ausente por muchos años, pues va quedando en evidencia que además de grandes organizaciones criminales, en los barrios hay problemas serios entre las comunidades, y por eso —en la formulación de la política pública—, creíamos que el componente de seguridad ciudadana era crucial”, reveló Giraldo, quien añadió que infortunadamente la Alcaldía de Federico no parece haber retomado los lineamientos que dejó su antecesor.
Un problema final, importante de abordar, es la poca articulación con el orden nacional. “Por eso muchas de las cosas que quiere hacer Federico no las puede realizar, porque no conversan con las directrices que le define a la Policía local la dirección nacional, o a la Fiscalía seccional el Fiscal General de la Nación. Lo mismo ocurre con la política de seguridad y derechos humanos que es del resorte del Presidente de la República”, explica Sierra.
A lo que llaman los analistas, es a que la Alcaldía escuche a la ciudadanía, a la academia, a las organizaciones sociales, que tienen propuestas para construir una estrategia de seguridad que responda a las dinámicas de Medellín y de sus territorios. En general, a que haya articulación y un diálogo más abierto entre las instituciones del Estado, el gobierno local y la sociedad.
