Luego de ser instalada la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), integrantes de organizaciones sociales y políticas –con presencia en Medellín– expresaron su respaldo al inicio de la fase pública de negociaciones entre las partes y su voluntad de participar en la construcción de una “paz completa”.

En efecto, manifestaron que este nuevo escenario de diálogo con la insurgencia del ELN, así como el que se desarrolló con las FARC–EP, hace parte de “un mismo proceso de paz” que aspira a ser completo, integral. Y que, para garantizar su continuidad, es necesario que la sociedad se involucre en la construcción de los acuerdos que posteriormente se implementarían en los territorios.

Dichos acuerdos estarán enmarcados en la agenda que las partes fijaron el 30 de marzo de 2016 en Caracas, Venezuela, luego de dos años de conversaciones exploratorias. Aquella consta de seis puntos de discusión: Participación de la sociedad en la construcción de paz, Democracia para la paz, Transformaciones para la paz, Víctimas, Fin del conflicto e Implementación.

Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del Gobierno, enfatizó que “la fase exploratoria quedó atrás”. Ahora, añadió, el objetivo de la Mesa es “suscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad”. La primera tarea para conseguirlo es conformar dos comisiones: una sobre participación social y otra de dinámicas y acciones humanitarias.

Participación, eje central de los diálogos

Las delegaciones establecieron, para el primer punto de la agenda de negociación, que la participación será un ejercicio “que permita construir una visión común de paz, que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”. En ese sentido, la sociedad tendrá el reto de plantear iniciativas y propuestas sobre los temas de la agenda, con la orientación de hacer viable la paz.

Atendiendo a esa expectativa, Daniel Pardo, vocero del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, comentó que esa organización tienen “una gran expectativa de que podamos avanzar en ejercicios de participación que no involucren solamente a los actores armados, sino que pueda habilitarse una participación protagónica desde sectores de la sociedad civil, que han vivido cotidianamente los conflictos armado, social y político en el país”.

Espacios de deliberación como asambleas locales y regionales, y encuentros de discusión sectorial, son algunos de los posibles “mecanismos” de participación a través de los cuales la sociedad podría “generar propuestas que puedan viabilizarse en el marco del diálogo”. Propuestas que, precisó el vocero, conduzcan no solo al fin de la guerra sino también a un ejercicio de democratización.

Al respecto, Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, acotó que las organizaciones tienen el reto de insistir en propuestas que ya han elaborado. “Tendremos que ver cómo ajustamos las propuestas que ya planteamos y que quedaron plasmadas en el acuerdo con las FARC; hacerle caer en cuenta a la Mesa con el ELN de la importancia de recoger esas iniciativas que ya están plasmadas en el anterior acuerdo”.

Además de participar en la discusión de los puntos de la agenda, los ciudadanos y las organizaciones sociales y políticas están llamadas a movilizarse en los escenarios públicos para defender esta negociación de las amenazas que, señaló Arboleda, representan otros actores –tanto políticos como armados– que se oponen a la consecución de la paz con la insurgencia e intentan deslegitimar el proceso.

“Pero así como necesitamos rodear la Mesa de Diálogos con el ELN, también necesitamos convencer a la sociedad de la importancia de la solución política y negociada del conflicto armado. Y ahí –exhortó– tenemos un desafío grande: hacer pedagogía desde ahora; no dejarla para el último momento como ocurrió con el acuerdo de paz con las FARC”.

Temas que requieren más discusión

Para los integrantes de las organizaciones sociales y políticas hay temas que no fueron abordados en los acuerdos con las FARC –o lo fueron pero no en profundidad–. Uno de ellos, que cobra importancia por las reivindicaciones que ha manifestado históricamente el ELN, es la relación tensa entre la explotación minero-energética y sus impactos ambientales.

Rodrigo Osorno, educador e investigador del Instituto Popular de Capacitación, señaló que ese es precisamente uno de los debates que están impulsando algunas comunidades que habitan en regiones donde empresas trasnacionales están explotando los recursos naturales no renovables. “Todo eso tiene que ver con una discusión mayor sobre el actual modelo de desarrollo económico y sus implicaciones”.

Otro tema que requiere ser conversado con celeridad en la Mesa, y sobre el cual Pardo llamó la atención, es el accionar de actores del conflicto armado en las ciudades. Esto, en palabras de Arboleda, conduce a preguntarse por “lo que significa la paz en los territorios urbanos” que ahora están siendo controlados por bandas criminales aliadas con el paramilitarismo.

Ambos coincidieron en su preocupación por el tema humanitario. Es decir, la necesidad de insistir durante las negociaciones en la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y eso, plantearon, apela directamente al desmonte de los grupos sucesores del paramilitarismo, que justo en este momento está expandiéndose y adquiriendo poder en las zonas donde estaban las FARC.

Por eso continúan registrándose nuevas víctimas que, como se repitió desde que se definió la agenda de negociaciones con la guerrilla de las FARC, deberían estar en el centro del proceso de paz. Aunque, según recordó Luz Elena Galeano, integrante de la Asociación Mujeres Caminando por la Verdad, “eso hasta el momento no lo hemos visto”.

Celeridad por posibles cambios

¿Será que las elecciones presidenciales de 2018 pondrán en riesgo la continuidad de la Mesa de Diálogos con el ELN? Esa es una de las inquietudes que han manifestado distintos analistas que reflexionan acerca de las implicaciones que pude llegar a tener el poco tiempo que le queda al gobierno de Juan Manuel Santos y la llegada de un nuevo mandatario que podría ser opositor al proceso de paz.

Ante ese panorama, han recomendado que haya celeridad en la aplicación de mecanismos humanitarios que permitan disminuir progresivamente la confrontación armada hasta llegar a un cese al fuego y de hostilidades. Llegar hasta ese punto sería un gesto innegable de paz para con Colombia; el país anfitrión, Ecuador; y los países garantes, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela.

Entre tanto, integrantes de organizaciones políticas siguen haciendo énfasis en rodear la Mesa como parte de un mismo proceso de paz que inició con la insurgencia de las FARC y ahora podría conducir a la desmovilización, desarme y reincorporación de aproximadamente 1.500 guerrilleros que actualmente están presentes en departamentos como Arauca, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Chocó.

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