Reinstalaron mesa de garantías para defensores de DD. HH. en Antioquia

Los líderes que pertenecen al movimiento social de derechos humanos y paz esperan que, a través de este espacio, la institucionalidad se comprometa realmente a proteger su labor.

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Respaldar los acuerdos de paz entre la guerrilla de las Farc-EP y el Gobierno se ha convertido en los meses recientes en una causal política de violencia contra líderes sociales y comunitarios de izquierda. Por eso, integrantes de organizaciones sociales, representantes de la institucionalidad y acompañantes internacionales reinstalaron ayer la Mesa Territorial de Garantías para Defensores de Derechos Humanos en Antioquia.

Ese espacio de convergencia, que estuvo en crisis durante dos años por tensiones políticas con las administraciones departamentales –anterior y actual–, deberá posibilitar la “interlocución entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y las instituciones del Estado, para la gestión y seguimiento de acciones orientadas a la garantía de la labor de defensa de los derechos” en las nueve subregiones.

Según Verónica López Estrada, vocera de los defensores, la Mesa también tendrá que propiciar mayores niveles de articulación “entre los entes territoriales y la institucionalidad nacional”, con el fin de implementar estrategias y acciones que favorezcan la prevención de riesgos y la protección de los defensores en el desarrollo de su labor en las comunidades.

Para ello, constituirán un comité dinamizador que se reunirá cada dos meses. Aquel estará compuesto por delegados del Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobierno de Antioquia, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín y las organizaciones defensoras. Ellos gestionarán la adopción de medidas ante las instituciones responsables y harán seguimiento al funcionamiento del espacio.

Reconocimiento a su labor

Los defensores de derechos humanos son, a su vez, defensores de la democracia y la paz. Actúan en promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que están consagrados en la Constitución. También fomentan la construcción de paz y la justicia social. Por esas razones, afirmó Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, la labor de los defensores debe ser reconocida.

Y así lo exigió Verónica López Estrada, quien exhortó a la administración departamental –y particularmente al gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien no asistió a la reinstalación– a que se implementen “medidas administrativas y normativas” para el reconocimiento social de la labor que desarrollan como líderes y defensores en cada uno de sus territorios.

“Esperamos que pronto el gobernador haga un pronunciamiento público reconociendo nuestra labor”, dijo, y añadió que “además nos damos cuenta de que en los niveles administrativos los funcionarios y funcionarias no tienen tanto nivel de apropiación a nuestra labor; difícilmente nos reconocen, difícilmente nos facilitan el acceso a la información que nos permite seguir con nuestro trabajo de observación, denuncia y articulación con la institucionalidad”.

En ese sentido Luis Gómez Londoño, viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, les solicitó a los miembros de la Mesa que incluyan en el plan de trabajo un acto de reconocimiento a la labor de los defensores de derechos humanos de San José de Apartadó. Y propuso que aquel se realice en la última semana de febrero.

Los están asesinando

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Óscar Zapata, vocero de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Óscar Yesid Zapata, vocero del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), recordó que en 2016 se registraron 207 casos de agresiones contra defensores en Antioquia. Y que en lo corrido de este año han sido asesinados dos: José Yimer Cartagena, vicepresidente de la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), y Edmiro León Alzate, integrante del Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio en el Oriente Antioqueño (Movete).

En términos generales, adujo, las agresiones han sido cometidas por grupos sucesores del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Aquellos estarían copando territorios –algunos de ellos donde antes estaba la guerrilla de las Farc– en subregiones como el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Urabá, donde podrían tener vínculos con miembros de la Fuerza Pública, dueños de megaproyectos minero-energéticos, entre otros.

“Hemos hecho un mapeo de cuáles son las zonas donde está más álgido ese asunto, pero hasta el momento consideramos que las instituciones del Estado, las encargadas de brindarnos las garantías, no lo están tomando en cuenta”, enfatizó el defensor, quien teme que se repita otro genocidio de líderes sociales como el de la Unión Patriótica (UP).

Piden acciones concretas

Fernando Ibarra Ruiz, asesor de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, insistió en que es fundamental que los miembros de la Mesa establezcan un cronograma de trabajo con acciones concretas, para empezar a brindarles garantías a los defensores agredidos o en riesgo de serlo, investigar y sancionar a los responsables, hacerles seguimiento a las cifras sobre casos de agresiones y generar políticas públicas que sean parte de la solución.

Para el viceministro Luis Gómez Londoño, dicho plan de trabajo deberá incluir también la “reacción oportuna de los organismos competentes –y que son miembros permanentes de la Mesa–”, como  la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación y las seccionales regionales de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Por ahora, agregó Verónica López Estrada, la reinstalación de la Mesa constituye al menos el primer paso de construcción de confianza entre las organizaciones defensoras y la institucionalidad, sobre todo la regional encabezada por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, de la cual han demandado permanentemente un mayor compromiso político en cuanto a garantías para el desarrollo de la labor de promoción y defensa de los derechos humanos.

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