¡¿Que las consultas populares ambientales incentivan la minería ilegal?!

Foto: RDS Colombia
Por: Alexander Reina Otero, Magister en Estudios Políticos (colunmista invitado)

Ahora resulta que la causa de que se extienda la minería ilegal en el país es culpa de los cajamarcunos, que dijeron NO a la minería ejerciendo su derecho legítimo a decidir sobre el futuro de su territorio, tal como lo permite toda la arquitectura constitucional y legal de nuestro país. ¡Abrase visto tremendo exabrupto!

El Ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, fue el inventor de este argumento “rechimbo”, que rápidamente compraron los directores de los medios radiales masivos del país.

Se le olvida al célebre Ministro y a los medios que sirvieron de parlantes, que la minería ilegal no se extiende por culpa de la democracia, sino porque es un negocio tan o más rentable que la producción, procesamiento y exportación de la cocaína, como lo aseguran estudios de algunas organizaciones ambientales de talla internacional.

Grueso daño le hacen estas afirmaciones a la promesa fundacional de nuestro Estado, que con la aprobación de la Constitución de 1991, ofreció reconocer la participación ciudadana en los asuntos que le competen cuando estos atenten o tengan relación con su bienestar.

Contrario a deslegitimar y crear el ambiente propicio para hacerle conejo a la Consulta Popular de Cajamarca, acusándola de promotora de la minería ilegal, debería plantear acciones concretas para atacar este negocio, que atenta contra la seguridad nacional y ambiental del país.

Que no se olvide el brillante Ministro que la propia Procuraduría General de la Nación señaló en un informe que este negocio ilícito, no solo era responsabilidad de quienes lo promovían, sino de quienes, desde el Estado, entre ellos la cartera del Ministro Arce, son permisivos frente a esta acción delincuencial.

Según el diario El Tiempo, en su especial sobre minería ilegal, existen 6.330 puntos dedicados a la extracción ilegal de oro, y cerca de 200 mil hectáreas de ríos y zonas selváticas deterioradas por esta actividad ilícita. En consecuencia y aplicando el racionamiento vivaz del Ministro y sus áulicos, correspondería preguntarnos sobre ¿cuántas consultas populares tuvieron que suceder para llegar a tan dantesca situación ambiental?

Tanto los directores de los medios masivos, como los gobernantes de la nación, tendrán que irse acostumbrando a la nueva realidad que planteó la Corte Constitucional, que en sentencia de su organismo, hizo realidad el espíritu democrático y descentralizador de nuestra Constitución, al reconocer que las autoridades municipales y sus habitantes tienen voz en aquellas iniciativas que pretendan intervenir el suelo que habitan.

Caminar en dirección contraria es hacer metástasis en las causas que originaron el conflicto armado que hoy estamos conjurando, producto de esa concepción cultural “cachaca” que deslegitima todo aquello que no se encuentra en su órbita “civilizatoria”.

Alexander Reina Otero

alreina@hotmail.com