Doña Lucía, por favor, necesitamos apoyo urgente. Le hablo de la vereda Lejanías. En este momento nos estamos desplazando con la comunidad de acá del caserío. Acaba de haber una detonación en la finca del señor César Orrego; presuntamente es hacia los equipos de minería, porque sabemos que es una zona de minería informal.
Quien hablaba era Olga Benítez, presidenta de la junta de acción comunal de Lejanías. A través de esa nota de voz, enviada por WhatsApp el jueves 2 de marzo luego del medio día, alertaba a la alcaldesa Lucía Carvajal sobre la situación. A la vez, la exhortaba a que reaccionara ante el operativo que estaba desarrollando la Fuerza Pública contra los mineros informales del sector.
“En este momento ya el Ejército está acordonando la zona. Tenemos personal uniformado de negro, no sabemos de qué institución serán. Nos estamos dirigiendo hacia allá a prestarle apoyo a la comunidad. Sabemos que son mineros, gente campesina. Por favor ayúdenos, ayúdenos por favor”, concluyó la nota en la cual la presidenta se escuchaba agitada, confundida.
Posteriormente, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) replicó el mensaje a modo de alerta urgente. Miembros de aquella organización, creada precisamente en Lejanías en el año 2004, también confirmaron el hecho y entregaron los primeros detalles de lo que ocurrió en esa vereda y en otra cercana: Ojos Claros.
Dijeron que aproximadamente desde la 1:00 p.m. notaron la presencia de cuatro helicópteros que sobrevolaban el sector. Luego, añadieron, hombres del Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación desembarcaron en la finca de Orrego. Algunos campesinos se dirigieron hasta allá, pero los uniformados les impidieron el ingreso al predio.
A las 2:00 p.m., según precisó Cahucopana, se reunieron más personas de la comunidad y constituyeron una comisión de verificación que también se desplazó hacia ese lugar. Iban a exigir respeto por los derechos de sus vecinos mineros –y su labor tradicional–, quienes están en proceso de formalización. Una detonación aumentó la zozobra y preocupación por el estado de quienes se hallaban en el predio.
Aun así, los militares se mantuvieron en su posición de impedirles el ingreso a la finca. De hecho, les advirtieron que si lo intentaban, ellos no responderían. Eso indicaron miembros del equipo de Cahucopana, quienes tienen presencia permanente en esas veredas, incluidas en el área de influencia de la Zona Veredal Transitoria donde se encuentran los guerrilleros del Bloque Magdalena Medio de las Farc-Ep.
Afecta la reintegración de los guerrilleros
Las comunidades materializaron su malestar por el operativo a través del bloqueo de la vía de acceso a Carrizal y, por ende, a la zona de concentración de los guerrilleros. Esta acción, informó el Bloque Magdalena Medio a través de su cuenta de Twitter, inició el lunes con un plantón al que ya se han sumado pobladores de al menos once veredas del sector y cuya duración sería indefinida.
La protesta pacífica de las comunidades tiene varios objetivos. Entre ellos está exigir el cese de los operativos contra los pequeños mineros y, en relación con ello, la liberación de los cuatro capturados y la reparación por los daños materiales ocasionados. Igualmente, solicitar que una comisión del Gobierno Nacional visite la vereda y escuche sus reclamos sobre temas como pequeña minería e inversión social.
Los guerrilleros tuitearon que la protesta interfiere con su proceso de reincorporación a la vida civil, porque “se suma como otra dificultad más para la culminación de las obras” de la Zona Veredal y “afecta el tránsito del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, así como el abastecimiento que se viene adelantando para cumplir con los protocolos y tiempos determinados para la dejación de armas”.
A pesar de esa reacción, las comunidades se sostienen en su posición de aportar a la construcción de “una paz completa”. En ese sentido, están dispuestos a formalizar su actividad minera, para lo cual cuentan, según la Alcaldesa, con el acompañamiento de la Administración Municipal. Ese proceso, reconocen todos, posibilitará la implementación de los Acuerdos de Paz que, confían, traerán desarrollo para esa región.
Mineros afectados adelantan proceso de formalización
Lejanías es una vereda de aproximadamente 115 viviendas y al menos 17 fincas, en las que habitan alrededor de 350 personas. Según los más viejos, el caserío se empezó a formar hace unos 20 años. Quienes fueron llegando, se dedicaron a la minería artesanal–informal como actividad económica principal. Y una historia similar habría llevado a la fundación de la vereda Ojos Claros.
Los presidentes de esas veredas, y otras doce del área de influencia de la Zona Veredal de Carrizal, se reunieron en esta el 24 de noviembre de 2016, para discutir sobre formalización minera. El encuentro fue promovido por la Alcaldía de Remedios y tuvo participación de funcionarios de la presencia de la Agencia Nacional de Minería, quienes se comprometieron a acompañar técnica y jurídicamente a los mineros en la formalización de su actividad.
Desde diciembre, acotó la Alcaldesa, ese acuerdo se empezó a concretar. Primero, identificaron 34 bocaminas dentro de la zona de reserva forestal correspondiente al municipio de Remedios, donde están las veredas Lejanías, Carrizal, Altos de Manila, Panamá Nueve, Piñal, El Carmen, Rancho Quemado, etc. Y, luego, avanzaron en la realización de censos. Hasta el jueves, 19 bocaminas habían pasado por ese proceso.
“Sin embargo –señaló Carvajal–, el día 22 de febrero fuimos convocados a una reunión por la Secretaría de Gobierno Departamental, en la que se nos informó que se iba a entrar a intervenir la minería informal en Remedios y Segovia”. En ese espacio, sostuvo el equipo de Cahucopana, también se reafirmó la intención de formalizar la pequeña minería en un plazo de seis meses.
Ese proceso estaba avanzando hasta el jueves 2 de marzo. Ese día llegaron, entre otros, integrantes de la Quinta Brigada del Ejército y la Fiscalía 70 de Medio Ambiente –ambas de Bucaramanga–. En Cahucopana reseñaron que esta fue “una operación contra lo que ellos [militares y policías] denominaron ‘minería ilegal’ y un ‘golpe a las finanzas del ELN’, que recibiría las comisiones de esta actividad”.
Ellos llegaron a las dos veredas y –hasta donde tiene conocimiento la mandataria– dinamitaron la maquinaria amarilla que encontraron. Tres retroexcavadoras: dos en Lejanías y una en Ojos Claros. Y quemaron dos dragones y siete dragas en Lejanías. Igualmente, me reportaron como seis dragas quemadas en Ojos Claros. Y detuvieron a cuatro personas que están en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Sobre tal operación, dijo que la Alcaldía no fue informada y, en esa medida, no hubo posibilidad de llegar a algún acuerdo con el Ministerio Público. “Después, me comuniqué con la Secretaría de Gobierno del Departamento y me manifestaron que el Ministerio de Defensa es autónomo y puede ingresar a la zona y hacer los operativos cuando lo considere conveniente”.
Precisamente en esa fecha, el 2 de marzo, la Alcaldía debía entregar una propuesta de plan de acción para la formalización de los mineros. En ésta estarían incluidas, entre otras, las condiciones que asumirían los mineros por los subcontratos de operación legal de las bocaminas. “Pero cuando estábamos trabajando en el plan, se presentó el operativo contra la minería informal en las dos veredas”.
Lo ocurrido representa un retroceso para la relación de confianza que se estaba construyendo con las comunidades. Así lo manifestó Carvajal, quien considera también que las autoridades “deben” respetar el trabajo que el Municipio está haciendo con los pequeños mineros. Ellos, comentó, están intentando acogerse a las normas para seguir ejerciendo, ahora organizadamente, su actividad ancestral.
Entre tanto, el Ejército Nacional confirmó que desde primera hora del lunes los operativos quedaron suspendidos. Y la Alcaldía está gestionando, para mañana, una visita de funcionarios del Ministerio de Minas y Medio Ambiente al sector donde se desarrolló la intervención militar. El objetivo es, en últimas, llegar a nuevos acuerdos para reafirmar la continuidad del proceso de formalización minera.
“Agredieron a mineros y campesinos”
A partir de información proporcionada por los pobladores de Lejanías y Ojos Claros, el Comité Territorial de Paz y Acompañamiento Humanitario del Nordeste Antioqueño elaboraron un comunicado público que fue difundido por el movimiento Marcha Patriótica. Ahí consignaron que los integrantes de la Fuerza Pública violaron derechos fundamentales de los mineros y campesinos; igualmente, que transgredieron el Derecho Internacional Humanitario.
Durante los hechos, reseñaron, fueron retenidas diez personas de la comunidad, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño de tres años, “para convertirlas en escudo humano, previniendo así un posible ataque del ELN, grupo guerrillero que opera en la zona”. Sumado a eso, en Ojos Claros detuvieron a cuatro mineros, quienes fueron judicializados posteriormente.
Además destruyeron retroexcavadoras y otras maquinarias que, anotaron, son necesarias para la labor y subsistencia de los pequeños mineros. Con ello, estarían “vulnerando el derecho al trabajo y la permanencia en el territorio”. Asimismo, allanaron “ilegalmente” viviendas de campesinos y mineros, de las cuales, dice el comunicado, habrían hurtado herramientas, joyas y oro, “afectando a aproximadamente 70 familias”.
Consultado al respecto, Esteban García, personero de Remedios, admitió que aún no ha visitado la zona por razones logísticas: “El lugar de los hechos está bastante alejado de la cabecera municipal y no tenemos medios para desplazarnos a la zona”. Aun así, ha intentado contactar directamente a las familias afectadas para conocer sus versiones de lo ocurrido, “pero no ha sido posible”.
Según constató con la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo y el Ejército Nacional, “el operativo se ordenó porque había una posible participación del ELN en actividades mineras ilícitas”. Y en su desarrollo, dijo el Personero, las autoridades “cumplieron todos los requisitos legales establecidos para ese tipo de procedimientos”. Aunque reprochó que no haya existido comunicación con el gobierno local.
“Cuando se van a realizar estos procedimientos, el Ministerio Público le informa a la Procuraduría Providencial o a la Personería. Pero en este caso, para el procedimiento y la destrucción de la maquinara que estaba en uso y la incautación de otra, la orden ni siquiera fue dada en el departamento. Lo hizo un juez que tenía competencia frente al tema y la zona, pero que no nos informó a ninguna de las autoridades locales”.
El personero expresó además su preocupación por el hecho de que el operativo se realizó dentro del área de influencia de la Zona Veredal de Carrizal. “Ese es un tema que se presta para que puedan haber malos entendidos e inconformidades, como por ejemplo la que están demostrando con el bloqueo las comunidades, que son uno de los actores esenciales del proceso de paz”.
